Si la demanda de Dios y la Patria fuera una daga y tuviera que caer sobre el cuello de cada diputado y diputada que ha incumplido con el debido desempeño del cargo, ya hubieran rodado las cabezas de muchos farsantes. Varios de ellos ya no estarían siquiera sentados en sus bancas, gozando de beneficios y privilegios a costa de un pueblo que ya no encuentra voz en sus representantes departamentales. Por culpa de muchos, la Cámara Baja ha demostrado, en sus últimos períodos ser, literalmente, la más baja de las Cámaras. Por algo ha sido bautizada como la “Cámara de la vergüenza”.
Hoy sabremos quiénes son los impostores y falsarios que han invocado falsamente el nombre de Dios y de la Patria para solo obedecer a sus patrones. El inicio del juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, pondrá a prueba el apego a la institucionalidad y a las leyes; más aún, confirmará quiénes son los traidores de un pueblo que en los últimos años ha sido violentamente ultrajado por las injusticias, la corrupción, la impunidad generalizada, y últimamente, por las mafias. La situación se ha vuelto intolerable y las evidencias que ha vomitado el operativo “A Ultranza Py” solamente confirman las sospechas: estamos viviendo en un narcoestado que cobija el lavado de dinero, activos sucios manchados de crímenes de toda laya.
Si la esencia del Ministerio Público es representar a la sociedad y velar por el respeto de sus derechos y garantías constitucionales, cae de maduro que Sandra Quiñónez ha incumplido con su misión. Y si la misión de la Cámara de Diputados es consolidar el Estado Social de Derecho, entonces, no hay mucho que agregar a lo que hoy está en juego, contra quién es la pelea y para quiénes deberá ser el castigo en las urnas.
Los diputados hoy tendrán en la mano uno de los libelos acusatorios más contundentes de nuestra historia democrática, con 13 graves causales de enjuiciamiento contra la fiscala general del Estado. Casos concretos albergan los motivos, que según dicho libelo son: UNO: Impunidad en el fallido proyecto del metrobús, donde se habrían encubierto hechos punibles atribuibles al exministro cartista Ramón Jiménez Gaona. DOS: Impunidad en el caso del “hermano del alma” Darío Messer. TRES: Impunidad en el caso Roque Fabiano Silveira, poderoso socio de Cartes y mencionado en el escándalo LavaJato en Brasil. CUATRO: Impunidad en las denuncias de un supuesto esquema de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero que llegaron a su epicentro luego de ser denunciadas en pleno Congreso por el exministro del interior Arnaldo Giuzzio. CINCO: Parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía que ha adoptado decisiones diferentes en procesos similares. Horacio Cartes no fue investigado por las revelaciones del escándalo Pandora Papers.
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SEIS: Impunidad en el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana y ataque a la sede del PLRA. No se investigó quiénes dieron las órdenes de ingresar a la sede del partido ni las funciones de los cartistas José Ortiz y Luis Fernando Canillas. SIETE: Ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa presupuestaria del Ministerio Público. Allí pidieron aumentos pero se redujeron los procesos penales. OCHO: Impunidad ante corrupción de intendencias y gobernaciones durante la pandemia. De 80 causas penales, no se ha logrado ninguna condena. NUEVE: Inacción o negligencia en conocidos casos del erario público como Essap, MAG (Juan Carlos Baruja), denuncias contra Jorge Gattini (MAG), incautaciones de cigarrillos, recolección de firmas de muertos para reelección de Cartes, torturas y tratos inhumanos por oficiales de la Armada. DIEZ: Inacción ante los informes de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con graves casos que obran en poder del Ministerio Público desde hace tiempo.
ONCE: Inacción deliberada para la recuperación de activos; uno de los más graves, aún no se ha pedido el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer. La familia podría aún recuperar unos US$ 150 millones. DOCE: Coacción a los órganos constitucionales del Estado, con amenaza y manejo selectivo de información penal relevante. El último escándalo de Élida Favole, funcionaria de confianza de la fiscala general, delató cuando menos un esquema de aprietes y conocimiento de posibles hechos punibles. TRECE: Autorización a la citada funcionaria para presuntos cobros indebido de honorarios al desempeñar otras funciones ajenas a la institución en el sector privado.
Hoy se les verán las caras a diputados de ANR de todo el país. Aquellos colorados que bajo el sustantivo CICATRIZ cuadricularon y se repartieron la república. Aquellos que pactaron acuerdos, pautaron silencios para defensa corporativa y programaron votos para abroquelarse en sus ilicitudes. Hoy se verá si comparten, finalmente, la misma hilacha los oficialistas y los cartistas o si nuevamente navegarán las aguas de sus propios intereses y bolsillos.
Hoy también se les verá las caras a los auténticos liberales radicales, muchos de ellos mal llamados de oposición, aquellos que hace tiempo alquilaron sus ideologías y sus colores con un mismo patrón. El partido de Eligio y Eusebio Ayala rentado a los intereses del cartismo.
Si los diputados y diputadas hoy no actúan en defensa de la República, que Dios, la patria y los votos en las próximas elecciones se los demanden. La ciudadanía debe anotar por quiénes traidores no debe votar nunca más.