Itaipú Binacional necesitó nada menos que ocho meses para responder solo parcialmente un pedido de informes de los ciudadanos Fabián Cáceres y Victorio Oxilia, sobre los multimillonarios “gastos sociales” efectuados entre 2019 y 2022, bajo los directores paraguayos José Alberto Alderete, Ernst Bergen, Federico González y Manuel María Cáceres. En verdad, se tomó su tiempo para transparentar lo que nunca debió haber ocultado, esto es, para abandonar una vieja costumbre tan afín a la corrupción. Vaya por delante que esas erogaciones de las entidades binacionales, que han servido –bajo un engañoso rótulo- hasta para financiar concursos de belleza y fiestas patronales, no integran el Presupuesto nacional ni son fiscalizadas por la Contraloría General de la República (CGR), pese a las reiteradas demandas de sectores políticos y sociales: son gastos discrecionales ignorados por la ciudadanía y por sus representantes, como si no les incumbiera el destino del dinero público.
Ahora se sabe que, en el periodo antes referido, Itaipú Binacional financió programas de apoyo a organismos gubernamentales y no gubernamentales, de desarrollo social, de protección a la niñez y la adolescencia, de sustentabilidad de segmentos vulnerables, de salud en áreas de interés y de apoyo a la educación. Llama la atención la gran incidencia monetaria de los convenios sobre esas “acciones de responsabilidad social”, suscritos por la entidad binacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops): ascendieron a 22.354.286 dólares, casi totalmente desembolsados. De hecho, dicha suma no fue ejecutada por los organismos internacionales que la recibieron, sino por las entidades públicas paraguayas que se valieron de los fondos de Itaipú Binacional y de ese mecanismo de intermediación, que ya se venía empleando para eludir la Ley de Contrataciones Públicas y, por ende, el control de la Dirección Nacional, que vela por su cumplimiento.
Esa ley no regía para las entidades binacionales ni para los convenios celebrados por ella con organismos internacionales, pero de todos modos varias entidades públicas ya apelaron a dicho modelo para reasegurar el descontrol, evitando la eventual intervención de la Contraloría General de la República (CGR). Como beneficiarios del modelo implementado con Itaipú Binacional, pueden mencionarse la Secretaría de Emergencia Nacional y al Instituto Paraguayo del Indígena, que obtuvieron alimentos en el marco del estado de emergencia sanitaria; al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que recibió semillas de maíz y “defensivos agrícolas”; al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que se hizo con centros de atención equipados; y a la Subsecretaría de Estado de Tributación, que se habría beneficiado con 462.084 dólares desembolsados al PNUD para la “Modernización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu”. Se ignora cuáles fueron las empresas contratadas en los tres primeros casos, pero no así cómo acabó el último emprendimiento problemático.
¿Estaban enterados los legisladores de que varias entidades públicas recibían considerables fondos para la ejecución de programas seleccionados por la entidad binacional, como si tuviera mejor criterio que ellos mismos y que el Poder Ejecutivo para establecer las políticas públicas? La insuficiencia de recursos financieros no justifica que se recurra a un auxilio externo que, de hecho aunque no de Derecho, escapa totalmente a la fiscalización de organismos nacionales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La intervención del PNUD, que cobra por sus servicios una suma equivalente al 5% del valor de los contratos, no garantiza la correcta ejecución de un programa y deja de lado el imprescindible control por parte del Congreso y de la CGR.
El “plan antidengue” que gestionó con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, entre 2013 y 2018, costó dieciocho millones de dólares, gran parte de los cuales fueron destinados al pago de consultorías y a la contratación de trabajos de fumigación, minga, rastrillaje, así como de “guardias antidengue”. Si la participación del PNUD no garantiza buenos resultados, es de temer que los proyectos emprendidos con fondos de Itaipú Binacional tampoco hayan sido muy exitosos. La falta de transparencia evidenciada es razón suficiente para impugnar, una vez más, el desempeño de los consejeros y de los directores paraguayos de las entidades binacionales, en lo que a los “gastos sociales” respecta: son administrados arbitrariamente, sin que la ciudadanía tenga noticias de ellos, ni estén fiscalizados por organismos nacionales.