Para ponerlo en contexto, Itaipú Binacional es formalmente una entidad sin fines de lucro, lo que significa que su tarifa –que es la que le cobra tanto a la ANDE como a la compañía eléctrica estatal brasileña por el retiro de energía– debe ser estrictamente la necesaria para cubrir sus costos, ni un dólar más, ni un dólar menos. Históricamente, el mayor componente de ese costo fue el servicio de la deuda incurrida por la construcción de la central, por lo que, al quedar dicha deuda totalmente cancelada en febrero de 2023, los costos de Itaipú se redujeron drásticamente y, consecuentemente, también debió hacerlo la tarifa.
Sin embargo, el Gobierno de Santiago Peña insistió en mantener una tarifa más alta que la que correspondía para generar una diferencia en forma de “fondos socioambientales”, a ser dividida en partes iguales entre los dos países. Luego de varias idas y venidas, Brasil terminó aceptando una tarifa intermedia de 19,28 dólares el kilovatio/mes hasta 2027, tras lo cual se tiene que volver al precio de costo básico, tal como lo establece el Tratado.
De esta manera, tanto la ANDE como ENBpar (sucesora de Eletrobras) deben pagar más de lo que deberían por contratación de potencia de Itaipú, con el fin de financiar el reparto de considerables “fondos socioambientales” a ambas márgenes, lo que en la práctica, en el caso de nuestro país, se traduce en “plata dulce”, para que nuestro Gobierno pueda gastar discrecionalmente y sin rendir cuentas por las vías institucionales.
No está claro cuánto dinero ya ha recibido por este concepto la administración de Santiago Peña y cuánto le queda por recibir. Se manejaron varias cifras. Se dijo que la operación le reportaría 650 millones de dólares al año, pero ello fue rebatido por fuentes técnicas y nunca fue confirmado ni demostrado a ciencia cierta, ya que los fondos no ingresan al Presupuesto General de la Nación y la ejecución no se somete a la Dirección General de Contrataciones Públicas ni a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Previsiblemente, el uso ha estado viciado por falta de transparencia, licitaciones amañadas y sobrefacturaciones, como en el caso de los “pupitres chinos”.
Pero ahora el ministro Giménez dice que la vuelta a la condición original de tarifa básica no le perjudicará al Paraguay, sino todo lo contrario. “El dinero que hoy aparece en las cuentas de gastos sociales va a ser un dinero que va a aparecer en las cuentas de ANDE, porque la ANDE va a comprar a menor costo”, señaló. Añadió que la empresa eléctrica estatal saldrá “fuertemente fortalecida” y pasará a ser “una compañía superrentable” que podrá destinar los fondos a inversiones para modernizar su infraestructura “o inclusive para una eventual reducción de la tarifa (a los consumidores finales)”.
En otras palabras, el ministro Giménez finalmente admite que el dinero extra obtenido, del que tanto se jacta Santiago Peña, en realidad, entra en un bolsillo, pero sale del otro, tal como lo subrayaron en su momento los críticos del acuerdo. La pregunta, entonces, es: ¿por qué el Gobierno puso todo el énfasis y le dio máxima prioridad al acuerdo tarifario en vez de concentrarse en lo fundamental, que es la renegociación del Tratado?
El gran ganador del acuerdo tarifario fue Brasil, no Paraguay, no solamente porque también recibe exactamente el mismo monto en forma de “fondos sociambientales”, parcialmente financiados por la ANDE, sino porque, en contrapartida, ha conseguido mantener el statu quo. A dos años del vencimiento del plazo de revisión del Anexo C, hasta el día de hoy sigue quedándose con la totalidad de los excedentes energéticos paraguayos en Itaipú a cambio de una ínfima “compensación”, esa es la verdad.