La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), que no reúne a todas las municipalidades por estar constituida voluntariamente, es una entidad regida por el Derecho Privado, según sus propios estatutos. Empero, goza del aberrante privilegio de gestionar dinero público sin rendir cuentas, quedándose, entre otras cosas, con 10.000 guaraníes por la expedición y renovación anual de cada permiso de conducir, cuya base de datos administra a nivel nacional, desde la década de 1960. Entre 2020 y 2024, recaudó en tales conceptos unos 35.416 millones de guaraníes.
En 2019, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial denunció que la citada organización no gubernamental (ONG) no le transfirió unos diez mil millones de guaraníes por el cobro de aranceles de licencias de conducir, cuya base de datos administra. En un informe preliminar de 2018, la Contraloría General de la República (CGR) reveló el uso de 17.233 millones de guaraníes, sin documentos respaldatorios; en sus conclusiones finales de 2023, el mismo órgano señaló que, siete años antes, la Opaci no había transferido a las municipalidades 18.172 millones de guaraníes, relacionados con el pago de impuestos a la venta de inmuebles y a operaciones hipotecarias. Pues bien, sería interesante conocer quién se quedó con tan voluminosas sumas. A la Fiscalía General del Estado parece que no le interesa el tema.
Pese a tales deplorables antecedentes, la privilegiada ONG, dirigida en su momento por el clan del senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), sigue contando con el firme apoyo de la mayoría parlamentaria oficialista. Se libró de los embates de la transitoria Comisión Bicameral de Investigación del lavado de dinero y delitos conexos. En julio del año pasado, la Cámara de Senadores remitió al archivo un proyecto de ley de dieciocho diputados opositores, que apuntaba a eliminar ciertos cobros compulsivos que sufre la ciudadanía para alimentar a la Opaci, hoy encabezada por el intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera (ANR, cartista). Es lógico que no esté prevista en la Ley Orgánica Municipal, por lo que es incomprensible que quien la preside integre el Consejo Nacional de Alimentación Escolar ni que dos intendentes designados por ella sean miembros del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, según las respectivas leyes. Es inconcebible que intervenga directamente en la implementación de políticas públicas, cobrando dinero.
Hasta el día de hoy, la Opaci no ha dado cumplidas explicaciones acerca de las transferencias no realizadas, según la CGR y la agencia mencionada, ni sobre la falta de comprobantes, también denunciada por la primera. Todo indica que es un club de amigos vinculado al poder político de turno, que usurpa funciones propias del Gobierno nacional y de las 263 municipalidades, sin provecho alguno para la población. Se trataría de un buen “negocio” para un grupo de avivados, so pretexto de promover la cooperación entre las municipalidades y la coordinación con las instituciones estatales y no estatales para desarrollar intereses comunes. Es hora de insistir en la necesidad de poner coto a este despropósito mayúsculo, es decir, en el tratamiento del referido proyecto de ley que modifica la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, para “recuperar el control estatal sobre la emisión de licencias de conducir” y eliminar la participación de entidades privadas en funciones públicas, como la que afecta a los trámites relativos a las transferencias de inmuebles o hipotecas, sin que se efectúe control alguno sobre el destino de lo así recaudado. Como dijo en su momento la diputada Rocío Vallejo (PPQ), “es dinero que se le está regalando a esa organización para que unos cuantos se enriquezcan”. Así de simple, así de intolerable, aunque el oficialismo no lo entienda por motivos quizá inconfesables.
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En suma, es moral y jurídicamente inadmisible que la ONG de marras ejerza funciones propias de un organismo público, en beneficio político y financiero de sus propios integrantes. La entidad debe limitarse a desempeñar tareas regidas por el Derecho Privado, sin inmiscuirse en las que corresponden exclusivamente a organismos estatales, más aún para enriquecerse a costillas de los contribuyentes.