Entre las escasas acciones destacables del actual Gobierno, presidido por Santiago Peña, puede mencionarse sin lugar a dudas el de la gestión carcelaria, ámbito en el cual se han registrado situaciones dignas de destacar. Para comenzar, en diciembre de 2023, la Operación Veneratio –militar y policial– liberó a la atestada Penitenciaría Nacional de Tacumbú, hoy llamada Centro Nacional de Prevenidos, de las garras del temible Clan Rotela, a cuyo jefe, según se comentó, ciertas autoridades carcelarias debían consultar antes de tomar decisiones. En los últimos días, 462 de los 2.115 allí recluidos ya con condena firme pasaron al penal de máxima seguridad Martín Mendoza, de Emboscada. Los restantes serían trasladados más tarde, siendo de esperar que no haya demoras. Estas importantes medidas se han venido tomando bajo la gestión del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y contribuirán sin duda a atenuar la grave crisis que el sistema penitenciario ha venido atravesando desde hace largos años.
Esto implica que, a 34 años de ser promulgada la Constitución, se está empezando a cumplir en parte con su art. 21, según el cual “la reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los que purguen condena”. Antes de esta separación, detenidos y condenados estaban hacinados en lugares comunes, con las graves consecuencias que ello significa. Con los años, la capacidad original de esta penitenciaría, de unos 800 internos, ha sido largamente superada, habiendo inclusive albergado en cierto momento a más de 3.000 reclusos. Se espera que los futuros traslados reduzcan aún más el hacinamiento, que conlleva serios riesgos para la seguridad de los propios internos.
También es plausible que en Emboscada haya un Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad, adonde fueron trasladadas 361 reclusas desde las seis penitenciarías regionales, ahora ocupadas solo por varones. Es decir, se eliminan por fin las prisiones mixtas, pues la norma constitucional antes citada también dice que “las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos”. A las atinadas medidas ministeriales adoptadas deberían seguir otras que busquen mejorar sustancialmente la calidad del personal carcelario, para lo cual habrá que depurarlo a fondo. Nadie ignora que, aparte de ineptos, muchos tienen su precio y que en las cárceles fluye el dinero mafioso a raudales. Las “celdas vip” no son raras, como tampoco lo es el consumo de bebidas alcohólicas y de estupefacientes.
Por otro lado, habría que ampliar los programas de formación profesional para los condenados porque, según el art. 20 de la Ley Suprema, las penas privativas de libertad deben buscar readaptar a dichos reclusos, aparte de proteger a la sociedad. Se estima que la tasa de reincidencia aproximada es del 35%, la que puede considerarse bastante alta. Últimamente la población penal total de nuestro país estaba en 20.409 personas (19.236 varones y 1.173 mujeres). La capacidad total del sistema penitenciario del Ministerio de Justicia es de más de 13.000 personas, lo que implica que las prisiones están superpobladas en extremo.
En suma, con la creación del Centro Nacional de Prevenidos, el Ministerio de Justicia ha tomado una medida atinada, pero se espera un esfuerzo aún mayor para mejorar considerablemente el sistema carcelario, tan necesitado de medidas de saneamiento que le permitan, cabe repetirlo, proteger a la sociedad y readaptar a los condenados. Las cárceles deben estar dirigidas por funcionarios idóneos y honestos, que no sucumban ante las tentaciones de la mafia ni de la arbitrariedad.
Las cárceles no deben servir de escuelas para capacitar a sus ocupantes en variadas prácticas delictivas, lo que se facilitaba con el inhumano hacinamiento que soportaban. Lo que se está presenciando es un auspicioso comienzo, y las autoridades que lo están impulsando deben merecer todo el apoyo para que continúe tan importante tarea, que sin duda será de gran beneficio para la sociedad.