Cargando...
Nadie puede con los transportistas. Desde antaño, su fuerte vínculo con los políticos de turno, a cuya disposición ponen sus vehículos en épocas electorales, según se ha señalado reiteradamente, hace que este sector se salga con la suya en cuanta demanda o acción realiza. Así, siempre resultan airosos en sus solicitudes para conseguir o aumentar subsidios, o para alzar el precio de los pasajes tomando de rehenes a los usuarios con sus amenazas de paro, o para eludir sanciones cuando realizan sus odiosas “reguladas”. Ahora mismo, quienes deben utilizar sus servicios en horas nocturnas, deben soportar largas esperas en las paradas, en medio de la inseguridad reinante. Pero ninguna autoridad reacciona contra eso.
En nuestro país, el servicio de transporte urbano de pasajeros está sujeto a una reglamentación muy estricta en cuanto al itinerario, la tarifa, el horario y el estado de los vehículos, entre otras cuestiones estipuladas en el pliego de bases y condiciones de las licitaciones públicas convocadas para otorgar la concesión, por tiempos limitados, a las empresas que cubrirán un itinerario. Precisamente, la legislación prevé que el incumplimiento de las especificaciones del servicio, como la relativa a la frecuencia de la prestación de ese servicio público, sea sancionado con multas aplicadas a los dueños de vehículos por el Viceministerio de Transporte, actualmente a cargo del Ing. Víctor Sánchez. Es más, la infracción grave puede conllevar que se ponga fin a la concesión.
El problema es que, como afirmamos, para mal de los usuarios del área metropolitana de Asunción, las minuciosas estipulaciones son violadas impunemente por unos “empresarios” que no dudan, por ejemplo, en recurrir al chantaje para imponer sus pretensiones relativas al subsidio, cobrado no pocas veces en forma fraudulenta; la maniobra ilícita suele resultar exitosa, según lo demuestra el último “reajuste” en la materia, dispuesto por el Poder Ejecutivo a costa de los contribuyentes de todo el país. A las normativas en vigor, regularmente ignoradas, se sumó en agosto la que “cancela la licencia, el itinerario y el subsidio a empresas del transporte público, infractoras de la ley”, como si dicha sanción nunca hubiera estado prevista; lo novedoso, en este caso, es que se castiga expresamente, con hasta cinco años de cárcel o con multa, el hecho de extorsionar al Estado en el marco de la prestación del servicio. Hasta hoy, nadie ha sido imputado por haber cometido una “regulada”, siendo presumible que con esta ley ocurra lo de siempre, esto es, que su vigencia efectiva se reduzca al papel en que está escrita. Nadie puede con los poderosos empresarios del transporte.
Lo cierto es que la reducción de las frecuencias y del horario sigue siendo notoria, sobre todo al mediodía y en horas de la noche, de lo que se deduce que ningún efecto disuasorio tuvo la multa de 44 millones de guaraníes aplicada en octubre por la Secretaría de Defensa del Consumidor, encabezada por Juan Marcelo Estigarribia, a cada una de las 17 empresas del transporte público de pasajeros investigadas por sus funcionarios. Reaccionó así ante las centenares de denuncias hechas en las redes sociales y de los medios de prensa, en tanto que ni el Viceministerio de Transporte, encargado de hacer cumplir la Ley Nº 1590/00, ni el Ministerio Público, que debe perseguir a quienes delinquen, estimaron oportuno hacer algo en tal sentido. Por cierto, la experiencia enseña que, siendo al menos tres los organismos competentes en esta cuestión, es muy probable que, como siempre, cada uno de ellos se cruce de brazos, esperando que los demás hagan el trabajo.
Entretanto, los usuarios se siguen aglomerando en las paradas y en los buses, poniendo en riesgo su salud en tiempos de pandemia, además de estar a merced de motochorros y otros asaltantes, algo que a los “transportistas” les importa un bledo, lo mismo que el hecho de que sus víctimas deben asistir puntualmente a sus lugares de trabajo.
Los concesionarios de un servicio público deben prestarlo en forma continuada, por responder a una necesidad general, de acuerdo a las cláusulas contractuales: no pueden interrumpirlo cuando se les antoje, so pena de ser sancionados. Eso lo saben los empresarios del transporte, pero no les preocupa en absoluto. La insensibilidad de estos señores resulta indignante: en el mejor de los casos, son unos negligentes que no se inmutan ante las penurias que causan cada día a unos clientes que no tienen la opción de recurrir a un mejor servicio. Dado que no compiten entre sí, sus verdugos no se esmeran en tener vehículos confortables que circulen con la regularidad fijada en el contrato de concesión, de cuya observancia apenas se ocupa el Viceministerio de Transporte: está bien que haya lanzado con la Policía Nacional una campaña para que las paradas tengan mayor dotación policial, sobre todo en horas de la noche, pero también debería hacer algo para que la gente no se vea forzada a permanecer allí durante largo tiempo. Mientras las leyes y los reglamentos no sean aplicados con la presteza y el rigor debidos, el traslado en el área metropolitana de Asunción seguirá al arbitrio de unos desalmados que someten a los usuarios a vejaciones reiteradas.
No faltan leyes ni órganos, sino la “voluntad política” de ponerles coto a los abusos. Por si fuera poco, hasta existe una Defensoría del Pueblo, entre cuyas funciones figura la “canalización de los reclamos populares”. Sin duda, uno de los más insistentes, en la capital del país y sus alrededores, tiene que ver con el calamitoso transporte público de pasajeros. Se espera que el reelecto Miguel Godoy se ocupe alguna vez de los sufridos usuarios. Es preciso, en fin, que estos se movilicen en defensa propia para que los socios del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) se abstengan de agredirlos, una y otra vez, ante la indolencia de las autoridades competentes: tienen que hacerse sentir, con la energía suficiente, por una causa de lo más justa.