El diccionario enseña que “politiquear” significa tratar la política con ligereza o, como americanismo, hacer una de intrigas y bajezas. Ambas acepciones son plenamente aplicables a la odiosa práctica que “tiene secuestrado a nuestro amado Paraguay”, como bien lo han dicho las hijas del exvicepresidente de la República Óscar Denis, al cumplirse la semana pasada 500 días de su cautiverio, hoy casi tan olvidado como los otros compatriotas también llevados por los facinerosos, el policía Edelio Morínigo y el ganadero Félix Urbieta. El primero desde el 5 de julio de 2014 y el segundo desde el 12 de octubre de 2016.
La politiquería, como la que está inficionando todo en nuestro país, mal puede ocuparse de los dramas personales y familiares derivados de tales crímenes, ni de los efectos socioeconómicos de la inseguridad reinante en el norte de la Región Oriental. Sus actores no tienen tiempo ni ganas de interesarse en cómo contribuir, desde los tres poderes del Estado, a que las víctimas sean liberadas y los bárbaros derrotados.
Al afirmar que los gobernantes “solo se concentran en sus rencillas”, Beatriz, Silvana y Lorena Denis apuntan al feroz internismo que afecta, sobre todo, a los partidos tradicionales. Los encarnizados internismos, que en la ANR ha de concluir de nuevo en el proverbial “abrazo republicano” entre los supuestos acérrimos enemigos para repartirse “el poder y la gloria” –por no decir los recursos– de este país, ya han contaminado las instituciones y acaparado la atención de las autoridades. Para peor, las querellas intestinas resultantes del mero apetito de poder se trasladan a los órganos del Estado, como volvió a evidenciarse cuando los diputados cartistas dejaron recientemente sin quorum una sesión en la que debía tratarse la prórroga de la emergencia sanitaria, de la que dependía la llegada de vacunas pediátricas contra el coronavirus. Semejante canallada, en presunta venganza por la difusión de un pedido de informes de una agente fiscal panameña con relación a Horacio Cartes, ilustraría que “los politiqueros, al igual que el EPP, ponen precio político a la vida de sus compatriotas, incluso de niños”, al decir de las hermanas Denis. En el PLRA, el principal de la oposición, las cosas no son mejores y las rencillas de bajo nivel también están a la orden del día.
En verdad, es cuestionable que la ANR y el PLRA sean partidos, si por ellos deben entenderse asociaciones de personas que, conforme a una ideología y a un programa, comparten unos mismos intereses, principios, valores u objetivos: más allá del color y de la polca, allí solo hay intereses y objetivos compartidos por la dirigencia y que se resumen, con las debidas excepciones, en la conquista de un espacio de poder, traducible en ingresos oficiales a costa del contribuyente y en extraoficiales a costa de la ley.
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Como la encarnizada lucha ya desatada de cara a 2023 será cada vez más intensa, es muy probable que el doliente mensaje de las hijas del exvicepresidente sea desoído por quienes carecen del sentido de humanidad y del de Estado. Si no les conmueve su tormento ni el de su padre, tampoco les inquieta la notoria ineficacia de quienes deben combatir a la banda criminal sobre el terreno; se dedican, más bien, a avanzar a codazos para luego, con el decisivo apoyo del líder de su facción, ocupar un lugar en la lista de candidatos, que les permita gozar de las mieles del Presupuesto nacional. Ese es el objetivo supremo. No les quita el sueño de que la Fuerza de Tarea Conjunta sea incapaz de hallar a los secuestrados ni que carezca de avances la investigación abierta por el Ministerio Público en el caso del exvicepresidente. Estas cosas son minucias frente a lo que los políticos tienen en perspectiva: la conquista del poder, con todas sus ventajas.
Las hijas del secuestrado hicieron lo correcto al criticar la “abierta indiferencia de nuestros gobernantes” y al hacer el llamado de que el cautiverio no caiga en el olvido: “Hoy estamos aquí para recordar que hace 500 días secuestraron a nuestro padre”, dijeron. El recordatorio es oportuno, ya que ese desinterés, sumado al ominoso silencio de los criminales, agrava la angustia diaria de los familiares de los tres secuestrados y afecta la memoria de la sociedad. Que la pandemia y los sucesivos escándalos atraigan la atención pública no exime del deber moral de tener presente que hay compatriotas que están sufriendo en manos de unos desalmados.
Es inadmisible convivir con el crimen, o sea, que se estime normal que, desde hace años, haya personas privadas de su libertad por obra y gracia de unos malhechores que se las dan de revolucionarios. Ni a ellos ni a “nuestros líderes que ponen la politiquería por encima de la vida de los secuestrados”, según las hermanas, hay que darles el gusto de olvidar a las víctimas, porque de lo contrario habrán ganado. Es lo que cabe esperar de una ciudadanía que se compadece de las desgracias ajenas y condena a sus causantes por acción u omisión.
El mensaje referido exige, en fin, que “el Estado tome en serio el combate a los criminales y asegure que vuelvan los tres”. Debe intentarlo en el marco de la ley, aunque los politicastros tengan otras prioridades que son de orden personal, dicho sea sin ignorar que también se ocupan del vestuario de la reina consorte de España o de las desventuras de un tenista serbio en Australia. Esta es la triste realidad que sufre el Paraguay, que la ciudadanía debe prepararse para cambiar en las próximas elecciones.