La inseguridad reinante está induciendo a las víctimas a emplear la violencia por sí mismas, dada la notoria inoperancia de la Policía Nacional. El Estado tiene la función primaria de proteger la vida, la libertad y los bienes de las personas, ejerciendo, en caso necesario, el monopolio de la fuerza legítima, que debería preservar a toda costa. Su deplorable defección, empero, está generando la aparición de casos de “justicia por mano propia”, y, lo que es peor, con el aplauso de quienes están hartos de soportar los atracos y otras fechorías en auge. Para que no impere la bárbara ley del más fuerte, es indispensable que las fuerzas del orden cumplan con su deber de precautelarlo, en el marco del Estado de derecho, que no debe confundirse con uno carente de vigor para velar por los derechos de las personas: la seguridad no implica arbitrariedad.
Se admite la legítima defensa siempre que, según el Código Penal, sea “necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica, a un bien jurídico propio o ajeno”, pero ocurre que muchas veces esas condiciones están ausentes. No existieron, por ejemplo, cuando un asaltante en fuga fue muerto a tiros por la víctima, con el beneplácito de sus vecinos de Mariano Roque Alonso: “Una lacra menos”, dijeron satisfechos, aunque el autor del disparo –consciente de haber cometido un hecho punible– haya alegado que fue accidental. Es comprensible que el ministro del Interior, Federico González, atribuya la delincuencia creciente al marcado aumento del consumo de drogas entre los menores de 25 años: inhalan el “crack” o “chespi”, residuo de la cocaína, más nocivo, para desinhibirse a la hora de asaltar en busca de una nueva dosis; no hace mucho, un joven mató a un amigo suyo en el Bañado Sur de Asunción, para quedarse con diez mil guaraníes.
El comisario principal Arnaldo Irala, jefe de la Comisaría Tercera de Luque, afirma que el 90% de los delitos cometidos en esa ciudad es obra de reincidentes, casi en su totalidad drogadictos; la mitad tendría que estar cumpliendo medidas sustitutivas de la prisión. Estos datos, seguramente similares a los de otras ciudades de igual porte, evidencian el fracaso del sistema penitenciario, uno de cuyos fines es la readaptación de los condenados, es decir, de la minoría de los reclusos de nuestras cárceles. El problema central radica en el total descontrol de las medidas alternativas.
También los “polibandis” tienen que ser erradicados, para que la población no se vea forzada a recurrir a sus propios medios en defensa propia, corriendo el riesgo de excederse en el empeño. Está bien que los vecinos se organicen para intercambiar señales de alarma ante merodeadores sospechosos, pero es mejor que en tal caso llamen de inmediato al “911″ antes que intervenir de hecho. Las “comisiones garrote” son inadmisibles.
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La Policía Nacional (PN) cuenta con unos 24.000 efectivos, cifra que no parece muy baja para un país de 7.500.000 habitantes; si un detenido análisis concluyera que es necesario elevar esa cantidad, habría que adoptar los recaudos presupuestarios pertinentes, para evitar el caos que supondría la proliferación de hechos de “legítima defensa”, que por lo general serían de simple represalia punible, con atenuantes.
La seguridad interna debe estar a cargo exclusivo del Estado, sin perjuicio de que existan servicios privados, bajo la supervisión de la PN. Resulta deplorable que la inseguridad agobiante lleve a la condena de una persona que se haya excedido al defenderse de un ladrón, como está empezando a ocurrir, por lo que debe darse mucha importancia a esta circunstancia desde el Gobierno, para evitar que degenere en situaciones más graves en los vecindarios. Los habitantes de este país les pagan un sueldo y les ponen un uniforme a los efectivos policiales para que los protejan día y noche, sin que por ende tengan la necesidad de recurrir a sus propios medios para enfrentar a los malhechores. Se deben tomar medidas urgentes para que los responsables del orden actúen efectivamente en beneficio de la gente y no dejar en manos particulares su propia defensa, que puede conducir en un verdadero “sálvese quien pueda” en pueblos y ciudades.