El reciente caso de la adjudicación de un departamento en el proyecto “Edificio Residentas I” de Luque al senador tránsfuga Javier “Chaqueñito” Vera (electo por Cruzada Nacional y migrante al oficialismo gobernante), en el marco del programa Viviendas Económicas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), representa un nuevo episodio de arrogancia institucional, en este rodaje sin fin que indigna a la ciudadanía paraguaya.
Programas como “Viviendas Económicas” están diseñados para apoyar a familias de ingresos modestos, que luchan por acceder a una vivienda digna en un país donde la desigualdad habitacional sigue siendo una herida abierta. Sin embargo, un legislador que percibe un salario que bordea los G. 40 millones mensuales, proveniente de los impuestos de todos los paraguayos, y en su caso, con nula productividad, logra beneficiarse de un inmueble valuado en alrededor de 370 millones de guaraníes, con financiamiento accesible que incluye cuotas a largo plazo.
El ministro Juan Carlos Baruja defendió la operación argumentando que se cumplieron “los requisitos formales”, pero la pregunta ética salta a la vista: ¿por qué un alto funcionario público, con ingresos privilegiados, ocupa un cupo que podría haber sido para una familia trabajadora que realmente lo necesita?
La desfachatez no termina ahí. El propio senador tránsfuga admitió no residir en el departamento adjudicado, incumpliendo uno de los requisitos básicos del programa: la obligación de habitar la vivienda como residencia principal. Esta irregularidad agrava la percepción de que las normas se aplican solo para los de abajo, mientras los de arriba las doblan o las ignoran con total impunidad, lo cual recuerda lastimosamente, una frase común utilizada durante la dictadura stronista: “Para los amigos todo, para los enemigos palo, para los indiferentes la ley”.
Este caso trae al tapete, inevitablemente, otro escándalo protagonizado por el mismo ministro Baruja: el uso particular de una camioneta Audi Q3 incautada a un presunto narcotraficante (en el operativo contra “Cucho” Cabaña) y cedida al MUVH para fines institucionales. La ley es clara en sostener que bienes decomisados por lavado de dinero o narcotráfico deben destinarse a usos públicos estrictos, no a traslados personales para presumir el “vehículo de sus sueños”. Aun así, el ministro lo utilizó sin pudor, y las consecuencias fueron mínimas o nulas, enviando nuevamente el mensaje de impunidad al pueblo paraguayo.
Estos ejemplos ilustran un patrón preocupante: autoridades del Ejecutivo y del Legislativo actúan como si las leyes fueran opcionales para ellos. El Poder Judicial, que debería velar por el cumplimiento estricto de la normativa, permanece en silencio o mira para otro lado. Los órganos de control, como la Contraloría General de la República o la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, brillan por su ausencia en estos casos de alto perfil. Mientras tanto, el Presidente de la República es un ente invisible y los legisladores oficialistas demuestran una rapidez asombrosa para perseguir y sancionar a opositores o a quienes interfieren con sus intereses, pero una lentitud inexplicable –o deliberada– cuando se trata de proteger a aliados útiles, como “títeres” que sirven mientras convengan.
Con estas prácticas estamos retrocediendo peligrosamente a la Francia prerrevolucionaria, donde una minoría privilegiada –el clero y la nobleza– gozaba de exenciones fiscales, honores exclusivos y acceso impune a los recursos del Estado, mientras el Tercer Estado, que representaba más del 90% de la población y cargaba con la mayor parte de los impuestos, vivía en la miseria y la desigualdad extrema.
En esa Francia absolutista, los poderosos se repartían privilegios a costa del pueblo llano, ignorando las leyes que supuestamente regían para todos. Hoy en Paraguay, una casta política moderna reproduce ese mismo esquema: se apropia de bienes públicos financiados por todos, evade responsabilidades y burla las normas con impunidad, mientras la ciudadanía –el verdadero “tercer Estado” contemporáneo– soporta la carga impositiva y la frustración de ver cómo su esfuerzo se dilapida en favores para los intocables, sus hijos y sus amantes.
La traición a la patria no siempre viene con armas o discursos subversivos; a veces se manifiesta en la cotidiana apropiación de recursos públicos por parte de quienes juraron servir al pueblo. Cada vivienda, cada vehículo, cada privilegio mal utilizado es un robo simbólico a la esperanza de miles de paraguayos que pagan impuestos y esperan justicia. Basta de burlas. Es hora de que las instituciones cumplan su rol o que la ciudadanía exija, con más fuerza, que las leyes se apliquen por igual: sin excepciones para los poderosos.