Es hora de dignificar el cargo de defensor del pueblo

El defensor del pueblo es un comisionado que los diputados eligen por mayoría de dos tercios, de una terna propuesta por los senadores, para que defienda los derechos humanos, canalice los reclamos populares y proteja los intereses comunitarios. Dura cinco años en el cargo, es reelegible y puede ser destituido mediante juicio político por mal desempeño de sus funciones. Curiosamente, la Constitución no prevé, como lo hace en el común de los casos, que también pueda ser apartado por delitos cometidos en el ejercicio del cargo o por delitos comunes. Es pertinente mencionar este lapsus de los convencionales de 1992, lo que, sin embargo, no podría ser aducido a favor del presunto autor de hechos punibles para librarlo de un juicio político, dadas las recientes denuncias hechas ante el Ministerio Público contra el comisionado Miguel Godoy, reelecto en noviembre de 2021.

La primera de ellas fue presentada por la Abog. Diana Vargas por el cobro ilícito de contribuciones a quienes desean obtener el carnet de objetor de conciencia: entre 2019 y 2021, el monto de la presunta exacción habría llegado a casi dos mil millones de guaraníes. Resulta que la Ley N° 4013/10 dispone que quienes antes de su promulgación hayan hecho constar su objeción de conciencia en las comisiones de Derechos Humanos del Congreso deben optar entre prestar el servicio sustitutivo o pagar la citada “contribución”, equivalente a cinco jornales mínimos, salvo que sean declarados insolventes. Esto significa que no están obligados a pagarla quienes objetaron después de 2010.

Por lo demás, la Comisión de Derechos Humanos del Senado acercó a los diputados un dosier de denuncias formuladas contra el defensor del pueblo, entre ellas las de funcionarias y exfuncionarias que habrían sido víctimas de violencia psicológica y laboral. Una de ellas –Ana Laura Rojas– afirmó haber sido degradada por haber revelado que Godoy obligó a una compañera suya a realizar labores domésticas en su hogar.

Serían tantos los desafueros del extravagante defensor del pueblo, que se han presentado dos libelos acusatorios para promover su enjuiciamiento político por mal desempeño de sus funciones: el de la diputada Celeste Amarilla (PLRA) incluye nada menos que 57 causales y el de su colega Kattya González (PEN) solo seis. Según esta última, serían “ensamblados”, lo que convendría siempre que ello no suponga aumentar innecesariamente el número de imputaciones. De no ser así, el debate en torno a ellas podría prolongarse durante meses, según se desprende del fallido caso de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Por de pronto, la Cámara de Diputados tratará el próximo lunes, en una sesión extraordinaria, dos proyectos de resolución, por la que se formula acusación ante el Senado para iniciar el juicio político. Ya era hora.

El diputado Édgar Acosta (PLRA) no cree que la iniciativa prospere, pues Miguel Godoy tendría suficientes amigos entre sus pares. De hecho, si fue reelecto con el voto de 61 de los 80 diputados es porque goza del apoyo de una amplia mayoría, a la que no le interesa que la Defensoría del Pueblo sea dirigida por una persona confiable, que haya ganado prestigio moral e intelectual en la lucha por los derechos humanos. Más les conviene a los legisladores tener en esos cargos a gente maleable, para ubicar a sus recomendados con un salario público. Así, en el propio Congreso se dieron a conocer varios nombres que aterrizaron en la Defensoría con el padrinazgo de diputados, una mayoría cartistas.

El pesimismo parece justificado, porque los indecentes y mediocres son incapaces de reconocer la excelencia. No les inquietaría que al frente de un órgano, que debe ser ejemplar, se halle alguien que, en julio de 2020, fue denunciado por el adjunto defensor del pueblo, Carlos Vera Bordaberry, por haberlo agredido en la vía pública, debido a una grotesca disputa sobre un lugar de estacionamiento. Tampoco les perturbaría que el actual adjunto, Rafael Ávila, haya revelado ayer que varias veces fue seguido por vehículos sin identificación, con vidrios polarizados, tras haber pedido informes internos sobre la “caja chic’', el uso de combustibles y las contrataciones.

Esta última denuncia coincide con la de la diputada Rocío Vallejo (PPQ), según la cual Godoy contrató a una persona para seguirla también a ella, a la Abog. Diana Vargas y a las legisladoras Celeste Amarilla, Kattya González y Desirée Masi (PDP). En sus palabras: “Estamos hablando de un enfermo, de un impresentable, de un último nivel”. Miguel Godoy dista mucho de estar a la altura de la dignidad del cargo. Este país no debería ser una vulgar republiqueta, en la que un comisionado parlamentario puede actuar como se le ocurra, sin respetar las normativas, el decoro ni el buen sentido. Es hora de dignificar un cargo desde el cual su ocupante puede prestar importantes servicios a la sociedad.

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