Tras el “Vía Crucis Arquidiocesano de Asunción”, en el que el Viernes de Dolores participaron numerosos fieles, el cardenal Adalberto Martínez pronunció en la Catedral Metropolitana una homilía, en la que instó a mirar las penosas realidades de hoy y a esforzarse por la paz y una sociedad más justa. Según dijo, hay que poner en el centro la dignidad humana, “ignorada y aplastada por intereses del poder político y económico”, así como recordar que Jesús pide “no quedarnos indiferentes y preguntarnos por las cruces que vemos cargar a nuestro lado”.
En sentido figurado, la expresión “vía crucis” significa una serie de penurias o adversidades que afectan a una persona, aunque también puede emplearse con respecto a las que padece una sociedad como la nuestra, castigada por muy graves carencias de diversa índole. La gélida indiferencia ante ellas sería una actitud anticristiana por violar el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Los enfermos y sus familiares sufren el calvario que conlleva la continua falta de medicamentos, de insumos, de equipos y de personal idóneo, que caracteriza a un sistema sanitario en el que las “muertes evitables” no son nada raras. Los alumnos de los centros educativos públicos suelen tener docentes ineptos, que “enseñan” en instalaciones a menudo ruinosas y mal equipadas, con el resultado de que el analfabetismo funcional está a la orden del día: el futuro de los hijos de muchos niños queda así amenazado, por ausencia de igualdad de oportunidades.
La evidente inseguridad está en auge, según se desprende de la extrema frecuencia de los delitos violentos, no solo en el este de la Región Oriental: en las ciudades es alto el riesgo de ser asaltado. Entretanto, persisten la corruptela en las filas policiales y la inserción del narcotráfico en las instituciones, mientras que los jóvenes adictos al crack ya integran el paisaje urbano. Los familiares de los secuestrados, uno de ellos ocurrido más recientemente, aún esperan tener noticias sobre ellos, mientras que los indígenas siguen teniendo buenos motivos para sentirse marginados de las políticas públicas.
Los poderes del Estado, propensos en gran medida a la corrupción y el derroche indignantes, no dan muestras de estar a la altura de sus respectivas funciones. El presidente Santiago Peña –todo un trotamundos– se exhibe con una autocomplacencia injustificada, como si ignorara las desdichas de los gobernados: da la impresión de estar viviendo “en el mejor de los mundos posibles”, como si todo dependiera de unos datos macroeconómicos que no mejoran la calidad de vida de la gran mayoría de la población. En el vergonzoso Congreso, signado por el bajo nivel moral o intelectual del común de sus miembros, se trafican votos y cargos con el mayor descaro y hasta se ostentan títulos académicos presuntamente falsos, según fuertes indicios. El Poder Judicial, en fin, sigue dando la impresión de depender de los poderes político y económico. Algunas de sus máximas autoridades han llegado al colmo de reunirse en nocturnidad con el Presidente de la República en la residencia en la que otros visitantes habrían olvidado sobres con dinero. La superpoblada burocracia está sobre todo al servicio de sí misma, al igual que las empresas públicas.
Este somero repaso de un vía crucis colectivo apunta a la necesidad, señalada por el cardenal primado, de vencer la indiferencia y no ignorar a quienes en este país sufren por lo que se hace o se deja de hacer desde la función gubernativa. Siendo improbable que los responsables se rediman por propia iniciativa, resulta necesario que la ciudadanía se muestre solidaria con los que padecen los efectos del mal gobierno, alzando la voz ante las flagrantes iniquidades cotidianas y exigiendo que el peso de la ley caiga sobre sus autores.
Es imposible ignorar que las inquietudes ciudadanas se han exteriorizado con mucha mayor frecuencia en los últimos tiempos, signo de que las soluciones a las necesidades de la población tardan en llegar y, en muchos casos, sencillamente no llegan. Mientras tanto, los sectores vinculados con poderes gobernantes se autoasignan cuantiosos beneficios y exhiben con descaro los resultados de abusos contra los recursos del Estado, haciendo que el vía crucis del común de los paraguayos resulte cada vez más doloroso.