Lo ocurrido en San Bernardino el último fin de semana confirma lo que todos sabían y que se viene denunciando desde hace mucho tiempo: la tremenda ineficiencia de las fuerzas de seguridad, la corrupción que impera en su seno, unas autoridades que no despiertan ninguna credibilidad porque ya demostraron sobradamente su inutilidad y, finalmente, el gran responsable: el presidente Mario Abdo Benítez, que permite la continuación del lamentable estado de cosas. Sus declaraciones formuladas ayer fueron lamentables, pues reiteró que las instituciones del Estado son permeables, que el sicariato tiene larga vida porque “emergen nuevos líderes”, y que la lucha “no tiene fecha de vencimiento”. No dejó nada para el optimismo sino todo lo contrario, genera preocupación.
Parece que Marito olvida que la función primordial del Estado es preservar la vida, la libertad y los bienes de las personas: debe impedir que reine la barbarie, ejerciendo el monopolio de la fuerza legítima, en el marco de la ley. Resultaría inútil si no brindara seguridad a la población, mediante unos órganos especializados entre los que figuran, en nuestro país, el Ministerio del Interior, presidido por Arnaldo Giuzzio, y la Policía Nacional (PN), a cargo del comisario general Luis Arias, que dependen de él.
Y bien, a esta altura de la serie de trágicos sucesos que vienen acaeciendo, resulta cada vez más evidente que esas instituciones han fracasado en el cumplimiento de sus tareas específicas. Ya no se trata solo de que proliferen los motoasaltantes o los atracos a mano armada, sino de que también las actividades del crimen organizado se han vuelto cotidianas, según se desprende de que sus sicarios hayan perpetrado en enero nada menos que 28 hechos sangrientos.
Los asesinatos simultáneos cometidos el 30 en el anfiteatro de San Bernardino y en una compañía de Ypané, en el marco de una larga guerra desatada en torno al control del narcotráfico, muestran hasta qué punto ha llegado la ineficacia de los responsables de la seguridad interna. En el primer caso, el ministro Giuzzio y, como es presumible, el comandante Arias, estaban enterados de que unos “fronterizos” habían llegado a la ciudad veraniega, pero no hicieron nada para contrarrestarlos, consumándose así el trágico episodio que ocasionó dos personas muertas y cinco heridas.
Luego se supo que ya existía una orden de captura internacional contra uno de los heridos –José Luis Bogado Quevedo– y que el suboficial inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza ¡había borrado el oficio judicial del sistema informático! Lo habría hecho “sin querer”, pero es mucho más probable que haya sido sobornado, como lo fueron los funcionarios policiales que habían prestado servicios al famoso prófugo argentino Ibar Pérez Corradi para conseguir documentos paraguayos y vivir tranquilamente en nuestro país entre 2012 y 2016, cuando fue detenido. Este punto, el de la corrupción desaforada en la PN, es una de las principales causas de la tremenda inseguridad reinante, pero ocurre que sus comandantes –incluyendo al actual– poco o nada hacen para combatirla, tan es así que ya no sería asombroso que la mafia cuente con sicarios a sueldo del Estado. Si cumpliera con sus obligaciones, el comisario general Arias no podría ignorar la podredumbre que lo rodea; también el ministro Giuzzio debería conocer en qué condiciones se halla la institución que depende del órgano que él dirige, aunque la comunicación entre uno y otro diste de ser fluida. Al respecto, puede recordarse que en noviembre del año pasado, el jefe policial dijo que esperaba más apoyo del Ministerio del Interior, recibiendo esta curiosa respuesta del aludido: “No sé a qué se refiere cuando dice que necesita más apoyo; cuando hable con él voy a preguntarle”. Lamentable. ¿Qué puede esperarse si entre los dos principales responsables de la seguridad interna del país no hay comunicación?
¿Cómo pretender, entonces, que hagan un buen trabajo? Es evidente que al Presidente de la República no le inquieta la incomunicación entre sus colaboradores, como tampoco el hecho de que, como acaba de repetir, “el crimen organizado permea todas las instituciones”, reconociendo además que “vimos de vuelta la corrupción de la PN, al no inscribir la solicitud de detención de este criminal”.
Por todo lo que antecede, es difícil de entender que mantenga en sus cargos al ministro del Interior y al comandante de la PN. Más bien prefiere jactarse de las “incautaciones récord” de estupefacientes, las que más bien son atribuibles al notable aumento del volumen del narcotráfico que impera en el país. Las cifras conocidas no llegan ni al 10% del volumen de la cocaína “paraguaya” decomisada últimamente en Europa. Para peor, como afirmamos, Marito anunció que los crímenes mafiosos continuarán. “Esto va a seguir”, dijo. Es indudable que así será, mientras los principales órganos encargados de la seguridad interna sigan encabezadas por unos ineptos de marca mayor que, además, no se llevan bien entre sí.
El jefe del Poder Ejecutivo volvió a percibir la corrupción dentro de la PN, pero se resiste a remover al comisario general Arias; volvió a decir que “el crimen organizado permea todas las instituciones”, entre las que figura el Ministerio del Interior, pero se niega a hacer lo mismo con el ministro Giuzzio. En estas condiciones, el crimen organizado continuará creando zozobra en una población ya suficientemente castigada por la pandemia y la cada vez más difícil situación económica.