Cargando...
Ya pasó un mes desde que se reveló el escándalo, pero sigue siendo un misterio adónde fueron a parar los más de 500.000 millones de guaraníes, provenientes de la emisión de bonos, que la Municipalidad de Asunción debió haber destinado a la construcción de obras físicas. Lo que se sabe es que entre diciembre de 2022 y fines del año pasado, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) efectuó 24 transferencias desde la cuenta de los bonos G8, en la que ingresaron 360.000 millones de guaraníes para financiar ocho cuencas pluviales aún no construidas. En el último diciembre solo restaban 48 millones de guaraníes: el dinero fue transferido a varias cuentas, cuyo contenido ignora incluso el concejal Álvaro Grau (PPQ), pese a su condición de tal y a que haya invocado la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental. Recibió como respuesta un rotundo silencio, que le indujo a presentar un recurso de amparo ante la judicatura. Lo que se sabe es que el primer traspaso fue hecho desde una cuenta del Banco Basa, días después de que allí se hayan depositado 180.000 millones de guaraníes. Hasta ahora se conocen los cuantiosos montos de otros cheques emitidos, aunque se desconoce a qué cuentas ha sido transferido el dinero en operaciones que a veces ocurrían hasta tres veces en un mismo día.
En su demorado informe a la Contraloría General de la República (CGR), el jefe de la administración comunal creyó innecesario señalar en qué se gastó el dinero de los asuncenos, pese a que la gravísima cuestión gira precisamente en torno a ese punto. Antes de entregarlo y para evitar contradicciones, tuvo que haber acordado su contenido con el jefe de Gabinete, Nelson Mora. Pero evidentemente no ocurrió así, ya que este adujo que el dinero fue desviado para financiar la “operatividad” de la institución, pues el personal que trabaja en la calle, incluso los domingos, según dijo, necesitaría combustible, uniformes y herramientas. Empero, resulta que el informe no adjunta comprobantes de tales erogaciones, entre los que se incluirían los salarios, es decir, gastos corrientes que no pueden ser solventados mediante el crédito público, según la Ley Orgánica Municipal (LOM).
Nenecho ni siquiera demostró que los fondos fueron desviados a gastos “operativos”, ajenos a la finalidad de los bonos emitidos, de modo que no debe excluirse la posibilidad de que hayan sido “privatizados” en cierta medida, algo que la CGR y el Ministerio Público tendrían que investigar. Tanta reticencia a aclarar las dudas invita a pensar cualquier cosa.
Fundada en una ordenanza de 2018, contraria a la LOM, la administración municipal habla de una “cuenta única”, una suerte de cajón de sastre que serviría para cubrir déficits temporales de caja, mediante préstamos a corto plazo. Aparte de que tal alegación contradice la del jefe de Gabinete y de que el informe al órgano contralor no demuestra la existencia de dicha cuenta, es de señalar que los fondos obtenidos mediante los bonos tenían como destino específico la infraestructura de la ciudad, tal como fue presupuestado. En consecuencia, no podían usarse para tapar agujeros temporales o permanentes, es decir, para que la “inviable” Municipalidad –Nenecho dixit– siga “bicicleteando”. Conste que tiene una Dirección de Controlaría Interna y otra de Transparencia y Anticorrupción. Por su parte, el silencio más ruidoso en este caso es el del Ministerio Público, a cargo de Emiliano Rolón, que sigue sordo, ciego y mudo, como si no le interesaran los asuncenos.
A esta altura, el intendente ha hecho bastante como para destruir la presunción de su inocencia en un caso en que está en juego una suma muchísimo mayor que la afectada por las corruptelas habituales a nivel local. Pero ya no puede seguir usando la típica frase “eju lune” (vení el lunes), que se pronuncia cuando se quiere esquivar o prolongar indefinidamente un asunto.
La notable falta de transparencia genera desde ya una fuerte sospecha, que a Nenecho le costará mucho borrar, en tanto que la mayoría de la Junta Municipal ha demostrado de nuevo que no le inquieta aparecer como cómplice o encubridora de cualquier desmanejo: los ediles son personalmente responsables, con sus bienes, por los daños que causen a la Municipalidad al autorizar operaciones opuestas a la ley, salvo que hayan hecho constar su disidencia. Desde luego, el intendente y los funcionarios cargarían ya con la responsabilidad civil y penal por incumplir la LOM en el ejercicio del cargo. Se espera que, si se constatan ilicitudes, los culpables sean punidos como se debe y que la Municipalidad asuncena deje alguna vez de avergonzar al país.
