El bachiller científico Elías Godoy Torres, de 19 años, “asesor” de su madre Roya Torres (PLRA), se instaló sin permiso en la filial Alto Paraná de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), ubicada en la Gobernación del citado departamento, al que representa la legisladora, negándose a hablar ante la prensa. El titular de dicho órgano, Fernando Ortellado, dispuso una pesquisa porque “no queda bien” que alguien no vinculado administrativa ni contractualmente con la institución “esté ocupando y haciendo oficina allí”. En otras palabras, no tenía nada que hacer en ese lugar. Por de pronto, ya fue removida la jefa de la oficina regional, comisionada allí por la Cámara de Diputados.
Es claro que no queda bien que el joven se haya convertido en un funcionario para “asesorar” a su progenitora con un sueldo mensual de 9.500.000 guaraníes, sin haber intervenido en un concurso público de oposición, como manda la Ley N° 1626/00. Finalmente, la legisladora liberal –pero afín al cartismo– informó que su hijo ha renunciado al cargo, sin duda alguna por la indignación que el caso produjo en la ciudadanía.
Otra irregularidad: el asesor renunciante había alegado que ejercía un “cargo de confianza”, lo cual es falso, pues el mismo no figura entre los que el art. 8° de la citada ley menciona en forma taxativa en cinco incisos, empezando por el ejercido por los ministros del Poder Ejecutivo y terminando con el ocupado por los directores jurídicos, económicos y similares de las entidades estatales. Pero con mucha frecuencia, por ignorancia o por malicia, esa figura se ha utilizado de la peor manera, realizándose nombramientos supuestamente “de confianza”, fuera de la ley. Es imposible que desconozcan ese aspecto los legisladores, en especial los presidentes del Senado y de la Cámara Baja, Silvio Ovelar y Raúl Latorre (ambos de la ANR y cartistas), respectivamente.
Otro buen ejemplo de ilicitud es el caso de Silvana Busto Adorno, contratada para “asistir” a su padre, el diputado Domingo Adorno (ANR, cartista), y no precisamente para atender “necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, que sean afines a los objetivos del organismo en cuestión, según exige la Ley de la Función Pública. La estudiante de Ingeniería Comercial, que se jactó de ser una “nepobaby” y que también cree ocupar un “cargo de confianza”, percibe cada mes 3.300.000 guaraníes, aunque la nómina del Ministerio de Economía y Finanzas le asigne 4.250.000. Así se distribuye el dinero de los contribuyentes. En efecto, también en el Senado se dilapidan los recursos públicos en pro de la parentela de algunos miembros, como el liberal José Ledesma y los colorados cartistas Derlis Maidana, Carlos Núñez y Ramón Retamozo.
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Por cierto, el diputado Latorre y el senador Ovelar no se limitan a ese grupo meta, en lo que atañe a la desaforada práctica del prebendarismo: hasta noviembre de 2023, desde que asumieron sus respectivas presidencias el 1 de julio de ese año, incorporaron en total 313 contratados y 118 funcionarios, a los que se suman 80 comisionados por otros organismos, a un costo global de 2.217.814.056 guaraníes mensuales. Se entiende así que el senador “Trato apu’a” haya creído necesario ampliar el Palacio Legislativo porque “ya no da para más”, según dijo. Tampoco va dando para más la paciencia de la ciudadanía ante tan asqueroso “autoservice”. La enorme suma referida bien pudo asignarse, por ejemplo, al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que ahora se está quejando porque no tiene presupuesto para atender a los indígenas, centenares de los cuales sobreviven en condiciones infrahumanas en pleno centro de Asunción.
El senador Ovelar se queja de un “ataque despiadado” de la prensa, lo que atribuye a su carácter de cartista. Pero ni su hijo habría renunciado, ni la diputada Roya Torres habría pedido al suyo que hiciera lo mismo, o el diputado Cleto Giménez (PLRA) habría hecho igual cosa con sus dos hijas, si la prensa no hubiera revelado las indignantes corruptelas. Los desvergonzados, que no se cansan de invocar al pueblo, degradan el ordenamiento jurídico, violando la ley allí donde es sancionada.
Cabe preguntarse, en fin, si la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público tienen algo que decir sobre las infamias referidas. Sería lamentable que no se les ocurra nada, como si las fechorías parlamentarias estuvieran más allá del bien y del mal. Los sinvergüenzas con fueros deben aprender a respetar la ley y la moral, al igual que el ciudadano “común”.