Inaceptable desprecio por el dinero de los asuncenos en la Municipalidad

No es nada nuevo que se dicten medidas populistas para ganar las simpatías de algún sector del electorado, pero pocas veces se ha llegado a la desfachatez en la que incurrió el intendente asunceno en funciones César Ojeda (ANR) –del mismo equipo que su antecesor Óscar “Nenecho” Rodríguez, e impuesto por este para reemplazarlo–, al pedir a la Junta Municipal una ampliación presupuestaria de 7.166 millones de guaraníes, con el propósito de comprar –mediante aumentos salariales– los votos de unos ocho mil funcionarios, contratados y jornaleros, según todo induce a pensar, ya que se está en época de crisis económica por un lado, y electoral por el otro. Los candidatos colorados le estarán muy agradecidos, pero no así los habitantes de una ciudad en estado de abandono.

No es nada nuevo que se dicten medidas populistas para ganar las simpatías de algún sector del electorado, pero pocas veces se ha llegado a la desfachatez en la que incurrió el intendente asunceno en funciones César Ojeda (ANR) –del mismo equipo que su antecesor Óscar “Nenecho” Rodríguez, e impuesto por este para reemplazarlo–, al pedir a la Junta Municipal una ampliación presupuestaria de 7.166 millones de guaraníes, con el propósito de comprar –mediante aumentos salariales– los votos de unos ocho mil funcionarios, contratados y jornaleros, según todo induce a pensar, ya que se está en época de crisis económica, por un lado, y electoral, por el otro. Los candidatos colorados que competirán en los comicios del 10 de octubre le estarán muy agradecidos, pero no así los habitantes de una ciudad en estado de abandono, por culpa de la corrupción, la negligencia y el exceso de “trabajadores” municipales, entre quienes se hallan numerosos operadores políticos.

La indignante solicitud fue presentada el 31 de julio, o sea, poco más de un mes después de que el Poder Ejecutivo haya dispuesto un reajuste del 4,4% de los sueldos y jornales “del sector privado, exclusivamente”. Vale apuntarlo para subrayar que la Intendencia pretende un aumento puro y duro, sin justificación alguna: solo faltaría que quiera hacer creer a los ediles y a los contribuyentes que el personal, que no estaría sobredimensionado, se ha vuelto de pronto mucho más trabajador, honesto y eficiente.

Debido a la crisis fiscal generada por la pandemia, la Ley de Consolidación Económica y Contención Social prohibió que los organismos estatales otorguen aumentos salariales, salvo a los docentes y al personal de blanco, pero la Municipalidad de Asunción aumentaría sus gastos rígidos, pese a que su recaudación tributaria disminuya por igual motivo.

Empero, la racionalidad política pesaría más que la irracionalidad financiera. En efecto, el intendente en funciones, que no competirá en los comicios, no cree que los electores castiguen el tráfico de votos a costa de la prestación de servicios, pero sí estima que la clientela presupuestívora retribuirá en las urnas la satisfacción de sus intereses monetarios. Parece claro que tiene una pobre opinión de la ciudadanía asuncena, como si estuviera integrada por necios. Siendo mayoría, los ediles colorados dejaron sin quorum la sesión extraordinaria del 16 de septiembre, quizá porque no se atrevieron a aparecer ante la opinión pública como unos vulgares mercaderes de la política. Conste que iban a ser aplaudidos por la turba asalariada que, en horario laboral, sí concurrió a la Junta Municipal, para terminar causando unos incidentes que deben ser castigados. La prepotencia de los angurrientos no debe quedar impune.

La Ley Orgánica Municipal dice que la modificación de las remuneraciones requiere, “en todos los casos”, la del Presupuesto, aprobada por la Junta Municipal. Sin dicha aprobación, el intendente ya había anunciado el aumento el 15 de septiembre a centenares de trabajadores sindicalizados, que bloquearon los accesos al Palacete Municipal y cortaron el tránsito. Empero, desistió de firmar una resolución a todas luces irregular, quizá ante la amenaza de ser penalmente denunciado por los delitos de lesión de confianza y malversación de fondos. También se abstuvo de promulgar otros dos proyectos de ampliación presupuestaria, no debatidos por los concejales en la sesión boicoteada: uno, por valor de 44.229.650.504 guaraníes, tiene que ver con la emisión de bonos municipales para “obras”, y otro, por valor de G. 4.500 millones, relacionado con la lucha contra la pandemia, aunque aún no se haya rendido cuentas de los gastos efectuados al respecto. Vito de plata dulce.

Ocurre cada año, pues los ingresos no llegan a cubrir los exorbitantes gastos de personal, que subirían aún más si el intendente y sus correligionarios se salieran con la suya. El mayor endeudamiento resultante afectaría el bolsillo de los contribuyentes de hoy y de mañana; empero, lo que se busca es incrementar las erogaciones, pues se quiere tener votos seguros a platazo limpio, a expensas de la inmoralidad y el deterioro de los servicios públicos que supondría.

El intendente no pudo esperar al menos a que se realicen los comicios, porque tenía y tiene el propósito, compartido por Nenecho Rodríquez, de que los beneficiarios vendan su voto. Abiertamente, el jefe de Gabinete de la Municipalidad asuncena, Wilfrido Cáceres, en el anuncio del aumento a los manifestantes, les pidió: “Aníke penderesarái Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez-gui” (No se olviden de Óscar “Nenecho” Rodríguez”). Mayor caradurez e impunidad, imposibles.

La Intendencia planteó ahora en sede judicial una “acción puramente declarativa” para que se diga que los tres pedidos de ampliación presupuestaria ya cuentan con una “sanción ficta” por el transcurso del tiempo y que, por tanto, las ordenanzas respectivas deben ser promulgadas por el intendente. En una acción concertada, el mismo día, con el voto de los colorados e incluso de algunos “opositores”, la Junta Municipal volvió a lavarse las manos, evitando tratar la cuestión. Todo indica que la mayoría de sus miembros teme malquistarse con los “trabajadores”, aunque ello suponga oponerse al interés ciudadano.

Es deseable que, por la salud moral de la nación, la corruptela pretendida provoque la condigna reacción de los electores decentes, que merecen vivir en una ciudad mejor, en la que la administración municipal cuide como es debido el dinero de los contribuyentes, sin convertirlo en moneda de cambio. En otros términos, que la jugarreta tenga un efecto contrario al pretendido, gracias al repudio de la mayoría insobornable.

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