Su ley orgánica obliga al Ministerio Público a mantener al tanto de su gestión a los ciudadanos, informando objetivamente a los medios de prensa sobre los principales asuntos o investigaciones. Empero, ya ha pasado un mes y poco se sabe de sus labores tras el allanamiento de la Municipalidad asuncena en la causa por el delito de lesión de confianza, abierta al intendente por el desvío de cuantiosos fondos que debían invertirse en la construcción de doce obras de infraestructura, según constató la Contraloría General de la República (CGR). Pareciera que un muro invisible –u orden superior– pusiera freno a su gestión. Solo se conoce hasta hoy que el impresentable intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) hizo llegar el 2 de agosto, el último día de un emplazamiento, una documentación adicional requerida por el órgano que representa a la sociedad ante la judicatura para, entre otras cosas, promover la acción penal en defensa del patrimonio público.
Por motivos que se ignoran, este se ocuparía solo de los bonos emitidos en 2022 y en 2023, dejando de lado los correspondientes a los dos años anteriores, tal como también lo hizo la CGR. Es cierto que la información que brinde el Ministerio Público no debe “afectar la reserva de las actuaciones judiciales o el principio de inocencia”, pero su Dirección de Comunicación y Prensa no violaría esta prohibición si, por ejemplo, reportara a la ciudadanía la razón por la que omite averiguar, incluso de oficio, lo ocurrido con los fondos que ingresaron en 2020 y 2021, mediante los bonos G6 y G7, cuando Wilfrido Cáceres –hoy investigado por enriquecimiento ilícito– fungía de jefe de Gabinete. Dado el silencio al respecto, la diputada Johanna Ortega (País Solidario) se atrevió a decir que “hay una cierta complicidad, porque la Fiscalía está haciendo la vista gorda a temas del cartismo”.
Es cierto que el Ministerio Público debe informar atendiendo la reserva de las actuaciones o el principio de inocencia, como le ordena su ley orgánica, pero la injustificada falta de transparencia puede inducir a suponer que se busca no solo ocultar cuestiones relevantes de interés general, como la señalada, sino también provocar que el silencioso transcurso del tiempo haga que se desatienda el presunto delito y que hasta prescriba el hecho punible o se extinga la acción penal. Los autores, cómplices y encubridores confían en que los nuevos hechos de corrupción releguen al olvido a los aún pendientes de castigo, como suele ocurrir.
Se espera, pues, que los agentes fiscales Marlene González, Silvio Corbeta y Jorge Arce sean diligentes y observen los plazos procesales para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –es un decir– no los juzgue de oficio si su inacción causa la impunidad de quien o quienes hayan estado involucrados en este gravísimo asunto. Parte del trabajo ya ha sido emprendido por la CGR, así que el Ministerio Público no debería demorarse tanto en formular una imputación, que bien podría ser ampliada si también indagara sobre los bonos G6 y G7, como corresponde. En cuanto a este diario, que el 7 de mayo reveló el sórdido caso, seguirá insistiendo en la necesidad moral y jurídica de que se sancionen las ilicitudes constatadas, consentidas por los concejales, arriesgándose así a convertirse en eventuales cómplices, con todas las responsabilidades que ello implica. Ya no debe aceptarse que casos como este terminen en la nada, como suele ocurrir tantas veces cuando en ellos participan actores políticos.
Nenecho y sus allegados deben dar cuenta de hasta el último centavo, para lo cual también importa que los asuncenos se lo recuerden una y otra vez, con firmeza pero dentro de la ley, allí donde los encuentren. Tanto como los agentes fiscales y los jueces, sus víctimas tienen derecho a saber adónde fue a parar el dinero que deberán reembolsar con intereses. Los 500.000 millones de guaraníes destinados a usos ajenos a su función deben ser devueltos por quienes habrían incurrido en responsabilidades penales y civiles, derivadas, en el menos malo de los casos eventuales, de violar la prohibición legal de financiar gastos corrientes mediante operaciones de crédito público.
La CGR cree haber hecho lo suficiente, sin haber informado sobre el empleo de lo producido por los bonos de 2020 y 2021; el Ministerio Público tampoco se ocupa de ellos, sino solo de los bonos G8 y G9, siendo de temer que lo suyo termine en agua de borrajas (“oparei”). En este grave escándalo, que, según un legislador, apunta a ser la mayor malversación de nuestra historia, la impunidad no debe volver a triunfar sobre el bien común.