Que no deben existir mandatos imperativos es un precepto constitucional, pero es sabido que numerosos legisladores esperan directamente la orden de sus jefes para apoyar o rechazar a ciertas personas o iniciativas. Pero que lo admitan abiertamente va mucho más allá de lo imaginable, y raya en un ninguneo de nuestra Carta Magna. Es lo que se está viendo en este momento en nuestro vapuleado Congreso Nacional.
La “bancada” cartista del Senado decidió esperar el regreso al país del presidente de la República, Santiago Peña, para adoptar una postura con respecto al proyecto de declaración que pide la renuncia de Hernán Rivas a su condición de representante del cuerpo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), “por su notoria falta de idoneidad y honorabilidad para desempeñar tan delicadas funciones”. Pero el cuestionado legislador facilitó las cosas al presentar ayer una nota pidiendo permiso para ejercer dicha representación, “por razones particulares” (¡¡¡!!!), que le fue aceptado por el pleno. Se podría decir que les sacó “las castañas del fuego” a quienes tozudamente continuaban dándole su apoyo con argumentos insostenibles.
Mientras seguía el tira y afloja para “subsanar la situación”, tanto el líder de la bancada, Basilio Núñez, como el propio Hernán Rivas admitieron que ya hablaron del tema con el presidente de la ANR, Horacio Cartes, y con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana.
El caso planteado es de suma gravedad, ya que está atacando el “sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control” entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como la ya mencionada prohibición constitucional de que los legisladores estén sujetos a mandatos imperativos. Para empezar, los senadores cartistas no tienen por qué recibir instrucciones del presidente del partido oficialista sobre si conviene o no que cierta persona siga representando a la Cámara Alta en el JEM: la Declaración de Principios de la ANR (2001) nada dice al respecto; más bien, postula el “fortalecimiento de las instituciones republicanas democráticas representativas”, el mismo que sería afectado si los legisladores pidieran instrucciones al jefe partidario sobre un asunto que solo atañe al Senado y al JEM.
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Lo mismo puede decirse del vicepresidente de la República. Una de sus pocas facultades es la de coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Se entiende que esta función no llega al extremo de coordinarlas con la “bancada” de un sector del partido gubernamental. En cuanto al Jefe de Estado, nombra por sí y ante sí a un representante suyo en el Consejo de la Magistratura, que podría integrar el JEM si fuera elegido por sus pares en dicho consejo; como corresponde, el primer mandatario no formula –eso es de esperar– ninguna consulta al Senado para designarlo ni, eventualmente, para pedirle que renuncie. ¿Por qué, entonces, los senadores tendrían que preguntarle si conviene o no que Hernán Rivas continúe en el cargo que tan mal ocupa? La respuesta solo podría buscarse en conceptos parecidos a los de abyección, sometimiento, lacayismo.
Este escándalo, que podría tener ribetes delictivos, estaría perjudicando la gestión del Primer Mandatario, según algunas opiniones, entre ellas la del propio senador Derlis Maidana (ANR, cartista). En realidad, las principales víctimas serían la Constitución, el JEM y el Senado. Este último cuerpo tiene que ser el primer interesado en que su representante esté legitimado para el efecto; si se somete a dictados ajenos, sacrifica su independencia: ni Horacio Cartes, ni Pedro Alliana ni Santiago Peña deben inmiscuirse en un tema que concierne exclusivamente a la Cámara Alta, y en última instancia, a la ciudadanía toda. Aquí está en juego la institucionalidad de la República: los legisladores solo deben responder ante sus propias conciencias de cuanto resuelvan con relación a sus portavoces en el JEM y en el Consejo de la Magistratura; la autonomía del Poder Legislativo tiene que ser preservada.
El desacreditado senador hizo bien en –al menos– pedir permiso en la representación mencionada, porque posiblemente no tiene la forma de levantar las presuntas transgresiones que se le atribuyen. En ese caso, hasta podría pensarse que ni siquiera debería estar en su banca senatorial.
Ni el Senado ni el JEM deben ser dirigidos desde la calle 25 de Mayo ni desde el Palacio de López. Tampoco vale aquí la excusa de que los senadores no son quiénes para juzgar la validez de un título académico. La institucionalidad republicana fue seriamente agraviada y los ciudadanos de todos los colores deben reclamar, de manera firme y sostenida, que sea reparado este ultraje y que los responsables reciban la sanción, aunque sea moral, por el daño ocasionado.