Lovera habló de aumentar las recaudaciones mediante la formalización y dijo que los atrasos con proveedores y contratistas se deben a la “mochila” heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez. Lo primero es fantasioso. Lo segundo es falso.
Señaló que el desafío inmediato de su gestión es precisamente “ordenar” las deudas vencidas, especialmente en obras y salud públicas. Al respecto, dijo que se encontraron con compromisos no contabilizados por el gobierno anterior y que ello derivó en una “situación financiera compleja”.
Es cierto que había deudas bajo la alfombra, pero que esa sea la causa de la situación actual es totalmente falaz. De aquello ya han pasado casi tres años y este Gobierno, a diferencia de su antecesor, ha gozado de condiciones óptimas para resolver el desfase, comenzando por la autorización de una emisión adicional de bonos por 600 millones de dólares para ponerse al día y una generosa reprogramación del cronograma de convergencia del déficit fiscal, y siguiendo por un largo ciclo de crecimiento económico y de afortunada ausencia de grandes emergencias nacionales.
El nuevo ministro señaló que “cancelamos la mayor parte” de aquellos compromisos, pero había “una mochila extra” en intereses “que no estaban debidamente registrados”. Ahora bien: si en 2023 se estimó la deuda vencida en 600 millones de dólares y se canceló “la mayor parte”, y hoy los atrasos ascienden a 1.000 millones, quiere decir que el Gobierno de Santiago Peña ha hecho exactamente lo mismo que le critica al anterior, pero a una escala muchísimo mayor.
La actual deuda vencida tampoco ha sido debidamente contabilizada y el argumento para probarlo es idéntico al que utilizó la administración de Santiago Peña para acusar de ello a la de Mario Abdo Benítez: si se tuvieran en cuenta los atrasos estimados, el déficit fiscal superaría el 4% del PIB, más del doble de lo oficialmente declarado en 2025.
El ministro Lovera dijo que se trabaja para solucionar “esta situación crítica”, pero no aportó nada nuevo al respecto. Reiteró el plan de recurrir al “factoring”, que no es otra cosa que el endoso de los certificados vencidos en el sistema financiero para obtener liquidez, algo que, de hecho, las empresas hacen de manera habitual. Si el Estado va a aportar nuevas garantías o si, como se propone, va a pagar con bonos canjeables, ello impactará directamente en las cifras oficiales de endeudamiento y de déficit fiscal, con lo cual se harían insostenibles las metas que el Gobierno se comprometió a cumplir ante la población, los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo.
Lovera confió en que aumentarán las recaudaciones sin subir impuestos mediante una “guerra a la informalidad”, pero eso es muy poco realista. El Gobierno no se puede quejar ni pedir más a los contribuyentes. Los ingresos tributarios tuvieron un incremento récord del 20% en 2024 y del 9% en 2025. Pero eso claramente llegó a su punto de saturación y en 2026 no solamente se ha desacelerado abruptamente la tendencia, sino que se ha revertido.
Por tanto, la única solución real es la que no quieren implementar, menos aún en tiempos electorales, y de la que, al parecer, ni siquiera quieren hablar, ya que el flamante ministro omitió absolutamente referirse a ello: la racionalización y reducción drásticas del gasto público, o la “economía de guerra” a la que tardíamente llamó Carlos Fernández Valdovinos y que, en definitiva, fue lo que le costó el cargo. El Gobierno debió haberlo hecho desde un principio, no lo hizo, y ahora se sufren las consecuencias. Si la idea es seguir con más de lo mismo, nada bueno se puede esperar.