La discusión surge a raíz de la presentación del proyecto de ley “que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”, el cual introduce drásticas modificaciones a los años de aportes, edad de retiro, porcentaje de descuentos, cálculo de montos y otros aspectos de los regímenes jubilatorios de la mayoría de los funcionarios públicos, con el fin de contener el déficit galopante de la llamada Caja Fiscal. Se trata de una reforma necesaria, pero que afecta a amplios segmentos del funcionariado, como el magisterio, los docentes universitarios, el personal de blanco, los policías y los militares.
Hasta Beto Ovelar admite que, para tener autoridad moral en el tratamiento de este proyecto, “nosotros mismos debemos empezar modificando nuestra caja”, incluyendo, dijo, el aumento de los años de aportes y de la edad para acceder a la jubilación. Pero la única reforma moral y financieramente admisible sería una que equiparase mínimamente las condiciones con las del resto de la administración pública, algo que hoy está muy lejos de la realidad.
Es cierto que los congresistas “aportan más”, un 22% sobre sus remuneraciones totales, que en la actualidad suman unos 39 millones de guaraníes por mes, incluidos gastos de representación. Lo que no dice Ovelar es que con 55 años de edad y apenas diez años de aportes pueden acceder a una pensión vitalicia del 60% de ese monto (80% si aportan 15 años), o sea, 23,4 millones de guaraníes mensuales por el resto de sus días, sin considerar ajustes.
En otras palabras, en tan solo 43 meses, tres años y medio, recuperan todo lo que aportaron. Si se estima una expectativa de vida baja, de 70 años, obtienen una ganancia de más del 300% en 15 años, o 20% anual, varias veces por encima del mejor rendimiento posible de cualquier ahorro personal. Pero eso no es todo, porque la pensión es transferible al cónyuge, hijos menores o discapacitados, que siguen percibiendo el 70% de los haberes hasta el fallecimiento o mayoría de edad, según el caso.
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Tampoco aquí acaba la cuestión, porque la Caja Parlamentaria permite que todo aquel que no alcance los requisitos, u opte por no acceder al beneficio, puede solicitar la devolución del 100% de sus aportes de una vez, lo que elimina totalmente el “principio de solidaridad”, cimiento de los sistemas de reparto, y carga el costo de las nuevas jubilaciones sobre los contribuyentes comunes y corrientes.
Debido a todo lo anterior, y al tener una base de aportantes pequeña (125 legisladores activos, a lo sumo) no existe ninguna posibilidad de que la Caja Parlamentaria sea autosustentable y no dependa del Estado.
Todos los años recibe subsidios públicos, autoasignados por los propios congresistas, para calzar las erogaciones. Los 600.000 dólares que menciona Ovelar solamente se refieren a los 4.000 millones de guaraníes incluidos en el Presupuesto 2026.
Este déficit se irá necesariamente incrementando a medida que se agreguen beneficiarios y se encoja la base de contribución. Hay simulaciones econométricas que estiman que, a valores constantes, la pérdida absorbida por el Estado será de 100 millones de dólares cada quince años, con tendencia creciente.
Habría que preguntarle a Ovelar qué entiende por populismo, pero si va a haber una transferencia de recursos de un sector de la población a otro, es mejor utilizar 100 millones de dólares del Estado para construir y equipar tres hospitales públicos que para costearle el holgado retiro con jubilación vip a la privilegiada clase política. Jubilación vip es indefendible