El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que la pérdida acumulada entre 2014 y 2025 asciende a más de 1.500 millones de dólares, financiados con impuestos extraídos a la ciudadanía, y que es alarmante “la velocidad del deterioro adicional”. Si no se hace nada, se prevé un colapso total para 2028, lo cual significa que todos los segmentos entrarán en saldo rojo, los ingresos cubrirán apenas una parte cada vez menor, y todas las jubilaciones, presentes y futuras, tendrán que ser solventadas por el Tesoro Nacional, a expensas de programas de salud, educación, cultura, asistencia social, servicios e infraestructura.
Para tener una idea de la gravedad de la situación, el economista y exministro de Hacienda César Barreto estimó que el Gobierno va a tener que elevar el IVA al 12,5% ya en 2026 si pretende absorber ese déficit, mantener las metas macroeconómicas, de lo que depende el grado de inversión del país, y que le alcance para cancelar las deudas vencidas con contratistas de obras, farmacéuticas, proveedores de Hambre Cero y otros.
Fernández Valdovinos pone énfasis en la edad de retiro. Hay sectores, como magisterio, docentes universitarios, policía y militares, que pueden retirarse a edades muy tempranas, con lo cual se amplía demasiado el lapso, y con ello el costo, de sus respectivas jubilaciones, muy por encima de sus aportes.
Una de las principales innovaciones del proyecto es establecer la edad mínima de 57 años para maestros y docentes con el 88% de la asignación, y de 62 años con el 100%, que es la que rige para la administración pública en general. También se introducen cambios en el régimen de las fuerzas públicas y se elevan los descuentos del 16% al 19%, más 3% como aporte del Estado en carácter de empleador.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Al margen de los detalles, está claro que las razones esgrimidas por el ministro Fernández son reales. La cuestión es que el Gobierno debió haber encarado esta reforma al principio del mandato, cuando todavía contaba con la alta popularidad y el capital político típicos del envión inicial, y cuando podía hacer amplio uso de sólidas mayorías incondicionales en ambas cámaras.
Actualmente, a la mitad del período, la administración ya acarrea un importante desgaste, aparecen fisuras en el oficialismo y se está en las puertas de las primeras grandes elecciones a nivel nacional. Es muy difícil de creer que, en estas condiciones, aún si tuviera la voluntad, Peña reúna los apoyos necesarios para una reforma políticamente tan complicada.
Pero, además, el propio Santiago Peña firmó el acta de defunción de la reforma de la Caja Fiscal al promulgar los sucesivos subsidios estatales para la Caja Parlamentaria, autoasignados por los congresistas en los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026. El régimen jubilatorio de los senadores y diputados es mucho más privilegiado e injusto que el de todos los funcionarios. Con tan solo 10 años de aportes acceden a una alta pensión vitalicia transferible a sus deudos. Peña no solamente dio su visto bueno, sino que declaró que “los políticos se lo merecen”. ¿Con qué cara, entonces, estos parlamentarios y este presidente van a legislar para reducir los beneficios de maestros, profesores, médicos, enfermeras, agentes de seguridad, que componen en conjunto la mayoría de los funcionarios del Estado?
El no avanzar con esta reforma supone grandes riesgos potenciales para el país, lo que incluye perder el grado de inversión. Pero la misma solo podrá salir adelante si Santiago Peña tiene la determinación de enfrentarse duramente en tiempos electorales con gran parte del funcionariado y de su propia corriente partidaria, y si los parlamentarios renuncian a su jubilación vip. Lamentablemente, ambos escenarios son muy poco probables.