El inepto ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, tuvo el descaro de culpar a la prensa del motín que el Clan Rotela desató el 10 de octubre en la cárcel de Tacumbú y que terminó poniendo de rodillas al Gobierno. Según dijo, este diario y Última Hora habían publicado que el 2 de octubre él afirmó en el Consejo de Ministros que “el policía fugado (Oliver Lezcano) estaba descuartizado y muerto y lo hizo Rotela”. Conforme a su aclaración, lo que realmente dijo fue que “había tres posibilidades en estudio: que se fugó, que Rotela lo tenía y que lo habían matado y descuartizado”. En verdad, lo que resulta evidente ahora es que fue el mismísimo ministro quien planteó la hipótesis de que pudo haber sido muerto y descuartizado en la cárcel, a manos de la organización criminal. Entonces, la cuestión no fue ni es con la prensa.
Eso de “matar al mensajero” y no al causante de la mala noticia es una añeja práctica que, por lo visto, sigue teniendo vigencia, incluso en las altas esferas del país. La causa inmediata del motín fue el notorio desconcierto del susodicho y la de fondo el control ejercido en la prisión por Armando Javier Rotela y sus allegados. Atribuir la revuelta a la prensa es una vileza impropia de un ministro y desligarse de toda responsabilidad una muestra de cobardía moral. Lo que tendría que hacer cuanto antes es renunciar al cargo que nunca debió haber ocupado, más aún después de haber puesto en ridículo al Presidente de la República.
El 14 de octubre, Santiago Peña señaló que había sido necesario impedir el aumento del número de reclusos en la atestada prisión de Tacumbú, mediante una resolución ministerial del 29 de agosto; trece días más tarde, el ministro Barchini dispuso la reapertura de la penitenciaría nacional, fundado en que el 26 de agosto se había reportado –milagrosamente– una reducción de “más de 200 personas” en su población, aparte de que las demás cárceles del país también se hallarían abarrotadas. ¿No lo sabía el Ministerio de Justicia cuando se ordenó el cierre temporal? Aunque esa disminución se ajustara a la verdad, estaría muy lejos de justificar la nueva medida, pues al dictarse el cierre temporal la capacidad era de 1.500 reclusos, en tanto que la cantidad llegaba a 2.763.
Por de pronto, la penitenciaría ya ha recibido a unos cuarenta nuevos internos, que probablemente reforzarán las huestes del Clan Rotela, mientras que los jueces Gustavo Amarilla y Rosarito Montanía anunciaron que ya no enviarán a nadie al presidio de Tacumbú, en desacuerdo con su reapertura. A ello se agrega que, según una publicación de la prensa, el representante de un grupo de guardiacárceles en huelga, José Espínola, dijo que solo el 80% de las armas tomadas por los reclusos en el último motín, fue recuperado. El ineficiente ministro de Justicia se niega a admitirlo, pero la medida de enviar más reclusos a Tacumbú implicó ceder ante un grosero chantaje de la organización criminal, que se permitió emplazar al Gobierno por quince días para reabrir la mayor cárcel del país y trasladar allí a ochenta detenidos en el Departamento Judicial de la Policía Nacional, entre los que figuraban “soldados” del líder del grupo mafioso: no por pura coincidencia, fue reabierta precisamente en la fecha en que vencía el osado emplazamiento.
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El Poder Ejecutivo no debió haber permitido que el ejercicio de sus facultades legítimas fuera coartado por un poder fáctico criminal; el Jefe de Estado tiene el deber y el derecho de hacer respetar, en el marco de la Constitución, la autoridad otorgada por el voto popular. Su capitulación ha sido vergonzosa, presumiblemente por obra y gracia del exlegislador y exembajador en Catar, que mantiene en el cargo al director de la penitenciaría nacional, Luis Esquivel, mientras la prisión sigue desde hace semanas bajo el dominio del clan, provisto de armas arrancadas de los guardiacárceles, cuyos reemplazantes se niegan a ocupar sus puestos por falta de garantías.
Increíblemente, las autoridades competentes no toman iniciativas para poner fin a una situación intolerable, insólita en nuestra historia penal, que consiste en que la cárcel de Tacumbú fue convertida por los internos en “zona liberada” y en centro de operaciones del narcotráfico, bajo el mando de un tal Armando Javier Rotela, mientras a cierto ministro le urge mucho más criticar a la prensa, tratando de eludir responsabilidades. El Gobierno debe reconquistar cuanto antes el penal de las manos de los delincuentes y el Ministerio de Justicia de las de un incapaz que busca un chivo expiatorio, donde no existe. El Paraguay no se merece autoridades tan deplorables.