El evidente deterioro de la educación universitaria y la apenas disimulada venta de títulos académicos reflejan la inoperancia del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), donde están representadas las universidades, que actúan como jueces y partes al habilitar carreras. Según la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), dirigida por José Fernando Duarte, solo el 5,1% de los 1.970 programas de posgrado habilitados por el primero cuenta con la acreditación de la Aneaes, una de cuyas funciones, según la ley que la creó en 2003, es “acreditar la calidad académica de las carreras y programas de posgrado que hubiesen sido objeto de evaluaciones externas por la misma Agencia”.
Por su parte, la Ley de Educación Superior faculta al Cones, presidido por el ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, a “aplicar las sanciones respectivas en caso de incumplimiento de las exigencias previstas para la evaluación y acreditación de la educación superior, en función al informe de la Aneaes”. Hasta la fecha, ninguna universidad ha sido sancionada porque algún programa de posgrado no haya sido acreditado, lo que implica que las normas citadas son letra muerta. La Aneaes reveló, además, que la falta de acreditación también afecta a las carreras de grado, como las de Derecho. Sin haber sido acreditadas sus respectivas calidades académicas, el Cones habilitó 126 de ellas, cursadas en 32 universidades, tres de ellas públicas, las de Asunción, Villarrica y Pilar.
La Aneaes insiste en que el Cones intervenga esas carreras de Derecho, pues de la ley de creación de la agencia se desprende que la participación en procesos de evaluación externa y acreditación es obligatoria para las carreras de esa especialidad, medicina e ingeniería, entre otras cuya práctica puede dañar la integridad de las personas o sus bienes. El Dr. Antonio Cubilla, asesor científico de la Presidencia de la República, afirma que el Cones está de más. En su opinión, bastaría con la Aneaes, lo que resulta atendible, tal como están las cosas. Por su parte, otros connotados científicos señalaron por nota a Santiago Peña y al Congreso la necesidad de reformar ambos organismos y de poner coto a la proliferación de “doctorados exprés” de muy baja calidad. Se trataría, según los remitentes, de “una cuestión de Estado, debido a sus implicancias para la educación superior, la investigación científica y el desarrollo nacional”.
En verdad, no solo las “universidades de garaje” han contribuido en buena medida a degradar la educación terciaria, pues el nivel académico de las universidades públicas ha decaído notablemente. Solo 22 de las 43 carreras de Medicina habilitadas por el Cones han sido evaluadas por la Aneaes. El alarmante hecho, que pondría en riesgo la vida o la integridad física de los futuros pacientes, es una muestra más de la grave crisis de la educación universitaria, ejemplificada también por los “abogados” Hernán Rivas y Orlando Arévalo. Habrá que sanearla a fondo para que un título académico sea respetable por implicar la constancia de que el poseedor tiene los conocimientos requeridos para ejercer su profesión como corresponde.
Es deplorable que ya no se pueda presumir su idoneidad, porque el diploma pudo haberse obtenido hasta con malas artes. La paupérrima calidad de la enseñanza universitaria atenta contra el progreso económico y social, aunque ello no inquiete a quienes han llegado muy alto no precisamente debido a sus conocimientos. Bien se sabe que en el ámbito político, por ejemplo, no hace falta demostrar idoneidad en los asuntos públicos.
La educación no debe ser un negocio más, sino un instrumento indispensable para el desarrollo del país. Es preciso prestar mucha mayor atención a las universidades, tanto públicas como privadas: el futuro del país dependerá en gran medida de lo que hoy se haga y se deje de hacer con respecto a ellas, desde el poder estatal.