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El ejemplar fallo del caso de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo, dictado unánimemente por el Tribunal de Sentencia presidido por Claudia Criscioni e integrado por Yolanda Morel y Yolanda Portillo, tuvo no solo la particularidad de apartarse de la habitual complacencia con los poderosos, sino también, a más de aplicar las penas a los procesados, la de conllevar una severa condena moral al Ministerio Público y al propio Poder Judicial. En efecto, fue un hecho inédito que las juezas hayan pedido disculpas a las víctimas del usurero mayor de la República, porque los organismos encargados de perseguir y condenar a los delincuentes llegaron al colmo de estar a su servicio: no solo le garantizaban la impunidad, sino también la conclusión exitosa de sus despiadadas extorsiones. Podría decirse que fungieron de cobradores del ahora condenado. Mucho habrá tenido que ver con la instrumentalización de agentes fiscales y de jueces indignos el hecho de que Óscar González Daher –condenado por tráfico de influencias– haya sido presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), porque ocurre que, aparte de la corrupción pura y dura, también la cobardía rige la conducta de no pocos miembros del Ministerio Público y de la judicatura.
El Tribunal hizo bien, pues, en pedir a la institución que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales que investigue a quienes incurrieron en la vileza de actuar como el brazo largo del voraz prestamista; más aún, advirtió al hoy condenado, con toda justicia, que también debe responder por el delito de haber presentado unas quinientas denuncias falsas por estafa, atacado solo por las querellas adhesivas; esta observación fue prontamente recogida por el agente fiscal Osmar Legal, quien no lo habría tenido en cuenta por una “cuestión de estrategia”. En palabras de la jueza Criscioni, “la Fiscalía tiene que hacer un análisis caso por caso, para ver y esclarecer qué es lo que pasó”. Y agregó que “en un Estado de Derecho, esto no debería haber ocurrido”, esto es, que el aparato fiscal y el judicial hayan venido actuando a las órdenes de quien tuvo la desfachatez de pedir al Tribunal la “clemencia” que jamás sintió por sus víctimas.
En verdad, muy raras veces se tiene la ocasión de constatar que no todo está perdido en la lucha por el Derecho, es decir, que aún hay jueces que no se someten al dinero ni al poder político. Un aire fresco que abre esperanzas.
El riguroso fallo referido, que tan buena acogida tuvo en la opinión pública, no habrá sido bien recibido por quienes, mediante el encubrimiento o el prevaricato, amparan el despojo de bienes públicos y privados, confiados en que el JEM haga la vista gorda. Con toda certeza, quienes lo dictaron no serán bien vistas por muchos de sus colegas, porque evidencia su ordinario mal desempeño, por decir lo menos. Salta a la luz el contraste con las intervenciones “normales” de la administración de Justicia, tan sumisa con los peces gordos de la delincuencia de guante blanco. Habrá que ver cómo reaccionarán estos ante semejante desviación de los usos y costumbres prevalecientes, para evitar que cunda el “mal ejemplo” que dieron las integrantes del jurado.
En todo caso, parece claro que las juezas Criscioni, Morel y Portillo tendrían que cuidarse de trampas, boicots o amenazas de diverso origen, previsibles en un ámbito en el que los favores recibidos se retribuyen y los denegados se castigan. De hecho, la primera de ellas, que en 2013 tuvo el honor de ser recusada como agente fiscal en la causa abierta a seis funcionarios de la Setama y a quince transportistas por el cobro irregular de subsidios, alguna experiencia tendría en cuanto a las consecuencias de una labor independiente; en tal sentido, llama la atención que este año no haya sido ternada por el Consejo de la Magistratura para convertirse en camarista, lo que hace temer que su promoción sea ahora más improbable que nunca.
Es deseable que la Corte Suprema de Justicia se mire en el espejo de esta sentencia, sobre todo porque sigue siendo la misma de siempre, pese a que sus nuevos miembros siempre juran sanear la judicatura, para terminar después decepcionando a quienes aún creen en la Justicia. Que este magnífico fallo les sirva de aliento en tan noble empeño y que las personas de bien se animen a querellar a los prepotentes que violen sus derechos. Por cierto, el hecho punible de la usura no solo afecta al prestatario, sino también a toda su familia e incluso a sus eventuales empleados, según se desprende de la penosa experiencia del Arq. Julio Mendoza Yampey: el miserable de marras le cobró un interés del 267% entre 2016 y 2018, lo que causó la paralización de su firma constructora y el despido masivo de sus trabajadores. Valga este dato, así como la sentencia en cuestión, para que los órganos competentes pongan la lupa sobre esta actividad delictiva, de la que suelen ser víctimas, entre tantos otros, los pequeños comerciantes.
Es preciso poner coto a la codicia desenfrenada de políticos y otras personas poderosas, que manipulan a fiscales y jueces para sus sucios intereses. Se debe aplicar la ley sin mirar a quién, tal como se ha hecho en este significativo caso, que ojalá sea el inicio de una larga primavera en la Administración de Justicia.