Fitch era la más renuente de las tres grandes calificadoras internacionales a elevar a Paraguay a la categoría de inversión, pero el Gobierno estaba confiado en que le seguiría los pasos a Moody’s y a Standard & Poor’s, luego de que esta última hiciera lo propio a fines del año pasado. “Nos falta solamente el de Fitch y creemos que se va a dar en 2026, vamos a arrancar el año con todo”, dijo Santiago Peña en aquella oportunidad.
Sin embargo, Fitch Ratings mantuvo la calificación BB+ para los títulos soberanos paraguayos, todavía en el grado especulativo, y manifestó las mismas preocupaciones que observan los agentes económicos locales y que están a la vista de la ciudadanía.
Advierte que la acumulación de deudas con proveedores y contratistas y la desaceleración de los ingresos tributarios “ponen presión” sobre el cumplimiento del límite fiscal. Recordemos que dicho límite debe regresar al 1,5% del PIB este año conforme al cronograma de convergencia, pero solo los atrasos reclamados por constructoras y farmacéuticas rondan los 1.000 millones de dólares, 1.300 millones si se incluye al IPS, lo que en sí mismo representa un “agujero” de más de 2,5% del PIB, sin considerar los otros muchos compromisos del Estado.
Fitch duda de la sostenibilidad de cualquier plan de recortes de gastos, aun en el caso (incierto) de que se ponga en práctica. Señala que un eventual ajuste se consumiría en la cancelación de pagos postergados en lugar de reflejarse en una reducción estructural del gasto y del déficit fiscal.
Añade que estas deudas vencidas impactarán en el déficit tarde o temprano, sea ya en 2026 si se liquidan directamente, sea más adelante si se utilizan mecanismos tales como factoring (canje de certificados en el sistema financiero), pero que es necesario considerarlas como parte de las obligaciones a la hora de realizar el análisis.
También pone el foco en la caída de los ingresos tributarios, que habían experimentado un crecimiento récord del 20% en 2024, volvieron a crecer vigorosamente un 9% en 2025, pero que muestran cifras anualizadas negativas en el primer trimestre de 2026, en parte debido a la apreciación del guaraní frente al dólar, lo que impacta en las recaudaciones aduaneras, pero también por haber llegado a un punto de saturación. Hay un límite en el dinero que se les puede extraer a los contribuyentes.
Como sea, señala Fitch, la disminución de los ingresos por impuestos, más una “reducción estructural” de los ingresos provenientes de binacionales son elementos que pesan en las finanzas públicas.
Como aspecto positivo, pronostica que la economía privada seguirá creciendo, pero subraya que mejorar la calificación dependerá de otros esfuerzos para garantizar un bajo déficit fiscal, para mantener y expandir el ritmo de inversión y crecimiento, y de una gestión exitosa de la crisis del petróleo.
Lo que Fitch no dice, por supuesto, porque no le compete, ya que finalmente estas consultoras hacen reportes para sus clientes, no para el país, es cómo se llegó a esta situación.
Este Gobierno dispuso de óptimas condiciones (ciclo de crecimiento, altas recaudaciones, ausencia de grandes emergencias nacionales), pero no racionalizó el gasto, no saneó las finanzas estatales y solo hizo reformas a medias. El último y emblemático caso fue el del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, con lo que podría haber dado una señal decisiva, pero que terminó en una “reforma light” negociada con los gremios por el propio vicepresidente Pedro Alliana, poco menos que desautorizando al Presidente de la República, muestra de su pérdida de apoyo político y de su falta de liderazgo.
El escenario actual es sumamente complicado, tal como lo insinúa Fitch. Probablemente haya que volver a reprogramar el cronograma de ajuste del déficit fiscal, lo cual será un mazazo a la credibilidad del Gobierno y del país. Habrá que ver cómo reaccionan ante ello las otras calificadoras. El responsable es Santiago Peña, que es el ciudadano que ejerce unipersonalmente el Poder Ejecutivo y la administración del Estado, de acuerdo con la Constitución. No hizo a tiempo lo que debió hacer y ahora todos estamos pagando las consecuencias.