En los últimos años, el senador Silvio Ovelar (ANR, cartista) ha logrado ubicar al menos a diez parientes cercanos en el Presupuesto estatal y en el de las entidades binacionales, para que vivan a costa de los contribuyentes sin haber demostrado sus aptitudes en un concurso público de oposición para hacerse funcionarios ni haber existido necesidades temporales de excepcional importancia para la comunidad que justifiquen su contratación, tal como manda la Ley de la Función Pública. Por ende, en la mayoría de los casos, sus respectivos nombramientos y contrataciones son nulos de nulidad absoluta, pero nadie ignora que la norma pertinente es letra muerta, más aún cuando afecta a quienes gozan de poderosos padrinos.
En total, los familiares del legislador ovetense cobran 291.923.396 guaraníes mensuales, incluidos los 37.000.000 de guaraníes en concepto de dieta y gastos de representación del jefe del clan, que acaba de reconocer la vocación de servicio de su hijo Alejandro, contratado para servir de ¡“asistente” en la Dirección de Audiencias! de la Cámara Baja tras una llamada del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, cartista), con un sueldo de 3.300.000 guaraníes al mes. Reconoció que no se opuso a la incorporación por el “amor” que siente por su vástago, quizá tan fuerte como el que prodiga a su esposa Magnolia, directora jurídica de Itaipú Binacional, con un ingreso mensual de unos cien millones de guaraníes, casi dos veces superior al que cobra su padre Armando Mendoza en la Entidad Binacional Yacyretá. Se trata, sin duda, de una familia que “está mejor” que el grueso de los paraguayos.
Según el senador, la “emoción” paterna le habría hecho “meter la pata en más de una manera por amor”. Preguntado si hubo un posible tráfico de influencias, respondió afirmativamente, lo que debería conllevar la pérdida de su investidura. Meter la pata implica equivocarse en algún asunto, aunque sea banal; meter la mano en el erario, indirectamente, para alimentar a la clientela política propia y ajena es algo mucho más grave, incompatible con la dignidad del cargo de quien alguna vez fue suspendido como senador por haber “prestado”, en un “trato apu’a”, cédulas de identidad para impedir la emisión del voto en unas elecciones. Pese a dicho vergonzante trato, hoy preside la Cámara Alta, como si en este país no se perdiera ni se ganara reputación, al decir de uno de sus exgobernantes.
La experiencia enseña de sobra que el hecho de que exista una Honorable Cámara de Senadores no implica necesariamente que cada uno de sus miembros lo sea. A Silvio Ovelar le resultan irresistibles las exigencias derivadas del prebendarismo rampante, así que está abocado a ampliar el Palacio Legislativo para que el parasitismo tenga un espacio mayor: uno de los beneficiarios será su hijo, que atribuye su incorporación solo a unos méritos no tan comprobados como su relación familiar. Personajes como el que nos ocupa convierten el erario en un botín a ser repartido contra el bien común.
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En cuanto a la educación pública, a la que el legislador minimizó totalmente frente a la privada, todos sabemos el lamentable estado en que se encuentra, lo cual, sin embargo, no garantiza que todos quienes hayan salido de la segunda tengan acceso casi directo a las altas instituciones, salvo la conveniente palanca, léase padrino, ni que los egresados de las instituciones públicas sean todos analfabetos. De hecho, una de las tantas manifestaciones de repudio que generaron en redes sociales sus desdichadas manifestaciones, le recuerdan al senador “trato apu’a” que él mismo estudió en escuelas públicas. En consecuencia, no es muy edificante vanagloriarse de que su hijo haya estado haciendo pasantía –¡cuántos otros jóvenes querrían hacer lo mismo!– en ese Poder del Estado, y que posteriormente, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, haya promovido su incorporación. Repetimos, hay tufo a tráfico de influencias, según admitió el propio Ovelar. Parece que hubo un “trato apu’a”.
Como se ve, no valen justificativos, salvo los exigidos por la ley, para continuar engordando el elefantiásico aparato estatal. No nos vendrán a decir ahora que un chico de 20 años, por más brillante que pueda ser, sea tan indispensable para la buena marcha del Congreso, cuando allí pululan funcionarios sin mucho qué hacer, y aún más, “exporta” contratados a otras instituciones. El diputado Latorre deberá explicar con qué argumentos solicitó su incorporación y si participó del correspondiente concurso que exige la ley.
En vez de elogiar el nombramiento de su hijo, el senador Silvio Ovelar, desde su alto cargo debería buscar alguna forma de descomprimir el erario de “presupuestívoros”, y no pedir la ampliación de la sede del Congreso –el “plato volador”– para albergar a más sanguijuelas que succionan los recursos aportados por los contribuyentes.