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Ejerciendo el derecho a manifestarse pacíficamente, la Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) y la Unión Nacional de Jubilados se movilizarán hoy para, entre otras cosas, protestar por la falta de medicamentos, las deficiencias en la atención sanitaria y la pésima administración que apeligra los fondos jubilatorios, así como para entregar un pliego de demandas y exigencias al presidente electo Santiago Peña para que tenga en cuenta con miras a “mejorar y salvar” el IPS. La iniciativa es totalmente comprensible, atendiendo el lamentable servicio que reciben los pacientes y la incertidumbre reinante en cuanto a los haberes jubilatorios, por culpa de un vergonzoso Consejo de Administración, hoy presidido por Vicente Bataglia e integrado por representantes de los sectores público y privado, bajo cuyas narices se cocinaron todas las componendas que fueron desangrando a la institución.
No es mucho lo que se hubiera podido esperar de los miembros Ricardo Oviedo (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social) y Ludia Silvera (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), pues el Estado paraguayo dista de distinguirse por su gestión eficiente y honesta; en cambio, podía esperarse que al menos los consejeros Miguel Ángel Doldán (empleadores), Gustavo Arias (trabajadores) y Roberto Brítez (jubilados y pensionados) velaran por los intereses de sus respectivos representados, pero solo están exhibiendo un desempeño tan lamentable como el de sus antecesores a lo largo de la historia del IPS: siempre les importaron un bledo los enfermos, los jubilados y los pensionados.
Los tres consejeros del sector privado, que cobran un salario neto de 30.650.000 guaraníes mensuales y hasta tienen cupos de combustible, cierran los ojos, por decir lo menos, ante la corrupción, la desidia y la ineptitud, mientras las cúpulas de las organizaciones que los propusieron en tal carácter al Poder Ejecutivo guardan un ominoso silencio, como si no tuvieran nada que decir en favor de los aportantes defraudados ni explicaciones que demandar a los recomendados por ellas.
De hecho, si estos señores hubieran cumplido con su deber, habría sido innecesario que las asociaciones que anuncian su movilización salgan a la calle para exigir que terminen los desmanejos cometidos en el IPS, debido a la culposa negligencia o a lo que aparenta ser una imperdonable complicidad de sus propios representantes en el Consejo de Administración. Parece absurdo, pero la triste realidad exigía que, ante la traición de la que son víctimas, los asegurados, jubilados y pensionados se asocien para defender por sí mismos sus legítimos intereses: no basta con aguardar que el Congreso censure, que el presidente de la República remueva, que la Contraloría General de la República (CGR) dictamine o que el Ministerio Público al menos investigue. Nunca llegan a ningún resultado, mientras el descalabro del IPS marcha aceleradamente.
La iniciativa comentada debería imitarse en diversos ámbitos, cuando haya dinero público en juego. En tal sentido, la meritoria tarea de la organización comunitaria “Somos Anticorrupción Paraguay”, dirigida por la Abg. María Esther Roa, debería imitarse en tantas instituciones, especialmente en los departamentos y municipios de todo el país, porque es evidente que tampoco allí se puede confiar en que los representantes de la ciudadanía y los organismos contralores velen por una correcta administración del gobernador o del intendente.
La CGR impulsó en los años 90 unas “contralorías ciudadanas” a nivel local que, lamentablemente, fueron decayendo hasta el punto de que hoy son muy pocas las localidades en las que actúan grupos organizados por los pobladores para poner bajo la lupa a las autoridades elegidas por ellos. Caapucú, Paraguarí y San Pedro del Ycuamandyyú son algunas de ellas; en este último caso, lograron hace poco la destitución del intendente, lo que significa que vale la pena movilizarse contra la corrupción, como también lo ha demostrado la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción, al revelar el grotesco fraude con el billetaje electrónico.
De esta manera, la experiencia indica, pues, que la ciudadanía puede confiar en sus propias fuerzas y que los asegurados del IPS han hecho lo correcto al constituir una asociación, dado que tampoco “sus” consejeros son de fiar. Es de desear que las movilizaciones continúen con perseverancia y firmeza, para indicarles a los sinvergüenzas que la paciencia tiene su límite.