Según IP, la Agencia (gubernamental) de Información Paraguaya, del día de ayer, en 2025, Itaipú Binacional destinó más de 400 millones de dólares para fortalecer la salud pública, “en beneficio de la población más vulnerable”. En su reciente informe, la binacional a su vez destacó el equipamiento del Hospital General del Sur (Itapúa) y el del Hospital General de Coronel Oviedo, nosocomio que en agosto de 2023 obtuvo una partida presupuestaria de 140.000 millones de guaraníes para el mismo fin. En octubre del año pasado, el Círculo Paraguayo de Médicos denunció “graves anomalías” en dichos hospitales, entre otros, señalando que el de Coronel Oviedo tercerizó ciertos servicios por haber sido inaugurado en enero, sin contar con uno de imágenes.
Los fondos proveídos por la entidad binacional no son incluidos en el Presupuesto nacional y el control de su ejecución escapa al examen del Congreso, de la Contraloría General de la República y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En el caso referido, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o Itaipú Binacional podrían manejar el cuantioso monto a su antojo, sin rendir cuentas a nadie, aunque parezca increíble. Es una barbaridad que la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, o cualquier otro jerarca pueda administrar discrecionalmente sumas multimillonarias en dólares.
Siendo así, no sorprendería que, en el mejor de los casos, la suma en cuestión sea destinada en parte a reducir la colosal deuda de 814 millones de dólares, contraída por el Ministerio con 120 firmas proveedoras de medicamentos, según últimas cifras. El Ministerio los compra por valor de unos 50 millones de dólares cada mes, pero solo paga la mitad, según Rocío Figueroa, de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos. Las empresas acreedoras “ya no se presentan a las licitaciones”, lo que causaría un desabastecimiento. Es irritante que los pacientes deban cargar con las consecuencias de la morosidad de un Gobierno que ni siquiera se dignaría decir cómo y cuándo pagará lo adeudado.
Para escándalo del defensor del pueblo, Rafael Ávila, en la primera mitad del mes en curso se promovieron 120 acciones de amparo por falta de medicamentos. Según Rocío Figueroa, la deuda generada por anteriores órdenes judiciales ya llegaría a 130 millones de dólares, en tanto que el presupuesto asignado para cumplirlas sería de solo tres millones de dólares. Si al descalabro sanitario y financiero se suma la absoluta falta de trasparencia en el uso de los fondos de Itaipú Binacional, la situación se complica enormemente. El aporte de 400 millones de dólares –que Itaipú afirma haber realizado– es una enorme cantidad, pero por lo que se ve, tuvo escaso o nulo impacto en la salud pública, que acumula deudas y ofrece una pésima atención. El sistema sanitario y el dinero público deben ser mucho mejor atendidos: las “polladas” mal pueden impedir los efectos, muchas veces mortales, de la ineptitud y la presunta corrupción reinantes.
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El Ministerio y el Consejo de Administración de Itaipú Binacional deben dar minuciosa cuenta del empleo dado a tan voluminoso caudal. Dados los antecedentes, sería excesivo que pretendan que solo se confíe en sus respectivos dichos. Aunque más no sea por esta vez, también es deseable que el Congreso y la Contraloría General de la República se atrevan a preguntar a dónde va a parar tanto dinero, sin olvidar que, eventualmente, también el Ministerio Público debería interesarse en esta grave cuestión. Por cierto, las entidades binacionales y sus fundaciones ejecutoras de oscuros contratos, como Tesãi y el Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay, no gozan de extraterritorialidad, pues sus autoridades están sometidas a la legislación penal de los respectivos Estados.
Aquí está en juego el uso correcto del dinero público, ignorado por el pésimo desempeño ministerial y por el de Itaipú Binacional, según se observó hace poco en el caso de los pupitres chinos direccionados. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se está haciendo con cada centavo de los fondos aportados por las entidades binacionales. La opacidad de su administración, consentida por la falta de control de los órganos competentes, favorece las malversaciones. Es de desear que no se estén aprovechando las carencias sanitarias para llenarse los bolsillos, como ocurrió en la pandemia. Ello sería más repugnante que inaugurar con pompa hospitales construidos y equipados a medias.