La crisis financiera de la Municipalidad capitalina es tal que ya no puede abonar con puntualidad e íntegramente los salarios de la copiosa clientela política allí instalada, ni siquiera pidiendo préstamos para saldar deudas o desviando fondos previstos para obras de infraestructura, obtenidos mediante la emisión de bonos que ya conllevan el pago de intereses moratorios. Si a ello se agrega una deuda de 32.000 millones de guaraníes con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal –heredada de administraciones anteriores e incluso de la suya propia– y la inminente intervención de su gobierno, resulta que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) está agudizando una debacle, con la complicidad de la gran mayoría de los concejales.
Les tiene sin cuidado que los vecinos de Asunción vivan en una ciudad inhóspita por culpa de la ineptitud, la corrupción y el derroche, que se aprovechan incluso de una pandemia para llenar bolsillos ávidos. Una variante de este flagelo es el prebendarismo atroz, reflejado en el personal superfluo: hay unos 9.000 funcionarios, contratados y jornaleros, 1.400 de los cuales están asignados a la Junta Municipal, es decir, casi sesenta por cada miembro. El saneamiento moral y económico necesario para salir de la bancarrota exige reducir notablemente el plantel de ociosos, aunque mucho les duela a sus respectivos padrinos.
Los dirigentes sindicales que se quejan del impago de las remuneraciones deberían saber que no hay plata porque, entre otras cosas, existen demasiados “servidores públicos”, enchufados no precisamente debido a sus méritos y aptitudes para ocupar un puesto que el buen funcionamiento municipal requiere; bien saben que muchos cobran por no hacer nada, aunque asistan a sus respectivos lugares de “trabajo”. Por cierto, una sindicalista –exhibiendo un servilismo a toda prueba– tuvo el descaro de atribuir el atraso salarial a que la recaudación fue “afectada” por el pedido de intervención que estudia la Cámara de Diputados.
Es obvio que el dinero destinado al personal prescindible se pierde para la inversión en obras y en servicios, pero ocurre que el intendente y la casi unanimidad de los ediles están más interesados en su bienestar y en el de sus afines que en el de la población: tienen prioridad los amigos, parientes y correligionarios, entre quienes los “operadores políticos” ocupan un lugar especial. No pueden ignorar que el exceso de recursos humanos, sumado a las desprolijidades administrativas, por así llamarlas, es insostenible a largo plazo, salvo que los tributos municipales se incrementen: ¿tendrán la desfachatez de promoverlo, con tal de persistir en su nefasto estilo gubernativo?
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Urge el saneamiento de la Municipalidad quebrada. Mientras ello esté pendiente, será ilusorio esperar que los asuncenos habiten en una ciudad mucho más acogedora. Hoy por hoy, su dinero llega en gran medida a las faltriqueras de unos políticos comunales desvergonzados y de sus parasitarios acólitos. El descalabro reinante no puede continuar porque las finanzas están agotadas, aunque la Intendencia y la Junta Municipal se nieguen a cambiar sus odiosos hábitos político-administrativos.
Entre otras cosas, la penosa experiencia enseña que el electorado capitalino debería ser más exigente y memorioso, pues votó por Nenecho pese a que su desempeño como presidente del cuerpo colegiado municipal –e incluso como intendente interino– ya había sido severamente cuestionado. Está visto que no quiere o no puede aprender. Es necesario que deje de seguir enlodando el cargo, como también lo hace con el suyo el edil que coopera con él por motivos ajenos al bien común. La desvergüenza imperante en el Palacete Municipal exige que la ciudadanía sea más atenta –antes y después de elegir– para que su dinero no se robe ni se malgaste: la ley le permite asistir a las sesiones de la Junta Municipal y a las de sus comisiones asesoras, así como a las audiencias públicas convocadas. También es preciso vivificar las moribundas Juntas Comunales de Vecinos.
Es deseable que la bochornosa gestión del intendente –apoyada por quienes deberían poner coto a sus atropellos sistemáticos– concluya tras la intervención solicitada. Es simplemente insoportable que siga abusando de la paciencia de los asuncenos, avergonzándolos con sus modales y, sobre todo, con su desgobierno. Desde ya, se ha ganado un lugar de honor en la galería de los peores intendentes que haya tenido la capital. Como bien dijo el contralor general de la República, Camilo Benítez, “en Asunción la intervención es urgente. Acá se tiene que saber qué es lo que pasa con ese dinero (más de 500.000 millones de guaraníes) proveniente del endeudamiento, en una clara violación de la Ley Orgánica Municipal, que prohíbe a la comuna mezclar los fondos y gastar dinero que proviene de préstamos o bonos para gastos corrientes, que es lo que la Municipalidad hace para pagar salarios”. Ni más ni menos.