Bajo la presidencia del doctor Vicente Bataglia, y posiblemente la de su antecesor Andrés Gubetich, el descalabro del Instituto de Previsión Social (IPS) llegó a cotas difícilmente alcanzables: campearon allí gravísimos desmanejos administrativos, una descomunal corruptela y el derroche desenfrenado, mientras los pacientes sufrían ante la mala praxis y la falta de especialistas, medicamentos e insumos. A la ineptitud y a la deshonestidad se sumó una tremenda dejadez, como surge de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, para deslindar responsabilidades, por el director jurídico José Antonio González, el gerente de Abastecimiento Jaime Joel Caballero y la directora de Mantenimiento Verónica Blanco, nombrados últimamente.
Es que, en lo referente a este último aspecto, según se desprende de la denuncia presentada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Fiscalía General del Estado (FGE), se hallaron en el predio del Hospital Central, abandonados a la intemperie, paneles solares, plantas de oxígeno, equipos electromecánicos, generadores y componentes de quirófanos modulares, entre otros bienes nunca utilizados. No existe documentación alguna al respecto, de modo que se ignora la fecha exacta en que fueron comprados, presumiblemente en el marco de una licitación. Como tampoco se cuenta con un inventario, sería imposible cuantificar lo adquirido y precisar su valor, aunque todo indica que sería bastante alto. Las pruebas de un pésimo desempeño estaban a la vista de cualquier curioso: el expresidente y los miembros del Consejo de Administración ni siquiera trataron de ocultarlas, como si fuera absolutamente normal que estén a cielo abierto unos aparatos tan delicados.
Resulta indudable que, al decir de los denunciantes, “este hecho podría afectar gravemente el patrimonio de la institución y los intereses de los asegurados”. Según la Contraloría General de la República, el IPS llegó a abonar el año pasado 158 millones de dólares, sin documentos de respaldo. La deuda al 31 de julio asciende a unos 280 millones de dólares. Por su parte, la Cámara de la Industria Química y Farmacéutica del Paraguay afirma que, hasta el 31 de julio de este año, debía unos 112 millones de dólares por medicamentos aún no contabilizados. Siendo así, no debe sorprender en absoluto el gran hallazgo referido. Casi tan repudiable como robar es incurrir en negligencias culposas que pueden afectar bienes o incluso vidas, así que este nuevo escándalo debe tener consecuencias penales para los protagonistas.
El Código Penal sanciona con hasta cinco años de cárcel o con multa al responsable de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero, que causara o no evitara un daño patrimonial, dentro del ámbito de protección confiado; en los casos especialmente graves, la pena puede llegar a diez años de privación de libertad. Se trata del hecho punible de lesión de confianza, que habría sido cometido cuando Miguel Ángel Doldán, Gustavo Arias y Roberto Brítez integraban el Consejo de Administración al que siguen perteneciendo, sin que sus respectivos representados –empresarios, trabajadores y jubilados y pensionados– les insten a renunciar. Es notorio que también ellos podrían ser afectados por la denuncia penal formulada, pero allí están: aferrados a un cargo que no honran, como muchos de sus antecesores. Otro consejero de la administración saliente es Ricardo Oviedo (por el Ministerio de Salud), y Ludia Silvera, ya reemplazada, por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Duele imaginarse que los pacientes sufrían tremendas carencias, mientras valiosos bienes adquiridos con sus aportes eran dejados a la buena de Dios en el patio del Hospital Central, con el serio riesgo de que resulten averiados. Es probable que si se inspeccionaran otros nosocomios del IPS, se encontrarían equipos en similares condiciones o medicamentos arrojados al basurero, por la simple razón de que a sus autoridades nunca les ha importado lo suficiente la suerte de los asegurados. Es saludable que las nuevas autoridades anuncien una auditoría interna, que habrá de servir quizá para cifrar los perjuicios patrimoniales ocasionados, algo que será muy difícil de hacer con respecto a los físicos, morales y económicos, infligidos también a los enfermos y sus familiares, por el desperdicio de los equipos descubiertos.
Malgastar los aportes obrero-patronales, más aún habiendo tantas necesidades, ofende el sentido común y la sensibilidad. Se espera que el Ministerio Público actúe con la debida diligencia para que la responsabilidad penal y civil caiga sobre quienes habrían delinquido contra el patrimonio del IPS y la salud de los asegurados. Esto no debe acabar en la nada, como es habitual: ya es tiempo de que quienes no cumplan con sus obligaciones, violando las leyes, paguen con su libertad y con su dinero. De lo contrario, ante la falta de medidas punitivas, sus reemplazantes continuarán “forrándose” a costa de los aportantes y sus familias. Hasta el momento, no se tienen noticias de alguna reacción de la FGE.