El proyecto de ley ya aprobado en el Senado por presión de los “camioneros” y que hoy se trataría en la Cámara de Diputados, supuestamente para “eliminar intermediarios” y abaratar los combustibles de Petropar, podría quizás desburocratizar un poco las condiciones de negociación de la estatal con algún proveedor, pero es tan claramente inútil para los fines mencionados que solo cabe sospechar que existen intereses ocultos que están utilizando a ese grupo para turbios fines particulares, y no sería raro que con sobornos de por medio.
El proyecto “exceptúa a toda persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de combustibles y biocombustibles del cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes 2051/2003 y 6355/2019 y sus modificatorias”, es decir, de la ley de contrataciones públicas y de la que exige a los proveedores del Estado presentar declaración de bienes, rentas, activos y pasivos, así como someterse a la fiscalización de la Contraloría.
El texto, pese a tener un solo artículo, es suficientemente general y ambiguo como para dar pie a varias y amplias interpretaciones. Por ejemplo, de la manera como está expresado el enunciado se podría deducir que Petropar quedaría al margen de las normas de contratación del Estado, vale decir que ya no estaría obligada a realizar licitaciones públicas ni rendiciones de cuentas, algo especialmente peligroso en una empresa históricamente corrupta como la petrolera estatal. Si realmente la intención fuera solo eliminar la exigencia de presentar declaraciones juradas a los proveedores extranjeros de combustible, con el supuesto objetivo de permitirle a Petropar tratar con operadores que no quieren cumplir ese requisito, desde el punto de vista teórico no estaría mal y, de hecho, equipararía las condiciones de adquisición con las del sector privado. La salvedad, precisamente, es que en una empresa privada los posibles negociados y pérdidas van en perjuicio de los dueños, mientras que en Petropar cualquier mala administración va en detrimento del patrimonio público.
Pero, más allá de eso, desde el punto de vista práctico, pretender hacer creer que con ello Petropar podría eliminar intermediarios, comprar directamente de los productores o refinerías y así reducir costos y precios es o directamente un engaño, quién sabe con qué propósitos, o un desconocimiento del funcionamiento de la economía, del mercado internacional y, específicamente, del mercado internacional de combustibles.
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Para empezar, ya hoy la mayoría de los proveedores extranjeros de combustibles no cumplen el requisito de la ley 6355 de presentar declaraciones juradas, amparados en medidas cautelares por acciones de inconstitucionalidad. Y, si fuera por ello, esa ley data de hace apenas tres años. Que se sepa, Petropar no consiguió eliminar intermediarios ni obtuvo mejores precios que sus competidores antes de su vigencia.
Un país como Paraguay, por cuestiones logísticas básicas, solamente puede abastecerse directamente de las refinerías si se trata de sus vecinos, y de hecho Petropar compra nafta directamente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina, sin necesidad de ninguna ley especial. Aparentemente esta nueva ley le permitiría comprar gas boliviano directamente a YPFB, lo cual, en el mejor de los casos, de acuerdo con las estimaciones, podría abaratar en 3.000 guaraníes la garrafa de 10 kilos, que hoy cuesta 107.000, es decir, un 2,8%. Si se pudieran eliminar intermediaciones y adquirir directamente de las fuentes, entonces lo haría también el sector privado, y la realidad es que prácticamente todo el combustible que llega al país se importa a través de grandes “traders”, que son los que tienen la escala suficiente como para contratar muchos buques petroleros y destinar una porción relativamente pequeña de sus operaciones a comercializar con Paraguay desde el Río de la Plata. Incluso cuando Petropar le “compró” a PDVSA con mediación de Hugo Chávez lo tuvo que hacer por medio de estos “traders”.
Petropar no tiene ni de cerca la capacidad operativa ni de gestión para ir a negociar, por ejemplo, directamente al Golfo de México. Tendría que instalar oficinas, hacer licitaciones para el transporte marítimo, los seguros, los alijos, por volúmenes que jamás compensarían semejante expansión de una ineficiente empresa pública manejada políticamente que hoy, a duras penas, alcanza una participación del 17% del mercado interno.
Todo esto obviamente es sabido por la gente del sector, por lo que cuesta entender la insistencia en este inservible proyecto de ley, que estaría apoyado por sindicatos de Petropar. Antes que evitar intermediarios, es más probable que se esté buscando abrir la puerta a ciertas empresas de maletín o lavadores de dinero interesados en entrar en el negocio.
En cuanto al Congreso, es posible que los políticos opten por aprobar una “ley-placebo”, que en todo caso no tendría demasiadas consecuencias ni buenas ni malas, para calmar las protestas, pero un país no se puede manejar “a camionazos”, que es la impresión que le queda a la ciudadanía.