El 2 de enero entró en vigor el contrato de concesión sobre el estacionamiento tarifado en tres zonas de la capital del país durante quince años, firmado en 2016 y presuntamente infringido luego por el consorcio Parxin, en contra de la Ley de Concesiones y de Servicios Públicos, así como del pliego de bases y condiciones de la licitación. Los problemas con la ejecución surgieron de inmediato, pese a que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) había ordenado el inicio de los trabajos cuatro meses antes.
Parxin, que se quedará con el 65% de los ingresos durante quince años, tuvo tiempo suficiente para tomar las medidas que permitan una ejecución sin tropiezos, pero ocurre que ahora los usuarios no pueden emplear sus teléfonos móviles para el pago porque los datos solicitados en la aplicación son confusos, que ella contiene errores de localización de las zonas tarifadas y de los puestos de pago, que el consorcio no emitió facturas por los primeros ingresos, que faltan señalizaciones y que los cuidacoches no salieron de las calles en las que actúan empleados de Parxin. La ley citada obliga al concesionario a facilitar a los usuarios el conocimiento del sistema de prestación de servicios, a atender sus reclamos y a disponer “su expedita solución”.
Como nada de ello había ocurrido hasta el viernes, la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario (Sedeco) hizo bien en efectuar inspecciones y en conminar a la concesionaria a entregarle datos sobre el contrato, sobre las medidas de ciberseguridad y contingencias ante fallas del sistema y sobre los medios de pago, entre otras cosas. Según la responsable de esa institución, Sara Irún, un eventual sumario podría concluir con la imposición de multas o hasta con la suspensión del servicio, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario. La de Concesiones y Servicios Públicos autoriza a la Municipalidad, “sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República (CGR)”, a fiscalizar cada etapa del contrato y a imponer a Parxin las sanciones que fijan las bases licitatorias y contractuales si incumple las condiciones generales de la concesión.
El indiferente Nenecho Rodríguez se lavó las manos, aduciendo con el mayor descaro que no es problema suyo si “el ciudadano no estaciona en ese lugar”, que nada tuvo que ver con la adjudicación del contrato y que a él lo obligaron a cumplirlo. “Por eso, me da igual”, expresó en forma increíble. A lo que estuvo obligado de entrada es a rescindir el contrato, tras aparecer un documento que habla del cambio de participación accionaria a favor de Geolatina, que carece de la experiencia mínima de tres años en la gestión de tres mil sitios de parqueo que hayan generado al menos veinte millones de dólares, tal como lo exige para la empresa líder el pliego de bases y condiciones. Sin embargo, para Parxin, Onix seguiría siendo la empresa líder. Un menjunje.
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Por más de que quiera lavarse las manos y sacudirse el problema de encima, el intendente ignoró la transgresión de esta cláusula al igual que un llamado de la Cámara de Diputados, en el sentido de rescindir el contrato por tal motivo y porque convendría que Asunción se dote antes de un buen sistema de transporte público que reduzca el uso de vehículos privados. Si a ello se agrega una iniciativa popular desestimada por Nenecho y por la gran mayoría de los ediles, cabe suponer que existía un fuerte interés inconfesable en seguir adelante con la iniciativa que se volvió irregular al modificarse la integración del consorcio, cuya inexperta presunta empresa líder tuvo que haberse responsabilizado ante la Municipalidad del fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las asociadas, según la ley antes referida.
La CGR debería expedirse también sobre esta cuestión. En abril de 2023, no sabía muy bien cuál era la firma que encabezaba el consorcio, trasladando la respuesta a la Municipalidad, de modo que cabe preguntarse si aún ignora que hoy la socia mayoritaria es Geolatina SA, con el 60% de las acciones, tras haber adquirido el 20% de las de Onix SA. Las serias dificultades prácticas ya observadas no deberían sorprender si las firmas responsables carecen de la experiencia exigida en el pliego de bases y condiciones. Tampoco es llamativo que el desfachatado intendente crea que son los usuarios quienes tienen que vérselas con ellas: a él le da igual, como si la ley no le obligara a velar por la calidad de las obras o servicios concesionados.
Si de organismos estatales se trata, también la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público deberían intervenir en este fétido asunto. De la Defensoría Vecinal posiblemente poco se puede esperar, teniendo en cuenta que está a cargo de Óscar David Rodríguez, cuñado de Nenecho.
Es inconcebible que sigan faltando reglas claras en cuestiones que afectan el bienestar y el bolsillo de los contribuyentes. Es hora de que estos se hagan sentir, firme y sostenidamente, para evitar que quienes deben ser sus servidores se sirvan de ellos.