Diversos ministerios y entes públicos ya han pedido hasta el momento a la Comisión Bicameral de Presupuesto incrementos de 300 millones de dólares en el gasto de 2022, sin considerar el aumento salarial que reclama el sector docente con poco disimulada anuencia del Ministerio de Educación, todo lo cual amenaza con echar por tierra el frágil programa de convergencia que se había diseñado para una paulatina recuperación del enorme esfuerzo fiscal que se hizo a causa de la pandemia. El responsable de esta situación tiene nombre y apellido: Mario Abdo Benítez, por no imponer orden y disciplina en su propio gabinete.
La Constitución Nacional del Paraguay establece en su artículo 226 que “el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República”. Es un poder unipersonal que solamente puede ser delegado temporalmente en el Vicepresidente por impedimento o ausencia. Los ministros son secretarios de Estado que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia pueden arrogarse tal facultad. Por lo tanto, el que ellos o funcionarios inferiores concurran individualmente a las cámaras para pedir partidas presupuestarias distintas a las solicitadas oficialmente por el Presidente constituye, además de una falta de respeto, un inadmisible acto de desautorización del Poder Ejecutivo, el único que tiene la potestad constitucional (artículo 216) de presentar anualmente al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto.
Esta práctica, tristemente común en Paraguay pero no por ello menos inconstitucional y deplorable, es un arraigado vicio que da origen a espurias componendas entre la clase política y altos funcionarios a costa de los contribuyentes y los intereses del país. Así se producen las consabidas transadas donde se aprueban más contrataciones clientelistas, más gastos innecesarios, más recursos para grupos partidarios y de presión, al margen de las verdaderas prioridades nacionales, a cambio de cuotas de poder, participación en la repartija y lealtades que nada tienen que ver con el funcionamiento orgánico del Gobierno al que esos funcionarios dicen pertenecer y responder.
Pero si esto es nefasto en general, lo es mucho más en la coyuntura actual, donde las cuentas nacionales están desbordadas, la sostenibilidad fiscal pende de un hilo y lo que queda por enfrentar en relación con la pandemia todavía es sumamente incierto.
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La envidiable posición que había conseguido Paraguay antes de la emergencia, gracias al crecimiento económico sostenido con relativa estabilidad de las casi dos décadas anteriores, ha dejado de existir. El déficit público se triplicó en 2020 al 6,2% del PIB, más de cuatro veces por encima del tope establecido en la ley de responsabilidad fiscal, y el endeudamiento trepó a más del 35% del PIB, superando largamente la barrera de lo que se considera prudente. Lastimosamente, la mayor parte de ese incremento exponencial de la deuda no se dio para dotar al país de infraestructura con la que apuntalar su desarrollo, sino para generalizados subsidios y para el mantenimiento del aparato estatal, con el solo fin de patear para adelante los efectos de la larga cuarentena, cuyos reales perjuicios aún no han terminado de aflorar.
El Estado en este momento es como una familia que tuvo que atravesar una imprevista y grave emergencia por enfermedad de uno o varios de sus miembros, lo que la obligó a endeudarse y a gastar muy por arriba de sus posibilidades. Como sabe cualquier ciudadano corriente, a menudo en carne propia, lo que corresponde en estos casos es someterse a un período de austeridad, reducir los gastos, despojarse de lo superfluo, ajustarse a la situación y guardar para lo más importante. Si, en cambio, hace como si nada hubiera pasado, y no solo eso, sino que se dispone a gastar más que antes, lo más probable es que la familia termine en la ruina.
De la misma manera, se acordó ir reduciendo el déficit al 4% del PIB este año, al 3% en 2022, al 2,5% en 2023, para volver al tope legal del 1,5% en 2024, ya durante el próximo Gobierno, aunque lo ideal habría sido hacerlo mucho antes. Si se aprueba un aumento a los docentes, a quienes se sumarán luego otros sectores del funcionariado, esas metas son una utopía. Y si encima el Presidente deja que cada quién “negocie” su presupuesto por su lado, ya sabemos qué nos depara el destino; basta mirar alrededor y ver en qué cayeron otros países de la región.
Hay gente que erróneamente cree que esto no le afectará. Nada más alejado de la realidad. El primer impacto se dará en la credibilidad y la confianza en el país por parte de inversores, tanto extranjeros como nacionales, que no querrán arriesgar sus capitales en un contexto volátil, y antes bien optarán por sacarlos del país, lo que se traducirá en menor crecimiento, menor generación de oportunidades y empleos, tanto formales como informales, y menor recaudación. El Estado no podrá compensarlo, porque, aunque a un alto costo, solo emplea al 9% de la población económicamente activa.
El segundo grave impacto será la inflación, que golpeará más duramente a los más pobres, porque provocará una directa desvalorización de sus de por sí bajos ingresos, especialmente en relación con los productos de la canasta básica de consumo, que son los más proclives a variaciones de precios.
Asimismo, habrá menos margen de maniobra para afrontar las áreas prioritarias. Por ejemplo, si bien la pandemia nos está dando una tregua, la verdad es que solo el 30% de la población está vacunada. Hay que prever recursos para completar la inmunización, comenzar con las terceras dosis y prepararse para una potencial nueva oleada de contagios.
La situación actual es muy delicada. Ojalá el Presidente de una vez por todas muestre algo de liderazgo y honre el compromiso que asumió con el pueblo de administrar el país con honestidad y responsabilidad.