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El actual Gobierno y los exponentes de todas las fuerzas políticas se habían comprometido públicamente a seguir un cronograma de convergencia para una gradual restitución de cierto equilibrio en las finanzas públicas después del descalabro que se produjo durante la pandemia, con el supuesto objetivo de volver, a partir de 2024, ya con la nueva administración, a un déficit acotado al 1,5% del PIB, que es el tope máximo que establece la sistemáticamente perforada ley de responsabilidad fiscal. No solamente no cumplieron, sino que ya está más que claro que se hizo un formidable maquillaje de la contabilidad estatal para engañar a la ciudadanía, continuar rifando el dinero de los contribuyentes y embargando el futuro del país.
Dicho tope ya se había rebasado en 2019, en el primer ejercicio completo del mandato de Mario Abdo Benítez, y se disparó al 6,1% en 2020, cuatro veces por encima de la barrera legal, con las sucesivas leyes de emergencia que le otorgaron un cheque en blanco sin precedentes al Poder Ejecutivo para gastos discrecionales al margen del Presupuesto, con la obligación, nunca honrada a cabalidad, de rendir cuentas “hasta el último guaraní”.
En vez de volver inmediatamente al tope, que era lo que correspondía una vez superada la parte más complicada de la crisis sanitaria, se decidió hacerlo progresivamente, con el compromiso de reducir el saldo rojo al 4% del PIB en 2021, al 3% en 2022, al 2,7% este año y de nuevo al 1,5% con el Presupuesto 2024.
Todo eso ocurrió solamente en los papeles, jamás en la realidad. Año tras año se siguieron aprobando aumentos salariales, jubilaciones de privilegio, incrementando gastos fijos y subsidios, inflando artificialmente los ingresos, aumentando la deuda, recortando inversiones y, sobre todo, “pateando para adelante” los pagos a proveedores y contratistas para calzar las cuentas.
Carlos Fernández Valdovinos, presidente del Banco Central del Paraguay durante el gobierno de Horacio Cartes y uno de los que se menciona como posible próximo ministro de Hacienda, en recientes declaraciones a ABC Cardinal estimó que el déficit verdadero está en torno al 5% del PIB, lo que, de ser así, supondría que prácticamente se mantiene al nivel del peor momento de la pandemia. Debe señalarse, sin embargo, que el Ministerio de Hacienda negó en un comunicado que el nivel de ese déficit sea tan elevado.
El cálculo del alto endeudamiento incluye obligaciones ya asumidas, pero no canceladas en tiempo y forma ni agregadas a la contabilidad del ejercicio, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, del Ministerio de Salud Pública y del área de transporte. Prueba de ello es que se comenzó el año con un supuesto déficit presupuestado del 3% del PIB, con la expectativa de bajarlo al 2,7% con el plan financiero, y en el primer cuatrimestre ya trepó al 3,5%.
Asimismo, el año pasado en noviembre se acumulaba un déficit del 3,6% del PIB, pero “milagrosamente” para diciembre había bajado al 3%, lo que representa unos 240 millones de dólares. “Eso no tiene sentido desde el punto de vista económico”, dijo Fernández.
Este es el primer problema a resolver, porque nada se puede hacer sin fondos. Cualquier plan de gobierno, por bonito que se presente, es solo palabrerío si no cuenta con financiamiento. Y la situación actual es que el Estado paraguayo ya está exhausto después de varios años consecutivos de alto déficit, con una deuda pública que pasó del 10% al 40% del PIB en tan solo una década, con presión inflacionaria por desborde de agregados monetarios, con el 90% del Presupuesto destinado a gastos rígidos, consistentes en salarios, jubilaciones y pensiones del sector público, transferencias para subsidios y servicio de la deuda, lo que significa que prácticamente no sobra para nada más.
Peor si se considera en qué se fue todo ese dinero. El gasto público no es malo en sí mismo. De hecho, hay muchos renombrados economistas que sostienen que un cierto nivel de déficit fiscal es necesario para apuntalar el desarrollo, sobre todo de los países pobres. Si se hubiera mejorado sustantivamente la infraestructura, si con todos los recursos que hubo disponibles se tuviera a esta altura un sistema de salud pública de primer nivel, si mínimamente se contara con una educación pública de calidad, entonces el esfuerzo habría valido la pena. Lamentablemente, todos sabemos que no es así.
Mario Abdo Benítez no es el único culpable, pero sí es el principal responsable. La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo es unipersonal, ejercido única y exclusivamente por el Presidente de la República, cuya función institucional es administrar el Estado. Siempre habrá excusas, se podrán alegar atenuantes, pero el 15 de agosto entregará un país en peores condiciones del que recibió. Es de esperar que Santi Peña, que asumirá en su reemplazo, no vaya todo también en puras palabras y cumpla sus promesas de hacer un buen gobierno. Demasiados embaucadores de la voluntad popular ya han pasado por el Palacio de López.