Chantaje moral del IPS

Un compromiso de deuda no honrada entre personas o empresas particulares haría que la parte afectada reclame judicialmente que el mismo sea pagado como corresponde, y, aún más, si fuera proveedora de bienes o servicios, suspendería su relación con el moroso. No parecen entenderlo las autoridades del IPS: a pesar de que el ente debe una suma monstruosa a los proveedores de medicamentos, mientras la institución despilfarra a manos llenas o emprende obras que pueden demorarse, quiere que le sigan proveyendo los productos, aunque no pague por ellos, recurriendo para el efecto a un chantaje moral: los pobres asegurados van a quedar sin remedios.

Un compromiso de deuda no honrada entre personas o empresas particulares haría que la parte afectada reclame judicialmente que el mismo sea pagado como corresponde, y, aún más, que la demora origine los intereses que corresponden. La parte perjudicada, si fuera proveedora de bienes o servicios, suspendería su relación con el moroso, cuando menos hasta que se normalice la situación. No parecen entenderlo las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS): a pesar de que el ente debe una suma monstruosa a los proveedores de medicamentos, mientras la institución despilfarra a manos llenas o emprende obras que pueden demorarse, quiere que le sigan proveyendo los productos, aunque no pague por ellos, recurriendo para el efecto a un chantaje moral: los pobres asegurados van a quedar sin remedios. Se trata de los mismos asegurados de quienes la propia previsional no se apiada desde siempre, ya que les da una pésima atención, les humilla para conseguir turnos o medicamentos, o hasta son objeto de mala praxis.

En efecto, el director de Abastecimiento y Logística del IPS, Enrique Aranda, tuvo el descaro de pedir “comprensión” a las empresas farmacéuticas acreedoras de nada menos que unos ¡240 millones de dólares! Algunas de las empresas afectadas han iniciado el proceso respectivo para que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) les permita interrumpir el suministro. El alto funcionario se permitió añadir que “la vida de los pacientes debe primar”, como si las firmas deberían seguir descapitalizándose mientras el IPS no resuelva sus crisis financieras. Más aún, de sus palabras se infiere que las culpables de los eventuales decesos por falta de remedios e insumos serían ellas mismas y no quienes a lo largo de las décadas han venido fraguando licitaciones y derrochando a manos llenas, muchas veces –todo hay que decirlo– en complicidad con el propio sector privado.

Es simplemente canallesco que una entidad pública que prioriza el latrocinio y el dispendio, en perjuicio de la vida de sus asegurados, pretenda ahora que los acreedores carguen con el muerto si no están dispuestos a continuar esperando sine die. Sin duda, la salud pública y la estética aconsejan invertir en la limpieza, la desinfección y la jardinería de las instalaciones, pero destinar unos 847.000 millones de guaraníes a tales menesteres, en los últimos doce años, equivale a poco más de la mitad de lo adeudado por la provisión de fármacos. Aparentemente, el IPS estaría al día con sus pagos a las compañías ligadas a Alberto y Jorge Palumbo, así como a Claudio Escobar. Cómo olvidar a los mimados de antaño, a los eternos proveedores de seguridad, el exdiputado colorado José Chamorro y su hijo Óscar Chamorro Lafarja, hoy relegados debido a las numerosas presuntas irregularidades que envolvieron su participación en las licitaciones.

Entretanto, se hallan en curso tres procedimientos de contratación, por un valor total de unos 783.334 millones de guaraníes, para la construcción de tres hospitales; uno de ellos estará destinado a niños, aunque el Policlínico Ingavi, destinado a Pediatría, que forma parte del hospital del mismo nombre, está en desuso desde hace siete meses, por falta de equipos. Es decir, mientras se desperdicia un edificio, se iniciaron los trámites para levantar otro con similar objeto, que podría tener el mismo destino, tras ser inaugurado con toda solemnidad.

Estos ejemplos de irracionalidad administrativa indicarían que el drama financiero del IPS también tiene que ver con la evidente falta de planificación para la correcta asignación de los recursos financieros. Siendo así, ni los miembros de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay ni los asegurados tienen motivos para “comprender”, esto es, para disculpar a los responsables del colapso: estos señores no tienen la menor autoridad moral para pedir a los unos que sigan proveyendo sin cobrar un centavo y a los otros que toleren la falta de remedios e insumos. En consecuencia, la destinataria del cínico mensaje de que “la vida de los pacientes debe primar” tendría que ser en primer lugar la propia entidad pública morosa. Debería ser dirigida con todo énfasis al presidente del Consejo del IPS, Vicente Battaglia, y a los consejeros Ricardo Oviedo (Ministerio de Salud Pública), Ludia Silvera (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Miguel Ángel Doldán (empleadores), Gustavo Arias (trabajadores) y Roberto Brítez (jubilados y pensionados), quienes parecen tener el corazón de piedra ante el drama que sufren los asegurados y sus familias.

¿Cuántos asegurados habrán muerto por falta de medicamentos o de equipos que no pudieron ser adquiridos, porque la malversación y el despilfarro agotaron los fondos? La vida de esos pacientes victimizados no primó sobre estas viejas lacras que persisten con la complicidad de siempre de los representantes del sector privado en el Consejo de Administración y ante el silencio ominoso de las organizaciones que los propusieron.

El IPS es una muestra elocuente de la infamia que supone un imperio impune, a vista y paciencia de quienes nombraron a sus máximas autoridades, comenzando por el presidente Mario Abdo Benítez, protector del actual titular del ente, Vicente Battaglia. Los grupos de asegurados que se están despertando deben apresurar su organización para movilizarse y reclamar públicamente y con firmeza, dentro de lo que manda la ley, que se ponga fin al largo calvario que sufren para recibir la atención y el servicio que les corresponden y por los que pagan rigurosamente.

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