Como es sabido, a través del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, cuando estuvo recientemente como presidente en ejercicio, Paraguay llegó a declarar oficialmente que retiraría la totalidad del 50% que le corresponde de la energía de Yacyretá, ante la falta de pago por parte de Argentina e, indirectamente, como una especie de represalia por el cobro de peaje en la hidrovía. Llegó incluso a darlo como una decisión tomada y un hecho consumado, aunque después dio a entender que la medida quedaba sin efecto solamente por la promesa argentina de abonar 30 millones de dólares mensuales para ponerse al día con sus atrasos. En realidad, nuestro país únicamente podría hacer algo semejante si subastara al mismo tiempo sus disponibilidades en Itaipú, pero ya estamos en octubre, mes clave para la comercialización de energía eléctrica en el mercado regional, y el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para que ello sea posible.
Para cubrir su demanda interna, anualmente la ANDE contrata unos 4.000 megavatios de potencia de los 7.000 que tiene Paraguay por su 50% de Itaipú y alrededor de 100 MW de los 1.600 que tiene por el 50% de Yacyretá, más algo adicional que obtiene de la usina de Acaray. La suma de la potencia contratada equivale a cerca de 28 millones de megavatios/hora de electricidad al año, con lo cual se abastece el mercado doméstico, en tanto que nuestro país aún posee excedentes de aproximadamente 20 millones de MWh al año en Itaipú y 10 millones de MWh al año en Yacyretá.
En el mejor de los casos, nuestro país todavía tardará otros diez años en consumir todo lo que le corresponde en ambas centrales y, entretanto, por interpretación de los tratados, lo que hace es ceder su sobrante a sus respectivos socios a cambio de una “compensación”, que actualmente está fijada en torno a los 11 dólares el MWh, ínfima en comparación con el precio de mercado. Es por ese concepto que Argentina le debe a Paraguay unos 100 millones de dólares, que supuestamente se compromete a regularizar, según Alliana.
Ahora bien, la contratación de potencia, tanto de Yacyretá como de Itaipú, es a precio de costo, pero no es gratis. Ambas fueron concebidas como entidades sin fines de lucro, pero los copropietarios deben pagar una tarifa que, según los tratados, tiene que ser suficiente para cubrir la totalidad de sus costos, sean operativos, de mantenimiento, financieros o de cualquier índole.
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La tarifa vigente en Itaipú es el equivalente a 26 dólares el MWh. Debería ser menor, pero esa es otra discusión. Lo de Yacyretá es mucho más complejo, por el desorden administrativo-financiero en el que se desenvuelve. Con las actualizaciones establecidas en la Nota Reversal de 1992, no ratificada por Paraguay, la tarifa ronda el equivalente a 50 dólares el MWh. La ANDE paga 22,6 dólares el MWh, ateniéndose al rechazo legislativo de la mencionada nota reversal, pero se le anota en una cuenta la diferencia, por lo cual ya acumula una potencial deuda de 500 millones de dólares a la entidad. Por su parte, la operadora argentina Cammesa paga 15 dólares el MWh y la diferencia supuestamente la tendría que solventar el Gobierno, pero no lo hace, por lo que ya le debe a la EBY 4.400 millones de dólares (sin intereses).
Entonces, si Paraguay tiene un excedente de 10 millones de MWh al año en Yacyretá y si quisiera “retirar toda su energía”, como dice Alliana, la ANDE tendría que pagar 500 millones de dólares, contra 260 millones que le cuesta ese mismo volumen en Itaipú.
Por lo tanto, al margen de cualquier rimbombante declaración, la contratación de la totalidad del 50% de Paraguay en Yacyretá es económicamente inviable, primero porque el país no tiene en lo inmediato la demanda para absorber toda esa energía y segundo porque la tarifa de Yacyretá es mucho más alta que la de Itaipú, al menos hasta que se haga una consolidación de cuentas y se termine de sanear su deuda.
La única solución sería subastar la energía que pertenece al país en Itaipú y conseguir precios de mercado por ella, superiores a 50 dólares el MWh, con lo cual se podrían reemplazar los bloques vendidos por energía de Yacyretá para la demanda interna. Eso es perfectamente posible y técnicamente no existe ningún impedimento, pero hay que designar al operador –que podría ser la ANDE en primera instancia–, preparar las convocatorias a oferentes en Hernandarias, establecer las regulaciones básicas, y todavía lidiar con la posible oposición de Brasil, que se quedará sin las rentas que hoy obtiene por la reventa de la energía paraguaya entre más de un centenar de comercializadores privados.
Todo eso hay que tenerlo listo en este mes, que es en el que típicamente se realizan estas operaciones, pero nada se ha hecho hasta ahora. En estas condiciones, cumpla o no Argentina con sus nuevas promesas (dudoso), hablar de retirar toda la energía paraguaya de Yacyretá es pura charlatanería.