El drama del aislamiento del Alto Paraguay

Si este diario se ocupa con insistencia del Alto Paraguay es porque su sempiterna marginación viola derechos básicos de sus pobladores; de hecho, son discriminados en cuanto al acceso a la “igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura”, que el Estado debe garantizar “a todos los habitantes de la República”, según el Art. 47 de la Constitución. Los del citado departamento no pueden acceder con plenitud a servicios esenciales como la salud y la educación públicas, a causa del aislamiento resultante de la inoperancia y la corruptela de las autoridades locales y nacionales. Es más, numerosos trabajadores quedan desocupados y los productos de la canasta familiar se encarecen debido a los problemas de abastecimiento.

La incomunicación entre los municipios del departamento y entre ellos y los del resto del país atenta gravemente contra la calidad de vida de los moradores: sus constantes reclamos son ignorados, como si sus penurias no importaran a los gobernantes. Dado que la Ruta Bioceánica se halla muy al sur del departamento de 82.349 kilómetros cuadrados, su pavimentación –ya concluida en dicho tramo– no influirá en las actividades económicas diarias de la gran mayoría de la comunidad. Las intensas lluvias tornan intransitables los caminos e inundan los establecimientos ganaderos, causando la pérdida de trabajo de quienes limpian, alambran o instalan postes en los campos. Conste que la ganadería es la principal actividad económica departamental. Las predecibles lluvias también anegan las viviendas, debido a la falta de sistemas de desagüe y canalización; aunque parezca increíble, el año pasado hubo quienes no pudieron abandonar sus casas durante más de tres meses, porque las vías terrestres eran impracticables.

La reparación de los caminos con dinero público suele demorarse notablemente. Por esta razón hay ganaderos que suelen reparar caminos por cuenta propia en el departamento más pobre del país, donde lo es el 38,7% de sus habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística. Cuando interviene alguna entidad pública, los trabajos son muy deficientes: la reparación hecha por la Gobernación y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el camino de acceso a Bahía Negra, solo aguantó unos días; para peor, no se instalaron las barreras de clausura del tránsito vehicular porque el gobernador Arturo Méndez (ANR, cartista) incumplió su compromiso de abonar el pago al personal encargado.

Poco después, una ambulancia que debía recoger en Bahía Negra a dos mujeres encintas no pudo volver con ellas a Fuerte Olimpo debido al pésimo estado del camino; tuvieron que ser trasladadas en una nave donada por el Gobierno de la India, cuyo costo operativo supera en mucho el de una ambulancia: no se trata de una mera anécdota, sino de un claro ejemplo de que, además, la ineficacia puede resultar cara. A todos estos infortunios se suma el engaño oficial. En efecto, el 3 de octubre de 2025, Santiago Peña volvió a prometer, dirigiéndose al gobernador Arturo Méndez, que se asfaltarían los caminos para “conectar al Paraguay con el Alto Paraguay”: poco o nada se ha hecho hasta hoy, motivo por el que se tilda de mentiroso al jefe de Estado; es más, ni siquiera se elevaron los terraplenes en las zonas críticas, se instalaron cunetas o se montaron tubos para el drenaje.

También se reprocha con indignación la negligencia del gobernador, de los intendentes y de los ediles. Si es cierto, como todo indica, que “se juega con las necesidades de los pobladores”, ya es hora de acabar con la infamia que supone mantenerlos aislados entre sí y también de sus compatriotas del resto del país. El drama es atribuible mucho menos a la falta de dinero público para mejorar y ampliar la infraestructura vial que a la insensibilidad de los que mandan frente a los efectos de las previsibles lluvias; los infortunios del Alto Paraguay no son inevitables, como tampoco lo son unas autoridades nacionales, departamentales y municipales que se burlan de la población.

Por de pronto, resta preguntarse si el Presidente de la República se atreverá a lanzar una promesa en vano por sexta vez; hacerlo sería en verdad excesivo: se equivocaría al suponer que la credulidad ciudadana es ilimitada. Como dijo cierto estadista, “puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, a algunos todo el tiempo, pero no a todo el mundo todo el tiempo”.