Se debe poner fin a las recaudaciones ilícitas de la Opaci

La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) es un organismo creado durante la dictadura de Stroessner, que ha producido enormes recaudaciones y que se cree que generó un montón de políticos millonarios, pero de cuya utilidad poco se conoce. El director de la Policía Municipal de Tránsito, Luis Christ Jacobs, informó de un proyecto para instalar cámaras de vigilancia para identificar y sancionar a los infractores de las normas de circulación, a cuyo efecto, según dijo, dialogará con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) y con la Opaci. La ocasión es propicia para volver a objetar que este organismo no gubernamental intervenga en cuestiones ajenas a su competencia.

De tanto en tanto aparecen noticias de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), un organismo creado durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que ha producido enormes recaudaciones y que se cree que generó un montón de políticos millonarios, pero de cuya utilidad poco se conoce.

Precisamente ahora, el director de la Policía Municipal de Tránsito asuncena, Luis Christ Jacobs, informó de un proyecto para instalar un sistema de cámaras de vigilancia, que permita identificar y sancionar a los conductores que infrinjan las normas de circulación, a cuyo efecto, según dijo, dialogará con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) y con la Opaci. La ocasión es propicia para volver a objetar que este organismo no gubernamental intervenga en cuestiones ajenas a su competencia. Según sus estatutos, tiene como fines promover la cooperación entre las municipalidades y su coordinación con entidades estatales y no estatales para el desarrollo orgánico y planificado de intereses comunes, fortalecer la autonomía y la institucionalidad municipales, consolidar los principios democráticos y participativos comunales, y promover la participación ciudadana en la gestión municipal. Como se ve, varios objetivos generales que son propicios para destinar hacia ellos ingentes sumas de dinero que, probablemente, van a terminar en los bolsillos de los políticos.

¿Qué pinta, pues, la Opaci en el proyecto referido por Christ Jacobs? ¿Brindará, acaso, algún asesoramiento técnico? Lo más probable es que sus voraces dirigentes traten de sacarle una vez más alguna tajada financiera, tal como lo han venido haciendo a lo largo de los años, incluso en materia tributaria, usurpando funciones municipales: se queda con los impuestos por transferencias inmobiliarias y operaciones de crédito hipotecario, en virtud de un mero acuerdo con el Colegio de Escribanos del Paraguay, actuando así como un agente de retención más, pero sin transferir lo recaudado a las municipalidades. Como si eso no bastara, cobra una comisión por actuar de intermediaria, y todo ello al margen de la ley. También cobra diez mil guaraníes por la expedición y renovación de licencias de conducir, sin fundarse en ninguna normativa. La Ley N° 5016/14 se limita a disponer que el Director Ejecutivo de la ANTSV debe coordinar con las municipalidades, a través de la Opaci, el otorgamiento de la licencia de conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas. ¿Por qué los interesados deberían cargar con el supuesto costo de la coordinación y, para empezar, por qué una simple organización no gubernamental debería tener una función dispuesta por ley?

Durante casi una década, esta organización del Derecho Privado, que no aparece en la Ley Orgánica Municipal (LOM) vigente, presuntamente aportó mucho a la prosperidad del “clan Núñez”, integrado por el hoy legislador Basilio Núñez (ANR) y sus hermanos Óscar y Ricardo. Hoy está en manos de la intendente de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR), esposa del diputado Tomás Rivas (ANR), el mismo que pagaba a sus caseros a costa de los contribuyentes, procesado por cómplice de cobro indebido de honorarios y estafa, y blanqueado por un tribunal de sentencia con la extinción de la causa. Cuatro pobladores la denunciaron en 2020 por los siguientes hechos punibles supuestamente cometidos en el ejercicio del cargo: lesión de confianza, estafa, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, pero hasta la fecha, no ha sido imputada por el Ministerio Público; a fines de 2021, fue reelecta al frente de la Opaci, pese a las dudas generadas en la administración de más de 42.000 millones de guaraníes.

La Contraloría General de la República realizó en 2016 una auditoría especial, cuyas conclusiones aún son ignoradas, para saber qué se hizo con lo recaudado al menos el año anterior: desde 2010 hasta entonces, ingresaron a sus arcas nada menos que 182.000 millones de guaraníes, sin que se tengan noticias ciertas de su destino final. La ciudadanía tiene derecho a conocer el destino del dinero recaudado ilícitamente, pero antes que nada, a que no se le siga metiendo la mano en los bolsillos sin ningún asidero legal. Se plantea la pregunta del motivo por el cual las municipalidades guardan silencio, pues están siendo privadas, de hecho, de lo que les correspondería en concepto de transferencias inmobiliarias y de operaciones de crédito hipotecario. Quizás a sus autoridades no les interese que lo recaudado por la Opaci ingrese en las arcas municipales, sino más bien que terminen en sus respectivos bolsillos, tras el prorrateo correspondiente.

Como sea, debe ponerse fin al robo sistemático del dinero de los contribuyentes. Felizmente, no todas las municipalidades integran esta organización privada que se dedica a quedarse con el dinero ajeno, sin prestar ningún servicio a la comunidad; ello implica, entre otras cosas, que su “coordinación” en materia de licencias de conducir solo puede ser parcial y el pobre consuelo de que sus víctimas no se hallan en todo el país. Es de esperar que exista algún legislador interesado en librar a los electores de este inicuo robo legalizado.

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