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La multifacética empresa Engineering SA, de Juan Andrés Campos Cervera –más conocida como la “superproveedora” por acaparar contratos para la provisión de bienes y servicios al Estado en lo que va del actual Gobierno de Mario Abdo Benítez–, acaba de ser sancionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con la simple suspensión para contratar con el Estado por el término de 12 meses. Pero, cortada una cabeza, a la hidra de referencia le restan otras. Por ejemplo, por ahora, la conocida empresa Barrail Hermanos SA, cuya mayoría accionaria adquirió a través de la firma 3CCC SA creada en marzo de este año por María del Mar Cabello Manevy, esposa de Juan Andrés Campos Cervera y por el hermano de esta, Sebastián Fernando Cabello Manevy, es la nueva fachada con la que al parecer la cuestionada empresa proveedora de bienes y servicios al Estado se apresta a seguir haciendo de las suyas mientras tenga la bendición del Gobierno.
Nuestro diario ha llevado a conocimiento público profuso detalle de la operación comercial por medio de la cual el citado Campos Cervera ubicó como accionistas de la firma de referencia a su esposa, a su cuñado y a uno de sus gerentes, al parecer con la obvia intención de remediar la suspensión de su empresa Engineering SA, con la que hasta ahora ha venido lucrando con la gallina de los huevos de oro de la “Patria contratista”.
Lo que llama la atención es la benignidad con que ha sido sancionada esta empresa por el perjuicio ocasionado al fisco. Pese a que mediante pericia técnica se constató que en la construcción de la citada pasarela hubo estafa por sobrefacturación, la leve sanción de la DNCP omitió exigirle la reposición al fisco del monto indebidamente recargado al costo final de la obra. La más reciente confirmación de esta trágica realidad política prevaleciente en nuestro país y que es vergüenza ante los ojos del mundo es el hecho de que, a pesar de sus numerosos chanchullos en perjuicio de las arcas fiscales, el empresario de marras ha sido de nuevo favorecido por el poder político de turno con un jugoso contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la construcción del “Gran Hospital del Sur” en la ciudad de Encarnación, por un monto de US$ 30,7 millones, integrando el consorcio conformado por las empresas Sociedad Constructora Chaco, Barrail Hermanos SA (la nueva fachada de Engineering SA), EISA y Ricardo Díaz Martínez. Precisamente, el contrato correspondiente se firmó el sábado último en Encarnación.
La DNCP le ha aplicado a la firma “superproveedora” del Estado la ínfima sanción de prohibirle contratar con el Estado por apenas 12 meses, cuando debió haber sido por al menos 12 años, o una prohibición definitiva, como sucede en países con Estado de derecho. Aún más, cabe recordar que en enero de 2018 Engeneering ya fue sancionada, esa vez por Itaipú Binacional y con una suspensión de 60 meses, por una “acción de mala fe”, por haber presentado “documentos falsificados o adulterados”, según consta en los registros de la entidad.
La flagrante impunidad con que ha sido favorecida la empresa acaparadora de contratos es un botón de muestra de que en el Paraguay continúa habiendo delitos, pero no así delincuentes, como en los mejores tiempos de la dictadura stronista. No sorprende, entonces, que el mismo rápidamente haya arbitrado un cambio de fachada empresarial para continuar mamando campantemente de las tetas del Estado, como lo prueba la adjudicación del contrato para la construcción del gran hospital de Encarnación al consorcio del que forma parte la constructora Barrail Hermanos SA, accionariamente controlada en la actualidad por el propietario de Engineering SA y sus adláteres.
De hecho, este escándalo público es una minúscula punta del enorme iceberg de corrupción en que se ha convertido el Paraguay desde hace casi un decenio; un verdadero paraíso de la corrupción y de la impunidad, donde las instituciones responsables de garantizar el Estado de derecho han sido copadas por leales al poder de turno, con el resultado de una inoperancia de gestión gubernamental y de una inseguridad pública creciente de la que la ciudadanía está harta con justificada indignación. Este desalentador panorama nos obliga a una desapasionada y seria mirada al estado de cosas actual en nuestro país. Necesitamos desesperadamente una reacción ciudadana, pacífica pero firme y perseverante, contra el actual estado de cosas prevaleciente por inutilidad de un Gobierno que deja corromperse y tornarse inoperantes a sus agentes en todos los niveles. Verdaderamente, es hora de que el pueblo se pregunte, ¿hasta cuándo podremos seguir viviendo así, rodeados de inescrupulosos y aterrorizados por asaltantes y motochorros, y desconcertados por la inacción del Gobierno para poner fin a este agobiante estado de cosas?
En el pasado era lugar común que las democracias murieran a manos de un general autoritario que se perpetuaba en el poder. Esta vez, no es probable que el régimen de libertad –aunque no de verdadera democracia– del que disfrutamos desde hace más de una generación, muera a través de un golpe militar como en el pasado, sino más bien insidiosamente a través de un gradual deslizamiento al autoritarismo, como el ya intentado infructuosamente en su tiempo por el expresidente Horacio Cartes con la complicidad del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia, pero afortunadamente frustrado por la decidida reacción popular.
Con el constante avance de la corrupción y la inutilidad del Ministerio Público y de la Justicia, que premian a los delincuentes con la libertad o con penas irrisorias, el descontento popular irá en aumento, y no puede descartarse que eclosione en una reacción de imprevisibles consecuencias.