Asumiendo la representación del cartismo, el senador Fernando Silva Facetti, quien desde luego pertenece a la facción del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) invariablemente fiel al expresidente Horacio Cartes, trató días pasados de desarmar los argumentos con los que se sostiene la necesidad de enjuiciar y destituir a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
Silva Facetti sostuvo que las estadísticas respaldan la gestión de Quiñónez frente al crimen organizado y a la corrupción.
El senador cartista debe suponer que los paraguayos somos medio bobos al pretender encubrir con estadísticas la falla capital de Quiñónez, que es la protección que otorga al grupo Cartes –desde su patrón para abajo–, al que el legislador adhiere con militante entusiasmo.
Sandra Quiñónez no movió un dedo, e impidió que se moviera cualquier dedo del Ministerio Público, en los casos de contrabando de cigarrillos y de lavado de dinero proveniente de esa actividad ilegal, a pesar de que en esta materia hay investigaciones que sostienen que la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC) es la que presta sus rutas a los contrabandistas.
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Sistemáticamente, dichos casos terminan como terminó el decomiso de cigarrillos ocurrido en febrero de 2020, sin ninguna investigación sobre compradores de los productos de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), sobre a quién venden, sobre a dónde van cuando están embarcados en pateras en el lago Itaipú. Semanalmente son detenidos en Brasil cargamentos como ese. Nunca se investigó dónde va a parar el dinero de esas ventas, aunque la “Operación Miopía” de los brasileños le permitió ver el modus operandi con lujo de detalles.
La fiscala general nunca investigó, ni dejó que se investigue, el ingreso de millones de dólares anuales por la vía de presentar a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) facturas innominadas por ventas, cuyos emisores no pueden probar dónde, a su vez, vendieron la enorme cantidad de mercadería que compran regularmente.
Nunca le llamaron la atención los préstamos que Cartes realiza con la vista gorda de instituciones cuyas direcciones controla por la misma vía por la que controla el Ministerio Público, aunque hay en ellos indicios que, al menos, merecen escrutinio e indagación.
El legislador cartista del PLRA –y el cartismo entero–, debe creer que los paraguayos estamos enajenados al pretender encubrir con estadísticas la falla capital de Quiñónez, que es la protección que otorga al expresidente.
La fiscala general hizo como que no vio absolutamente nada de la notable asociación de Cartes con Darío Messer, el “doleiro (cambista) dos doleiros”, a pesar de las montañas de evidencia que puso a su disposición la Comisión Messer, bicameral de investigación del Congreso; tampoco se dio por enterada de los numerosos actos vidriosos en que incurrieron los subordinados cartistas en su paso por el Gobierno anterior, todos los cuales tienen al exjefe de Estado como responsable legal y político. En ese caso de la Comisión, hasta le permitió, sin molestarlo, violar impunemente la Ley 137, que castiga penalmente la incomparecencia ante convocatorias del Congreso.
A la fiscala general tampoco se le movió un pelo cuando el expresidente incitó públicamente a sus correligionarios a incurrir en el delito de tráfico de influencias, toda vez que sea para servir, según dijo, como si ello excusara de la culpa.
Estas omisiones, que tienen tufo a protección, son causales de enjuiciamiento y destitución de Sandra Quiñónez. Son las evidencias de la descomposición de nuestras instituciones republicanas, desde la infiltración de la Policía por la organización criminal PCC hasta el encumbramiento del delincuente Óscar González Daher, pasando por impunidades como las de Hugo Javier u Óscar “Nenecho” Rodríguez.
Pues bien, como se ve, muchos de los casos denunciados por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra Horacio Cartes, es de suponer con la anuencia del presidente Mario Abdo Benítez, debieron haber merecido la intervención del Ministerio Público a cargo de Sandra Quiñónez, pero esta se mantuvo ciega, sorda y muda. En consecuencia, es difícil de entender la duda que están teniendo los legisladores de “Añetete” frente a la idea de un juicio político contra la fiscala general. Cabe preguntar, ¿qué es lo que está buscando realmente el Gobierno? ¿Quiere sacar Marito ventajas de los enormes negocios que maneja el expresidente? ¿Quiere anularle, de alguna manera, para después sellar otro “abrazo republicano”, pero con la espada de Damocles ahora en manos del actual jefe de Estado? Porque, si de verdad buscara terminar con los negocios sucios atribuidos en la denuncia de Giuzzio al jefe de Honor Colorado, no debería dudar un instante en despojarle de su principal aliada, la fiscala general, instruyendo a los legisladores de Añetete para que voten en favor del juicio político, sin dudar un solo instante. Algo huele a podrido en Dinamarca. Huele peor en Paraguay.