Siguen vigentes los tentáculos de los González Daher en la Justicia

El hoy fallecido senador Óscar González Daher (ANR, cartista), condenado a penas de cárcel por varios delitos, siguió mandando hasta su muerte y dirigiendo la política en su ciudad natal, además de ejercer influencias en algunas instituciones como la Dinac. Su hermano Ramón, condenado a quince años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, sigue también demostrando su poder, tal como lo demuestran algunos fallos favorables que sorprenden a la propia fiscalía. Se pone de manifiesto así que, si bien ambos sufrieron algunos golpes inevitables por parte de la Justicia, el clan continúa manteniendo un gran poder sobre gran parte de la misma.

Por haber incurrido en tráfico de influencias desde la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher (ANR, cartista) –hoy fallecido– fue expulsado en su momento de la Cámara Alta; más tarde, la presión ciudadana le forzó a renunciar a la banca recuperada en 2018 y un Tribunal de Sentencia lo condenó a dos años de cárcel por el referido delito, en tanto que otro le impuso siete años de privación de libertad por los de enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Con él fue condenado también a una pena más leve su hijo Óscar González Chaves. Pese a todo, el poderoso hombre fuerte luqueño siguió mandando y dirigiendo la política en su ciudad natal y ejerciendo influencias en algunas instituciones como la Dinac. Y, como si fuera poco, una funcionaria del Congreso, María Laura Miers Espínola, actuaba como su secretaria privada y hacía oficina en su domicilio, hasta que estalló el escándalo.

La otra cabeza del clan, Ramón González Daher, fue condenado a quince años de prisión por los hechos punibles de usura, lavado de dinero y denuncia falsa (su hijo Fernando González Karjallo recibió una pena más leve). Pero días después salió a la luz un diálogo telefónico posterior con una mujer de quien se presume es esposa del prófugo Luis Arza, presunta cabeza de una millonaria estafa mediante un esquema piramidal, y quien sería “socio comercial” del usurero a quien le adeudaría diez millones de dólares. Según la citada mujer, este le habría dicho a su marido que “terminaría como Mauri Schwartzmann”, un empresario ultimado por sicarios frente a su domicilio en el barrio Jara.

Evidentemente, el extraordinario fallo condenatorio no atenuó su prepotencia ni parece haber eliminado el poder que ha venido ejerciendo en la judicatura para perpetrar sus indignantes fechorías, tanto que las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo tuvieron que disculparse ante sus víctimas y pedir al Ministerio Público que investigue a quienes tuvieron la ruindad de actuar al servicio de semejante canalla. También señalaron que el condenado presentó alrededor de quinientas denuncias falsas por estafa, no consideradas por el agente fiscal Osmar Legal por una “cuestión de estrategia”. Y bien, como uno de los agraviados –Salvador Aquino– ya había tomado la iniciativa de contraatacar en 2020, el 14 de enero último, la agente fiscal Sandra Ledesma imputó a González Daher por denuncia falsa y dispuso su detención, dado el peligro de fuga. Sin embargo, el mismo día, el juez luqueño en lo civil Enrique Sanabria, reemplazando a la jueza en lo penal Jennifer Insfrán en contra de una Acordada de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la libertad ambulatoria del imputado y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. El repudiable “prestamista” se abstuvo de declarar ante el Ministerio Público que, por su parte, había recusado al juez cuya amistad con el también exdirigente de fútbol es de pública notoriedad, tal como lo indicó la propia fiscal. Esta afirmó encontrarse sorprendida, pues “nunca se dio este caso, con ningún detenido (...), pero como que todo se espera de repente en Luque...”, feudo del clan. Como si todo esto fuera poco, su cuenta habría sido bloqueada para impedirle ingresar en el sistema informático de gestión de expedientes con el fin de apelar la aberrante resolución del “estresado” juez Sanabria.

De esta forma, tanto lo que ocurría con el fallecido exsenador como lo que viene ocurriendo con el usurero, ponen de manifiesto que, si bien ambos sufrieron algunos golpes inevitables por parte de la Justicia, el clan continúa manteniendo un gran poder sobre gran parte de la misma. Es un baldón de ignominia para fiscales, jueces y la misma Corte Suprema de Justicia, en cuyas narices se perpetran perversas maniobras para favorecer a los poderosos. En efecto, hasta ahora, la máxima autoridad judicial aún no ha estimado oportuno ordenar la auditoría de la causa ni, en particular, la investigación del referido sabotaje informático, por supuesto, para beneficio de los integrantes del clan luqueño.

Aunque sea pedir peras al olmo, se impone hacer que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) intervenga cuanto antes para al menos tratar de disipar la impresión de que el doble apellido González Daher sigue manejando la judicatura, pese a la sentencia condenatoria contra el hermano superviviente. Que jueces y agentes fiscales hayan actuado a sus órdenes para facilitarle la comisión de un delito tan odioso, según afirmó un Tribunal de Sentencia, constituye uno de los capítulos más vergonzosos de la deplorable historia contemporánea del Poder Judicial y del Ministerio Público. El hecho de que su degradación haya llegado a tal extremo revela el completo fracaso del Consejo de la Magistratura y del JEM, creados en 1992 para contar con jueces y agentes fiscales idóneos, diligentes y honestos, sometidos solo a la ley. Por su parte, los repugnantes audios de Ramón González Daher, de los que se desprenden la comisión de un delito y la velada amenaza de un asesinato, muestran cuán necesario es que la sociedad civil sea mucho más firme, tanto para repudiar a los bandidos de guante blanco que se burlan de la ley como también a los fiscales, jueces y magistrados que abdican de su deber de impartir justicia y se arrodillan ante los poderosos.

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