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Para justificar la inexistencia de las obras invocaron una ordenanza de 2018 que crea una cuenta única, que serviría para saldar déficits temporales de caja mediante créditos a corto plazo; es decir, para recurrir al “bicicleteo” acostumbrado. Y bien: esos fondos tenían un destino específico, de modo que no podían ser utilizados con otros fines. Si a ello se añade que la Ley Orgánica Municipal (LOM) impide realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes, como quizá habría ocurrido, hay motivos para creer que los más de 500.000 millones de guaraníes ingresados a partir de 2020 fueron gastados en forma ilícita.
De hecho, el propio intendente ha dicho que los fondos fueron utilizados para evitar préstamos motivados por déficits provisorios, una confesión que bastaría para concluir que la multimillonaria suma fue malversada, si no fuera porque, en realidad, se siguió recurriendo cada año a esos créditos para el pago de los sueldos y aguinaldos de unos nueve mil funcionarios, contratados y jornaleros. En 2023, la deuda a corto plazo llegó a 240.000 millones de guaraníes. Sigue así pendiente de respuesta a la pregunta de adónde fue a parar lo producido por la emisión de los bonos, violándose no solo la LOM sino también el reglamento de la Ley Nº 5810/17, sobre el mercado de valores, según el cual todo cambio en el uso de los recursos obtenidos por esa vía debe ser previamente justificado ante la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores, así como puesto a conocimiento público.
Como nada de eso ocurrió, resultaría que, desde un principio, la Municipalidad engañó, en cuanto a la “inversión” en verdad prevista, no solo a los contribuyentes asuncenos, que deben cancelar la deuda hasta 2035, sino también a quienes adquirieron los bonos: de acuerdo a la ley referida, unos y otros pueden denunciar el desvío ante la Superintendencia mencionada. Pero hay más, de acuerdo a lo que revelaron el senador Rafael Filizzola (PDP) y la diputada Johanna Ortega (PPS): en diciembre de 2023, de los bonos G8 solo sobraban 48 millones de guaraníes, pero en enero de 2024 y por arte de magia, los consorcios CCC-Tecsul y Pluvial Abasto, que recién a fines de febrero comenzaron el movimiento suelos, recibieron un anticipo de 27.234 millones de guaraníes, en total; solo falta que se alegue que los “gastos operativos”, de los que habló el jefe de Gabinete, incluyen los salarios de los trabajadores de los consorcios.
En esta truculenta historia también deben dar cumplidas explicaciones los concejales que aprobaron por amplia mayoría el balance general de 2023, para no ir más lejos. Ninguno de ellos ha tenido el valor de dar la cara, como si nada tuvieran que ver con el desvío de fondos de sus destinos específicos: al parecer, se confabularon con el vergonzoso intendente para violar al menos dos leyes y engañar tanto a los tenedores de bonos como a los contribuyentes, quizá con el fin de mantener a una vasta clientela o incluso de “estar mejor”. Lo cierto es que Nenecho nada ha hecho para disipar la fuerte impresión de que aquí se ha incurrido en uno de los mayores negociados de las últimas décadas. Se necesitan cuentas claras.
Es de esperar que la Contraloría General de la República (CGR) cumpla con su deber de examinar con todo rigor la legalidad del empleo de los fondos y que, eventualmente, el Ministerio Público haga lo que le corresponde. Lo que habría acontecido tiene que ser sancionado de acuerdo a la ley: las actuaciones de las autoridades municipales, posteriores al estallido del tremendo escándalo financiero, hacen suponer que tienen mucho que ocultar. No hay que darles respiro hasta que pongan todas las cartas sobre la mesa y respondan la simple interrogante de dónde está la plata: la sufrida población capitalina tiene derecho a saberlo.