Es, de hecho, indignante que los paraguayos tengamos que enterarnos de la marcha y el tenor de las conversaciones por declaraciones de brasileños en Brasil, como si la ciudadanía en nuestro país no tuviera vela en el entierro. Aquí se trata el asunto como secreto de Estado, a lo sumo con esporádicas y vagas referencias al respecto, lo que no hace más que ahondar la sospecha de que se mantendrá el statu quo en detrimento del Paraguay.
Esta ya no es una mera conjetura y lo es menos con las confiadas expresiones del director brasileño. A estas alturas es impensable un cambio estructural en el Anexo C, no solo porque este año hay elecciones en Brasil, sino porque cualquier modificación del Tratado requiere aprobación parlamentaria, lo cual puede llevar varios años. A modo de referencia, el acuerdo de Fernando Lugo y Lula da Silva, que no fue nada del otro mundo, sino apenas un ajuste de la ridícula “compensación” que recibe Paraguay por cesión de energía, se firmó en 2009 y solo pudo ponerse en práctica en 2012.
Lo que se esperaba que hiciera Santiago Peña era iniciar la renegociación del Tratado sin demoras, inmediatamente al asumir, como lo habilitaba el mismo Anexo C, al establecer que sus disposiciones “serán revisadas” a los 50 años de su entrada en vigencia, plazo que se cumplió, con la deuda ya totalmente cancelada, el 13 de agosto de 2023, dos días antes de que Peña jurara como Presidente la República.
Pero no solamente no lo hizo –al contrario, de manera insólita lo demoró unilateralmente–, sino que tampoco preparó al sistema eléctrico nacional para que el país pudiera técnicamente disponer de sus excedentes energéticos y, en todo caso, comercializarlos por su cuenta. Prueba de ello es que la línea de 500 kV a Valenzuela lleva dos años de retraso y solo está completada en un 60%, en tanto que la subestación de Yguazú no está dotada con los transformadores necesarios para traer el sobrante de Itaipú y subastarlo en territorio nacional.
En vez de concentrarse en lo principal, el Gobierno buscó ventajas por la vía tarifaria, para repartirse con Brasil una diferencia en forma de “fondos socioambientales”. Supuestamente de esta manera iban a ingresar 1.200 millones de dólares anuales. Esto jamás ocurrió, pero, además, nadie sabe a ciencia cierta cómo se utilizó el dinero, manejado a su antojo por Justo Zacarías Irún, director paraguayo, y el propio Peña, en medio de claros indicios de sobrefacturaciones y direccionamientos.
Como sea, pasado el tiempo, el país se queda sin el pan y sin la torta, ya que el acuerdo tarifario de abril de 2024 entre los gobiernos de Peña y de Lula vence el 31 de diciembre de este año y el mismo documento contempla que, a partir de allí, se acaban los “costos discrecionales” y la tarifa de Itaipú vuelve a su costo básico de operación, que es lo que establece el Tratado.
Con un agravante, al que en su momento no se le dio la debida importancia. El actual Anexo C establece un derecho de preferencia, pero, en rigor, no una prohibición de comercializar directamente los excedentes. Sin embargo, en el acuerdo de 2024 expresamente se vincula la posibilidad de que Paraguay venda libremente su parte no consumida en el mercado brasileño a una futura revisión del Anexo C. En otras palabras, conforme al acuerdo, hasta que no se revise el Anexo, Paraguay no puede vender sus sobrantes directamente, excepto sus disponibilidades exclusivas provenientes de la usina de Acaray. Esto también ata al país de pies y manos, más allá de las consideraciones técnicas.
Paraguay le cede al Brasil aproximadamente 15 millones de megavatios/hora al año de la parte que le corresponde, más del 60% de todo el consumo nacional de electricidad, a cambio de una ínfima compensación, alrededor de 5 dólares el MWh, el valor promedio de 42 años de cesión paraguaya. Eso no va a cambiar porque nada ha hecho este Gobierno para que cambie. Toda la negociación se limita a fijar una nueva tarifa reducida, probablemente la mitad de la actual, y los porcentajes de contratación de los dos países. Brasil tendrá unos 40 millones de MWh al año a un precio de costo muy barato, más otros 15 millones de Paraguay al costo y un poquito más. Enio Verri tiene buenas razones para estar contento. Los paraguayos, no.