Autoridades inútiles o cómplices fogonean el crimen organizado

El cuádruple homicidio cometido en Pedro Juan Caballero muestra que el Estado no puede vencer al crimen organizado, porque está sumido en la corrupción más espantosa. El asombroso hecho de que las víctimas hayan sido acribilladas con balas de la Dimabel, dependiente del Comando de las Fuerzas Militares, ya bastaría para volver a advertir el grado de podredumbre del aparato estatal. A ello se agrega que el presunto autor intelectual, el narcotraficante Faustino Ramón Aguayo, estaba alojado en una celda “vip” de la cárcel pedrojuanina, a donde fue enviado para que pueda ser atendido por su médico particular. Un avión fue robado en Foz de Iguazú y con él otro en nuestro Chaco, pero no se puede hacerles seguimiento porque la Dinac carece de radares. Estos y otros acontecimientos muestran que, en buena medida, las fuerzas del orden público son meras espectadoras, y no solo por incapaces, sino también porque están contaminadas.

El cuádruple homicidio cometido en Pedro Juan Caballero muestra que el Estado no puede vencer al crimen organizado, porque está sumido en la corrupción más espantosa. El asombroso hecho de que las víctimas hayan sido acribilladas con balas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), dependiente del Comando de las Fuerzas Militares, ya bastaría para volver a advertir el grado de podredumbre del aparato estatal. A ello se agrega que el presunto autor intelectual, el narcotraficante Faustino Ramón Aguayo, estaba alojado en una celda “vip” de la cárcel pedrojuanina, con piso de porcelanato, que tenía una cama tipo sommier, un equipo de aire acondicionado y un televisor de alta gama con acceso a internet, entre otras amenidades. Tenía inclusive comodidades para una mujer y un niño que le visitaban. Prófugo desde 2019, el ocupante se presentó el último 27 de mayo ante el juez Mirko Valinotti, con asiento en Asunción, solicitándole ser trasladado al citado “reclusorio”, pues su médico tratante residiría en la capital del Amambay; el comprensivo juez aceptó su pedido, sin hacer verificar la veracidad del certificado médico, probablemente de contenido falso, o sea, delictivo. El agente fiscal Deny Yoon Pak, que había impulsado una orden de captura internacional contra el fugitivo, niega haber sido informado del hecho, en tanto que el juez afirma lo contrario, lo que grafica el triste desenvolvimiento de nuestra Justicia.

El Ministerio Público debe buscar la verdad en este sospechoso asunto, así como la concesión –probablemente nada gratuita– de las comodidades de las que gozaba Aguayo. Por de pronto, además de separar al director de Establecimientos Penitenciarios, Antonio Bazán, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ya dispuso intervenir y cerrar la penitenciaría, harta de la corrupción allí reinante. Un centenar de sus funcionarios ya habría estado sumariado antes de que estallara este nuevo escándalo, de lo que se deduce que no serían pocos los delincuentes disfrazados de guardiacárceles. El grave problema es que la mafia también controla otras prisiones: como están más que colmadas, habrá que levantar otras nuevas o ampliar las existentes, pero también combatir dentro de ellas al floreciente crimen organizado, que tiene en sus manos a gran parte de los reclusos y del personal penitenciario. Más aún, el Estado ya habría perdido el control de amplias zonas del Amambay: es vox populi que en 2016, tras la muerte violenta del “comerciante” Jorge Rafaat, que mantenía el “orden” en la frontera seca, se desató una guerra entre grupos mafiosos por el control del narcotráfico. Es probable que el cadáver hallado poco después del cuádruple asesinato sea el de uno de los autores, ultimado por una banda rival.

En buena medida, las fuerzas del orden público son meras espectadoras, y no solo por incapaces, sino también porque están contaminadas. En palabras del intendente pedrojuanino José Carlos Acevedo: “La Policía es corrupta; no te digo el 100%; el jefe viene para recaudar y pasa a retiro”. Reiteramos: son palabras nada menos que del jefe comunal.

En su opinión, al menos dos de los detenidos integran la facción liderada por Marcio Sánchez Giménez (Aguacate), el exjefe de sicarios de Rafaat que estaría siendo encubierto por agentes policiales. En otra derivación de este hediondo asunto que exhibe las ramificaciones delictuales en la estructura del Estado, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destituyó al jefe de la Dimabel, vicealmirante Pedro Rubén Vallejos, tras confirmarse que los proyectiles del atentado provenían de esa repartición. Por cierto, como algunos de los cartuchos recogidos en la escena del crimen llevaban la inscripción IM PY (Industrias Militares del Paraguay), también deberían ser investigadas las responsabilidades en esta dependencia. Y dado que la Dimabel e IMPY surten de municiones a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), no estaría mal que las pesquisas alcancen también a esta institución, para averiguar si sus agentes las trasladaban a los “soldados” de la mafia.

Habrá que depurar varias entidades. Para empezar, el Jefe de Estado debería preguntarse si el comandante de la Policía Nacional, Luis Ignacio Arias, y el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ya no están abusando de su paciencia y del estoicismo de la ciudadanía. A este último se le ocurrió aplicar una “estrategia de desarraigo”, lo que implica evitar, mediante traslados frecuentes, que los uniformados creen vínculos con el crimen organizado. Pero los corruptos no deben ser “desarraigados”, sino encarcelados. Como el país sufre de “comisionitis”, los jefes de policía habrían instalado en Pedro Juan Caballero una “mesa de crisis”, es decir, una comisión que, según la experiencia, terminaría sus funciones con más pena que gloria, dentro de un par de semanas, para que luego se repita la historia, porque la crisis de inseguridad es permanente, en todo el país.

Para sumar un capítulo más a este ya espeluznante panorama criminal, una avioneta fue robada en Foz de Iguazú a punta de pistola para ser traída al Paraguay, donde los ladrones se apropiaron de otra, en Loma Plata. Serían empleadas en el tráfico de drogas, pero resulta que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), según confesó su funcionario José Luis Chávez, solo puede monitorear “al que quiera dejarse controlar”, pues –la cantinela de siempre– no cuenta con radares primarios para detectar vuelos irregulares; tampoco sería capaz de vigilar las pistas de aterrizaje privadas. Todo indica que este país es el paraíso del crimen organizado: la corrupción en la fuerza pública provee de balas, los agentes fiscales o los jueces pueden ser benévolos con los “capos”, las cárceles son muy acogedoras para ellos y la Dinac carece de radares.

En suma, dado que esa lacra infesta todo el aparato estatal, no basta con sanear a fondo solo la Policía Nacional. En tal sentido, siempre cabe recordar las palabras del vicepresidente Hugo Velázquez: el crimen organizado se instaló en los tres Poderes del Estado. Bien lo sabrá él. Con un ministro del Interior y un jefe de Policía inútiles, y con un Ministerio Público y una Justicia complacientes o cómplices, el campo está abonado para el efecto.

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