Cualquiera sea el presupuesto que se termine aprobando en el Congreso para 2022, el Estado paraguayo se encamina a su décimo año consecutivo de déficit fiscal acumulativo, funesto proceso que se inició con el aumento salarial indiscriminado del 38% a los funcionarios públicos en 2012 y que no se detuvo nunca más. Durante un tiempo el déficit se mantuvo contenido dentro del tope del 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal, pero desde que se desbordó en 2019, en el primer año de mandato de Mario Abdo Benítez, se ha salido completamente de control. Los que crean que esto no tendrá consecuencias, o que no les afectará directamente, están muy equivocados.
En términos sencillos, la situación es similar a la de una familia que gasta más de lo que tiene, por encima de sus ingresos disponibles y eventuales. Podrá hacer malabarismos y aguantar durante un lapso determinado, pero si lo hace de manera sistemática, año tras año, llegará un momento en que tendrá demasiadas deudas, no podrá pagar las cuentas ni cubrir sus necesidades básicas. El resultado no puede ser otro que la ruina. Y si encima la mayor parte del dinero se va a gastos corrientes sin retorno, entonces ni siquiera tendrá activos suficientes para intentar recuperarse.
Paraguay había logrado una posición macroeconómica privilegiada a partir de mediados de la década del 2000, con cuentas nacionales superavitarias, alto crecimiento económico, baja inflación, predecible tipo de cambio, reducción de la pobreza, que pasó del 40,5% en 1997 al 23,5% en el período prepandemia, como también de la desigualdad, con una caída del coeficiente de Gini de 0,57 a 0,43, mejor que la media de América Latina (0,52).
Gracias a ello comenzó a llamar la atención de propios y extraños y a generar sana envidia en el exterior, donde se empezó a hablar de Paraguay en términos elogiosos, como un oasis de estabilidad en medio de una convulsionada región. Ello estimuló la inversión nacional y extranjera en diversos sectores de la economía real, comenzando por el agropecuario, pero también en el agroindustrial e industrial, en el área inmobiliaria, en servicios, con la consecuente creación de riqueza, innovación y fuentes de trabajo.
Lamentablemente, en vez de aprovechar las épocas de vacas gordas para realizar reformas estructurales que consoliden lo obtenido y eleven el potencial de crecimiento y el prospecto de desarrollo socioeconómico del país, los gobiernos y políticos de turno irresponsablemente decidieron tirar la casa por la ventana, repartir entre los amigos y operadores, con la parte del león para sí mismos, sin pensar en el mañana.
Después de una década de superávits, el déficit retornó en 2012 con el 1,2% del PIB, se repitió anualmente en torno a ese nivel hasta 2018, saltó al 2,7% del PIB en 2019, se disparó al 6,2% del PIB en 2020 con la crisis del covid, y este año cerrará en el orden del 4% del PIB. Supuestamente se había acordado un cronograma de convergencia para ir reduciéndolo al 2,7% del PIB en 2022, al 2% en 2023 y regresar al tope 1,5% en 2024, ya finalizado el actual mandato presidencial. Con el presupuesto de 2022 ese cronograma ya no se respetó y no hay razones para creer que se va a cumplir en pleno período electoral.
Al contrario, todo indica que tenderá a agravarse, por los nuevos aumentos indiscriminados a los docentes, que conforman un cuarto de todos los funcionarios públicos, sin evaluación de desempeño, como manda la ley, y sin tomar en cuenta la delicada coyuntura que atraviesa la economía nacional después de dos años de restricciones por la pandemia, y probablemente también al personal de blanco, sin considerar los múltiples incrementos encubiertos y bonificaciones extras en diversos entes.
El impacto de estos incrementos sobre las finanzas públicas es tremendo, no solamente porque eleva el gasto corriente rígido de manera permanente para remunerar a la plantilla activa, sino porque profundiza gravemente la crisis del ya insostenible sistema jubilatorio del sector público. Para tener una idea, según las proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, la Caja Fiscal tendrá un déficit de 3.000 millones de dólares en 2028, casi tres veces el total de las recaudaciones actuales del impuesto al valor agregado. Significa que el próximo Gobierno, sea quien sea que esté al frente, tendría que triplicar el IVA a los contribuyentes, del 10% al 30%, solamente para cubrir las jubilaciones de los funcionarios públicos.
A los políticos demagogos les encanta repartir el dinero ajeno (nunca el propio) y alegar supuestas razones “sociales”. Pero por muchos que sean los funcionarios públicos, componen solo el 10% de la población económicamente activa del Paraguay. ¿Quién defiende al otro 90%, que es el que tiene que pagar la cuenta?