Las supuestas peleas coloradas son nada más para saber quién se queda con la mejor tajada

“Impudicia” es el término tal vez más adecuado para describir la actitud que tomaron, en la Cámara de Diputados, 42 diputados colorados que negaron al pueblo paraguayo el derecho a controlar, por la vía de la intervención de la Gobernación del Departamento Central, los desórdenes administrativos del gobernador Hugo Javier González (ANR, cartista), ya constatados por la Contraloría General, por la Subsecretaría de Tributación e investigados por el Ministerio Público. Cartistas y abdistas confirmaron, una vez más, que a la hora de proteger irregularidades son todos uno, como desde luego sostienen en su lamentable lema electoral.

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“Impudicia” es el término tal vez más adecuado para describir la actitud que tomaron, en la Cámara de Diputados, 42 diputados colorados y seis diputados llanistas que estuvieron ausentes y que negaron al pueblo paraguayo el derecho a controlar, por la vía de la intervención de la Gobernación del Departamento Central, los desórdenes administrativos del gobernador Hugo Javier González (ANR, cartista), ya constatados por la Contraloría General, por la Subsecretaría de Tributación e investigados por el Ministerio Público.

La intervención es un instituto de rango constitucional establecido en el artículo 165 de la Ley Fundamental para revisar irregularidades en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría, que puede dar lugar, si se constatan, a la convocatoria de nuevas elecciones para que el pueblo pueda darse mejores administradores.

No solamente es impúdica la actitud de los diputados mencionados al principio de negar al pueblo el derecho de controlar, sino lo son también las razones que arguyeron para impedirlo.

“Las obras están” repitieron en defensa del gobernador, como si las obras no pudieran esconder sobrefacturaciones o doble facturación, o como si estos artilugios de los ladrones públicos no fueran la constante en nuestro país.

Supongamos que las obras están: ¿Por qué no revisar si costaron lo que el gobernador dice que costaron? ¿Por qué no estudiar si facturó obras ya existentes? ¿Por qué no indagar qué necesidad había de usar facturas irregulares en obras supuestamente bien realizadas? ¿Por qué no estudiar si en la concesión de las obras hubo información o trato privilegiado ya que se evadieron las normas de Contrataciones Públicas? De esto se trata la intervención frustrada.

No hay razón legítima alguna por la que pudiera privarse al pueblo de las respuestas a esas y a muchas otras preguntas. Sin embargo, la remanida frase “las obras están” justificó el voto de los cuarenta y dos colorados y la ausencia de los seis llanistas.

Estos llanistas no merecen mayor comentario. Ya explicó Horacio Cartes que ellos le son más fiables que sus propios correligionarios.

Pero a los que todavía creen en la teatralizada pelea entre las facciones cartista y abdista del coloradismo, la votación en Diputados sobre Hugo Javier debe haberles causado gran confusión, pues los últimos acusan a los primeros de todo lo peor que puede decirse de alguien, pero no dudan en abrazarse a ellos a la hora de hacer realidad el apaño a la deshonestidad.

Cartistas y abdistas confirmaron, una vez más, que a la hora de proteger irregularidades son todos uno, como desde luego sostienen en su lamentable lema electoral.

Son uno para encubrir a los peores, son uno para defender a sinvergüenzas, son uno para dificultar la transparencia. Triste destino el de la ANR, completamente controlada por dos facciones que se mofan de la moral pública y que han normalizado la perversa idea de que no importa ser bandido si se es colorado, pues estas facciones le garantizarán impunidad.

Hay que decir que estas facciones que dirigen ahora a la ANR han tocado fondo en la degradación ética, que no se puede llegar a un lugar más fétido, más repelente, más oscuro al que ellas han llegado.

Estas consideraciones no son retórica hueca. El resultado del hundimiento moral son millones de dólares sustraídos al pueblo. Hugo Javier incurrió en actos irregulares en el mismísimo momento en que estaban muriendo más de dieciséis mil compatriotas. Una parte de las irregularidades fue cometida con fondos destinados a aliviar esa tremenda tragedia, pero ni siquiera eso les importa.

Ningún administrador del dinero del pueblo tiene derecho a incurrir en irregularidades en ninguna circunstancia. Pero en la circunstancia de la pandemia, las irregularidades son más que eso, son un crimen, pues nuestro país no puede darse el lujo de desperdiciar sus escasos recursos en el enriquecimiento de inmorales.

Es perentorio corregir el rumbo, pero el país debe saber que los que se benefician de este camino nefasto no tienen interés alguno en hacerlo. Las escenificadas peleas entre facciones coloradas, en el dudoso supuesto de ser reales, lo son solamente para dirimir quién controla los negociados y no para acabar con ellos. Estas facciones son más de lo mismo, gane quien gane.

De eso se trata, al fin y al cabo, la impúdica “operación cicatriz”; “es mejor que nos peleemos en el Gobierno”, dicen confesando abiertamente que son negociados lo que les mueven y que los padecimientos del pueblo paraguayo no son su prioridad.

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