En la época de la dictadura de Alfredo Stroessner se decía que las dos terceras partes de la economía paraguaya figuraban como “no registradas”, es decir, eran manejadas por los ladrones del Estado y sus cómplices, sustrayendo así enormes cantidades que pertenecían a la ciudadanía. Sin duda, las cosas no han mejorado mucho, ya que el Paraguay continúa figurando en los primeros lugares entre los países más corruptos del mundo. En estas condiciones, lo que era de esperar es que las autoridades se esforzaran en promover mejores y más enérgicas leyes para combatir la corrupción. Pero no: he aquí que acaba de tener media sanción una iniciativa que premia a los ladrones públicos que, en caso de ser descubiertos, por ejemplo, tuvieran la gentileza de devolver lo robado. Se abre así una vía para seguir esquilmando al erario.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley inconstitucional, concebido por el diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista), que implica el fomento de la corrupción, bajo la figura de la “devolución premiada”. En efecto, con la excusa de recuperar el dinero sustraído al erario y el disparate de que el corrupto no sería peligroso, según el proyectista, los funcionarios que practiquen el latrocinio verán reducida su condena hasta la mitad de la prevista en el Código Penal si tienen ¡la gentileza! de restituir lo robado. Nótese que la inicua medida solo vale para los funcionarios: no beneficia a los particulares, con lo que se viola el principio de igualdad ante las leyes. Además, como las leyes penales más favorables al encausado o condenado tienen efecto retroactivo, también serán beneficiados los corruptos que ya fueron sometidos a la Justicia.
Es simplemente canallesco “premiar” a quienes atentan contra la salud, la educación y las obras públicas, entre otros servicios de interés general. Así jamás se podrá “estar mejor”. Por lo menos la población honesta no lo estará, aunque sí los bandidos de guante blanco. Como dice la diputada Rocío Vallejo (PPQ), solo falta que a quien devuelva lo robado se le de “un certificado de buena conducta por ser un excelente corrupto”. Se nota que a una mayoría de sus colegas no le interesa que los ladrones sean castigados con rigor, para disuadir de la comisión de delitos contra el patrimonio estatal, esto es, contra lo obtenido gracias a los tributos que abonan sus representados. El ordenamiento jurídico de un Estado de derecho debe apuntar a preservarlo, pero ahora resulta que esa misión esencial será dinamitada por una norma aberrante, que no hará más que alentar a los sinvergüenzas. El riesgo que estos corran a la hora de malversar no será muy alto, pues si repararan el daño en el improbable caso de ser pillados, solo recibirían una pena muy leve.
De hecho, se trata de una invitación a seguir robando, así que manos a la obra, al amparo de una ley infame, promovida por un personaje inescrupuloso y apoyada por unos parlamentarios de similar índole. La corrupción que infecta el país es un obstáculo estructural que desalienta las inversiones necesarias para elevar el nivel de vida de la población.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tiene los ojos puestos en ella desde hace años; en especial, critica que ni la legislación ni la judicatura la combatan como es deseable, pero se da media sanción a una iniciativa escandalosa, que habrá de promover el saqueo de fondos públicos. Por descontado, la próxima calificación que el Paraguay reciba del Gafilat no será la mejor ni mucho menos, con la consecuencia inevitable de espantar el capital extranjero. Aparte de confirmar que el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025, lanzado por el anterior Gobierno, es un engañabobos, los cartistas y sus aliados dieron una puñalada artera al país con sentido de integridad y de decencia que se quiere construir.
Días antes de asumir la presidencia de la República, Santiago Peña dijo que suprimiría la Secretaría Nacional Anticorrupción, porque “no dio los resultados esperados”, lo que no deja de ser verdad. Allí sigue, sin que su existencia inquiete a los diputados oficialistas, dado que basta con que se dicten normas como la referida para que los focos de corrupción se multipliquen hasta desbordar la capacidad institucional de prevenirla y reprimirla. Con iniciativas como esta, los delincuentes insertos en el Presupuesto están de parabienes, así como los que aspiran a imitarlos. En efecto, los funcionarios que aún no se han atrevido a delinquir con la cosa pública, podrán ganar coraje y lanzarse contra el erario, sin temer una dura sanción en caso de ser descubiertos.
Resta la remota esperanza de que el Senado no haga lo mismo, demostrando con su rechazo al perverso proyecto de ley que aún hay legisladores que tienen en cuenta el bienestar de sus conciudadanos. El Paraguay ya fue saqueado suficientemente. No hace falta crear estímulos para que se lo siga haciendo.