Gracias a sus propios funcionarios, se confirmaron las peores sospechas que teníamos sobre el Ministerio Público de la República del Paraguay. Cuatro gremios que dicen representar a todo ser viviente que circula por la Fiscalía certificaron las más escandalosas presunciones ciudadanas. Ellos son el Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público del Paraguay (Sifetramipar), la Asociación de Sicólogos del Ministerio Público, la Asociación de Asistentes Fiscales y la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, que dijeron hablar en nombre de “contratados, nombrados, empleados, trabajadores, peritos, médicos forenses, sicólogos forenses, funcionarios técnicos de todas las ramas de la Ciencia, asistentes fiscales, secretarios, auxiliares, trabajadores sociales y agentes”, que entregaron un comunicado el jueves último a las 12:35 en la Fiscalía General. En apenas cuatro numerales y una conclusión masacraron las funciones que les son atribuidas por ley para representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, defender el patrimonio público y social, el del medio ambiente y de los pueblos indígenas.
Lo que ningún paraguayo en su sano juicio imaginó es que, teniendo una tropa de abogados y abogadas egresados de facultades de Derecho irían a dejar por ESCRITO abiertas violaciones de mandatos constitucionales. Lo más insólito, confirmaron también por escrito que, dependiendo del momento, del tema o de los actores involucrados, la Fiscalía abre exorbitantemente los ojos. Para casos que no son de su interés o no son apetitosos, mantiene los ojos bien cerrados.
Según el deplorable pronunciamiento, solicitaron por escrito a la fiscala general, Sandra Quiñónez, abandonar a la ciudadanía a su suerte durante la principal festividad religiosa del país, en Caacupé, y durante cualquier otro operativo que vaya a realizarse, porque, según dicen, cumplen su tarea en forma “solidaria”. Es decir, la Fiscalía es una especie de folclórico y caritativo Papá Noel paraguayo, que reparte por pura solidaridad su presencia entre los miembros de la comunidad a la que por ley debe representar. Su labor, por tanto, es una especie de maratón solidaria mezclada con compasión hacia quienes, casualmente, les pagan los salarios a quienes la integran. Desde la época del fiscal stronista Clotildo Jiménez Benítez, no se veía una desviación tan oprobiosa de la misión fiscal.
También dejaron por escrito que hay más de 200 funcionarios que pertenecen a la Fiscalía y que están comisionados en otras instituciones del Estado; dejaron bien asentado que algunas de estas personas están, inclusive, instaladas en el Congreso. Es decir, nadie mejor que ellos para confirmar que el Ministerio Público tiene recursos humanos prestando servicios y cobrando en cualquier otro lugar, menos donde fueron contratados o nombrados. Esta distorsión es un mal generalizado del funcionariado público, ya que el despilfarro no se da solo en metálico sino en capital humano: los recursos humanos entran por la puerta y salen por la ventana para ir a otras instituciones públicas en donde reciben además plus salariales. El ilustrativo comunicado confirma que dos centenares de hombres y mujeres que fueron contratados por la Fiscalía están en cualquier parte… menos en la Fiscalía.
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En el punto tres del comunicado trataron en forma implícita a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, de ser una mala administradora de la plantilla laboral del Ministerio Público. Sugirieron que la misma debe hacer una “reingeniería y reorganización”, tarea que cualquiera pensaría que es una obligación y obviedad como cabeza de la institución. Es decir, le pidieron hacer lo que parece no se está haciendo. Solicitaron concentrar sedes y zonas, ordenar gastos y necesidades financieras para centralizar funcionarios, sicólogos, médicos y fiscales en puntos críticos. Cualquiera diría que esto es el abecedario de toda organización pero, por lo visto, esto no pasa en la Fiscalía General del Estado.
El punto cuatro del comunicado es el más escandaloso y repugnante de todos. Dejaron por escrito que a partir de ahora –¡recién!– monitorearán los hechos de corrupción con fondos públicos. Habrase visto mayor desparpajo y caradurez confesar que en el universo de sus monitoreos, con una población que junta monedas para construir miserables fondos públicos para salud y educación, la Fiscalía no ha estado priorizando el mal uso de los recursos públicos. Esta debe ser la provocación más abierta del comunicado, confesar que ahora harán en forma excepcional lo que pensábamos que hacían como rutina.
Como derivación del párrafo, hasta el mejor pensado tiene derecho a concluir que hay una velada amenaza en aquello de que AHORA monitorearán el mal uso del dinero público. Se puede interpretar que los destinatarios de tal advertencia son quienes tienen poder sobre el presupuesto de la Fiscalía y están robando sin asco los fondos estatales, aquellos que casualmente se han salvado hasta hoy gracias a un Ministerio Público débil, complaciente, negligente y muchas veces corrupto.
Casualmente, quienes saquean el presupuesto del Estado son los que hasta hoy se han salvado. Todos sabemos dónde están, quiénes son y los ahijados de quiénes son: son los reyes del poder político aliado con el robo del dinero público del Paraguay. Nadie es tan rabiosamente ingenuo como para no entender que en realidad lo que dicen es que, ¡cuidado!, AHORA RECIÉN no perdonarán el mal manejo de las escuálidas finanzas de los ciudadanos. Y advierten a continuación que sus asociados deben denunciar toda injerencia política: ¿no es acaso un mandato constitucional evitar la injerencia? ¿No es acaso su misión y la razón de ser de su existencia hacer justicia sin aceptar injerencias? ¿Recién ahora denunciarán lo que estuvieron obligados siempre a evidenciar?
El comunicado que tomó estado público el jueves pasado se convierte en una de las páginas más negras de un deteriorado Ministerio Público. Hace rato la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez vive ausente de las desdichas ciudadanas, vegeta de espaldas al robo generalizado y permanece arrodillada ante el poder. De otra manera no se puede explicar la corrupción descontrolada, la impunidad rampante y la falta de condenas de responsables de altas traiciones y delitos contra la patria.
Esta vuelta se pasaron: han confirmado por escrito todas nuestras sospechas, para vergüenza de los sinvergüenzas y como fiel testimonio consumado de una decadencia que ya no ocultan. A confesión de parte...