Es de suponer que el diputado Latorre debe conocer estas circunstancias, salvo que haya cambiado la ley, lo que no nos consta a primera vista, porque de lo contrario sería inconcebible que nada menos que el titular de una Cámara del Congreso se proponga transgredir la normativa, al parecer para satisfacer a una clientela insaciable, en especial de integrantes y allegados al organismo legislativo.
La opinión pública está ansiosa por conocer las labores que los jóvenes efectuarán en la Cámara de Diputados: ¿lucharán contra el dengue, encuestarán a la gente, atenderán a las víctimas de inundaciones o redactarán sesudos dictámenes? Porque, los afortunados no podrán dedicarse a tareas distintas a aquellas para las que fueron contratados, como las de servir café, abrir ascensores o portar el maletín de un diputado. O asesorar a sus progenitores. Si lo hicieran, el contrato sería anulado y la responsabilidad penal, civil y administrativa recaería sobre la más alta autoridad de la Cámara, siempre de acuerdo a la Ley de la Función Pública. A propósito de la responsabilidad penal, el Ministerio Público debería investigar la de todos aquellos jerarcas de la administración pública que contrataron ilícitamente a lo largo de los años. En este caso del Congreso, dicho organismo ya pidió más tiempo, probablemente el suficiente para que el caso se debilite y termine en el “oparei”.
El diputado Raúl Latorre y el senador Silvio Ovelar (ANR, cartista) deberían saber que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y que, por ende, también las designaciones de funcionarios que no participaron en un concurso público de oposición son nulas de nulidad absoluta. De hecho, la gran mayoría de los nombramientos en el Poder Legislativo se han venido efectuando sin que los beneficiados –parientes, amigos y correligionarios de los congresistas– hayan demostrado sus méritos y aptitudes. Allí se ha venido vulnerando, sistemáticamente, el principio constitucional de “la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad”.
A la Secretaría de la Función Pública nunca le importó averiguar si el personal del Congreso es seleccionado o contratado de conformidad con la Ley N° 1626/00, pese a la atribución que ella le otorga: si se hubiera tomado la molestia, serían numerosos los “recomendados” que deberían volver a sus casas porque los actos administrativos que los incorporaron fueron absolutamente nulos. Si ello ya hubiera ocurrido, el senador “Trato apu’a” Ovelar no habría creído necesario ampliar y reacondicionar el edificio del Congreso, que ya no daría para más, porque las demandas de los legisladores en cuanto a prebendas serían irresistibles.
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En fin, culmina un pésimo año en el “platillo volador”, como es conocida la sede legislativa. Lo peor es que un gran número de quienes allí producen las leyes y, se supone, deben ser celosos guardianes de su cumplimiento, son quienes se empeñan en modificarlas o usarlas para su conveniencia, olvidando a quienes deben servir, ya que gustan vanagloriarse de ser “representantes del pueblo”. Es de desear que, en este nuevo año que comienza, los ciudadanos despierten y se opongan con firmeza, siempre ejerciendo sus derechos dentro de la ley, a que sigan siendo utilizados para perpetrar con sus impuestos graves afrentas a la Constitución y las leyes.