Este no es el primer Gobierno –ni seguramente será el último– que apenas sube y sus integrantes proclaman que la inseguridad ha bajado. Ello ha de ser porque las autoridades que asumen se ven beneficiadas con vehículos y guardias, mientras el común de las familias teme enviar a sus hijos a la cercana despensa del barrio apenas se pone el sol. Por eso resulta chocante que las autoridades repitan que la inseguridad es apenas una “sensación” y que los delitos han disminuido. Si todas las veces que nos repitieron eso fueran verdades, a esta altura ya no habría delincuencia. Pero, lamentablemente, no es así.
En efecto, los sucesivos Gobiernos tienden a minimizar la inseguridad. El actual presidente, Santiago Peña, llegó a afirmar, incluso antes de asumir el cargo, que el Paraguay tiene un índice de criminalidad propio de los países nórdicos si se exceptúan los departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú. Curiosamente, sí admitió que hay un “problema de delincuencia”, como si ella nada tuviera que ver con la cuestión.
Esos dichos fueron desmentidos en enero de este año por un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, según el cual el Paraguay ocupó en 2023 el cuarto lugar entre los países del mundo con el mayor crecimiento en cuanto a criminalidad, solo por detrás de México, Colombia y Myanmar. Por cierto, encabezaría en Latinoamérica el tráfico de armas, así como el contrabando de cigarrillos, que financiaría otras actividades criminales al utilizar las mismas rutas. Además, el reporte señaló la fuerte presencia en el país del Primer Comando da Capital (PCC) que, según una reciente publicación del medio brasileño O Globo, este controlaría en nuestro país la producción de marihuana y el tránsito de cocaína.
A lo anterior se suma la influencia del PCC en el sistema penitenciario, en competencia con el clan paraguayo de los Rotela, materia en cuyo campo el actual Gobierno ha tenido un importante éxito inicial en Tacumbú. Pero los problemas persisten como se refleja en que hace un par de semanas, tras una riña en el llamado Centro de Rehabilitación Social de Itapúa, fueron incautados estupefacientes, armas blancas y bebidas alcohólicas, entre otras cosas, lo que supone que la depuración de las prisiones está lejos de haber concluido, como se quiere dar a entender.
Siguiendo el libreto tradicional y fundado en datos del Grupo Lince, el comisario general Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna, afirmó que hubo un “descenso” de la zozobra en el departamento Central. Agregó que, aunque quizá la ciudadanía aún “perciba” los hurtos agravados y los asaltos en motos, “los números están reducidos”, y a su criterio solo habría que “trabajar en la percepción y en la confianza ciudadana”, sin perjuicio, curiosamente, de que “quizá nos falta la parte preventiva, por falta de recursos y movilidad”, algo que, según dijo, se buscaría mejorar en diciembre. Todo esto lo afirmó días después de que, en Capiatá, el conductor de un automóvil de plataforma –agente del Grupo Lince– haya ultimado a un asaltante con orden de captura por violencia intrafamiliar, y de que, en el mismo municipio, el padre de una joven que festejaba sus quince años haya sido muerto por uno de dos presuntos sicarios que llegaron a su casa para arreglar cuentas con otra persona. Por otra parte, en pleno barrio Trinidad de Asunción y a la luz del día, una joven mujer que transitaba por la calle fue objeto de un intento de rapto, y se salvó lanzándose del vehículo en movimiento, sufriendo varios golpes.
El viceministro no dio cifras, pero cuesta mucho creer que el departamento Central sea hoy menos inseguro; él cree necesario corregir la errónea percepción de la gente. Y, refiriéndonos a los hechos ocurridos tan solo hace pocos días, le recordamos que una escuela del barrio Loma Pytã adelantó una hora el ingreso a clase para que los alumnos salgan antes de tener que cruzarse con drogadictos, a lo que se agrega que no solo el Bañado Sur y el barrio Ricardo Brugada están fuera de control. Se puede recordar también que hace un par de meses, dos mujeres periodistas de este diario sufrieron un intento de asalto a tan solo metros de la Comandancia de la Policía Nacional (PN), siendo improbable que se haya tratado de un mero error de “percepción” de parte de ellas.
Aparte del Alto Paraná y de los departamentos mencionados por el entonces candidato presidencial, hay otros que tampoco escapan a la inseguridad, como lo ha admitido implícitamente el propio Gobierno al disponer que fuerzas militares cooperen con las policiales en “operaciones defensa interna” en los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú, pese a que el art. 173 de la Constitución solo les encarga custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas. La medida supone que la PN está siendo desbordada por la delincuencia, organizada o no, como lo dio a entender el almirante Cíbar Benítez, secretario permanente del Consejo Nacional de Defensa, al señalar hace unos días que las amenazas “híbridas” a la población, al territorio y al Estado, ligadas al crimen organizado transnacional y al terrorismo, superan los medios materiales del órgano que debe preservar el orden público. Utilizando palabras del viceministro Pereira, ¿error de “percepción” del almirante Benítez?
Negar que la inseguridad es alarmante es tomar por idiota a la ciudadanía, sabedora de que la vida, la libertad y los bienes de las personas están expuestos a diario a los embates de malvivientes de todo tipo, sin que se adviertan signos de mejora: al contrario, nos estaríamos alejando cada vez más de los índices de criminalidad de los países nórdicos, aunque discrepe Santiago Peña.