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La deplorable circunstancia de que Óscar “Nenecho” Rodríguez haya ganado las elecciones no implica que pretenda olvidar que habría cometido los delitos de lesión de confianza y malversación, por los que días antes fue penalmente denunciado. La ciudadanía asuncena no le otorgó un indulto, de modo que aquí no hay borrón ni cuenta nueva que valgan. El inoperante Ministerio Público, que imputó a Patricia Samudio y a Édgar Melgarejo por corruptelas muy similares en perjuicio de Petróleos Paraguayos y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, respectivamente, debe actuar cuanto antes. Es cierto que al personaje de marras le ampara la constitucional presunción de inocencia, pero sería escandaloso que el 9 de noviembre asuma el cargo de intendente pesando sobre él tan fuertes indicios de que, en el marco de la lucha contra la pandemia, pagó sobreprecios por la compra de detergentes y saturómetros, al cabo de contrataciones directas ilícitas.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción ya debería llamarle a prestar una declaración indagatoria en la que dé explicaciones en su descargo. El 8 de octubre, la Contraloría General de la República pidió a la municipalidad un informe minucioso sobre los gastos realizados en ese contexto –el que debe ser presentado dentro de un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación, plazo que se cumple este viernes–, según la misma ley que le ordena denunciar a la Justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo todo delito que llegue a conocer en razón de sus funciones específicas. Es preciso que también este órgano se muestre diligente y que emita su dictamen cuanto antes, sin perjuicio de que el Ministerio Público actúe por propia iniciativa, dado que no es indispensable que la Contraloría se expida antes de que actúe un agente fiscal. Cabe insistir en la necesidad de la premura porque, entre otras cosas, un intendente electo debe tener la autoridad moral que también se requiere para ocupar el cargo: debe entrar por la puerta grande, sin que sobre él pesen muy fuertes sospechas de haber perpetrado algún hecho punible, más aún cuando habría delinquido en la misma función que volverá a ejercer.
En el caso de la compra sobrefacturada de mascarillas por parte de la Dinac, que estalló el 12 de abril de 2020, Édgar Melgarejo fue imputado dieciocho días después y sometido a arresto domiciliario el 26 de junio, de modo que cabe esperar que Óscar Rodríguez sea imputado a más tardar dentro de dos semanas, si el Ministerio Público halla motivos suficientes. Como este escándalo no parece más complejo que el antes referido, el agente fiscal podría tomar dicha medida con mayor celeridad, lo que permitiría incluso que se disponga su arresto domiciliario o su prisión preventiva antes del 9 de noviembre. Aún hay tiempo para impedir al agravio que supone el hecho de que un indiciado rija la capital del país. Su intendente no debe generar dudas razonables, por decir lo menos, acerca de su gestión anterior en el mismo cargo.
Atendiendo las evidencias publicadas, los contribuyentes no deberían cargar con el fundado temor de que su dinero sea de nuevo consumido por la codicia municipal. Aunque hasta esa fecha “solo” estuviera imputado, Nenecho debería renunciar a volver a un cargo que, según vestigios vehementes, deshonró durante una emergencia sanitaria. Ojalá le reste la pizca de dignidad que no tuvo Ulises Quintana cuando sufrió prisión preventiva. Valga la ocasión para señalar que los partidos políticos no se inmutan cuando uno de los suyos exhibe una inconducta en la función pública, como si el asunto no fuera de su incumbencia: hasta la fecha, la ANR no se ha pronunciado sobre los claros signos de desmanejos de su candidato en tiempos de pandemia, sino más bien le otorgó su respaldo para llegar a la Intendencia.
Desde luego, las ordenanzas deben ser cumplidas, aunque quien las ejecute carezca de la solvencia moral que se espera de un intendente. No solo para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia habría que gozar de la “notoria honorabilidad” que exige la Constitución. Se hace mucho más fácil cobrar tributos y administrar lo recaudado cuando el responsable tiene la confianza de la ciudadanía, avalada por unos antecedentes impecables. Si el intendente electo despertara dudas por su actuación anterior, los asuncenos tendrían muy buenos motivos para creer que corruptelas semejantes a la de esta nauseabunda historia habrán de repetirse durante los próximos cuatro años. No merecen tal suplicio y, por eso, también se aguarda que la Contraloría y, sobre todo, el Ministerio Público, obren con la celeridad debida, por la salud moral de la ciudad y por la vigencia efectiva del Código Penal.